21 Septiembre 2020
CARGO. Según directivos de Cedjus, Leiva cometió abuso de autoridad. LA GACETA / FRANCO VERA
La Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus) solicitó formalmente que se la constituya como querellante en la causa que investiga el presunto tráfico de influencia del vocal de la Corte Daniel Leiva, denunciado por el juez de Impugnación Enrique Pedicone. El presidente de la entidad, Carlos Felipe Díaz Lannes, y el director ejecutivo, Ramón Eduardo Ruiz Pesce, plantearon ante la fiscala Mariana Rivadeneira que el miembro del alto tribunal también debe ser imputado de abuso de autoridad, por su supuesto pedido al ex camarista de que “maneje la intensidad” de la causa por presunto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi.
Díaz Lannes y Ruiz Pesce indicaron que el acta fundacional plantea los objetivos de trabajar por la afirmación del estado de derecho y la democracia, bregar por la transparencia de las instituciones, aportar a la consolidación de un Poder Judicial independiente y autónomo, y promover acciones judiciales relacionados con estas metas.
“No escapa a nadie que en esta provincia el Poder Judicial es una agencia que prodiga protección y encubrimiento a los funcionarios públicos (legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo) y -especialmente- a sus propios miembros, que enfrentan denuncias por conductas delictivas”, afirmaron los querellantes.
“El Ministerio Público (Fiscal) opera archivando las denuncias que abogados y ciudadanos formulan contra jueces, fiscales y miembros del Consejo Asesor de la Magistratura. Incluso el jefe de los fiscales (Edmundo Jiménez) ha sido denunciado por graves delitos, que ninguno de sus subordinados ha investigado con la seriedad que exige el sistema republicano”, aseveraron.
“Por ello, asumimos el rol de querellante para dejar al descubierto -una vez más- que en Tucumán existe una red de impunidad en la que están involucrados funcionarios, legisladores, jueces y fiscales”, sostuvieron.
Díaz Lannes y Ruiz Pesce invocan el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán para que se los considere querellantes y, como prueba, pide que se periten los dispositivos electrónicos que Pedicone dejó en custodia en una escribanía para determinar si los audios han sido editados; que se coteje las grabaciones con la voz de Leiva y la de Pedicone en una segunda pericia; y que se obtengan los registros del 28 de julio de las cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas al bar de Junín y Muñecas, donde Pedicone denuncia que se produjo el encuentro con Leiva.
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