Sin la firma de Leiva, la Corte dispone una feria en el fuero penal

14 Septiembre 2020

A última hora del domingo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró una miniferia de tres días en el fuero penal encargado de concluir las causas del antiguo sistema procesal. La Acordada 838/20 lleva la firma de los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos. El instrumento, que no fue suscrito por el vocal Daniel Leiva, cita el artículo 16 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que autoriza al alto tribunal a adoptar decisiones con al menos tres rúbricas concordantes.

La Acordada 838/20 implica que entre hoy y el miércoles inclusive no correrán los plazos procesales ni habrá atención al público en los dos juzgados de Instrucción en lo Penal y en las tres tribunales afectados al llamado régimen conclusional, que es el que debe terminar los miles y miles de casos en trámite con el digesto de 1991.

Para tomar esta decisión, los vocales invocaron una presentación de la presidenta de la Cámara Penal Conclusional, Fernanda Bähler. La magistrada había solicitado la miniferia de 72 horas para controlar el contenido de las bolsas con expedientes remitidas por las antiguas salas (quedaron la mitad de las seis existentes hasta el 1 de septiembre). “Dicha labor debe ser practicada por los funcionarios a los fines de constatar que el listado de cada bolsa coincida con los expedientes que aquella contiene. Lo manifestado es de fundamental importancia para la organización de las distintas salas en virtud de que se trata de casos ‘de alta sensibilidad’, como así también por el deber de dar fe a cargo de los funcionarios”, relata la Acordada 838.

En el resto de los Tribunales, incluida la Justicia penal encargada de aplicar el nuevo Código Procesal penal, rige la Acordada 834/20 que establece la apertura de los términos a menos que los magistrados dispongan lo contrario en el caso concreto y la atención presencial de abogados con turnos previos. El viernes, los ministerios públicos fiscal y de la Defensa habían cuestionado aquella reglamentación con el argumento de que carecía del aval del Comité Operativo de Emergencia creado por el gobernador Juan Manzur.

Comentarios