El peligro de legitimar la “justicia por mano propia”

En la propia enunciación yace el comienzo del problema: “justicia por mano propia”. Cuando la víctima -o algún allegado- se convierte en victimario no está haciendo justicia, sino ejerciendo una venganza. No existe entonces la “justicia por mano propia”, sino un crimen lamentable y doloroso. Un crimen que, a la vez, es emergente de una situación lindante con la anomia. Ya se cuentan 10 de estos episodios en lo que va del año, episodios que reflejan una de las tantas caras que nutren el prisma de la inseguridad en Tucumán. El último se registró el 24 de septiembre en la zona de San Cayetano, cuando al presunto ladrón de un celular, llamado Diego Campos, lo mataron a balazos. Un sargento que presta servicios en la Legislatura, su hijo -que también es policía- y su yerno están siendo investigados.

Unos días antes, también en el sur de la capital, fue linchado Gonzalo Rafael Risso. Dos hermanos, de apellido Andrada, lo habían acusado del robo de una moto, y cuando lo interceptaron en el barrio lo redujeron y molieron a golpes. La crónica de LA GACETA detalla que el mayor de los Andrada sacó un arma y le disparó, pero como Risso aún vivía lo ataron a la moto para arrastrarlo por la calle. “Fue una locura, en mi vida vi algo así. Esa gente estaba totalmente desaforada; al tipo le pegó todo el mundo. Está bien que sea un ‘gato’, pero esta vez se les fue la mano. Ellos se creen justicieros pero terminan siendo igual de delincuentes”, relató el vecino Benjamín Palacios. Los Andrada están presos.

Hay una trampa en el análisis de la mal llamada “justicia por mano propia” y es la apreciación maniquea del fenómeno. Como si hubiera que tomar partido entre “justicieros” y “garantistas”, un debate que nada tiene que ver con retaliaciones, “manos duras” y la supuesta defensa de los delincuentes. De lo que se trata es de preservar el Estado de Derecho y la aplicación de las leyes para que Tucumán deje de convertirse en el far west.

La sociedad reclama políticas de seguridad eficaces, exigencia que involucra a los tres Poderes y que hasta aquí no encontró respuestas a la altura, ni del Ejecutivo -del que depende la Policía-, ni de la Justicia, ni de quienes elaboran las leyes. Es una realidad que frustra a la comunidad y la desconcierta, porque al sentirse desprotegida la invaden el miedo y la indignación. Pero esto no puede habilitar la privatización de la violencia y la irracionalidad, que constituyen en esencia la mal llamada “justicia por mano propia”.

Tan preocupante como este estado de cosas es la legimitación que buena parte de la sociedad expresa cuando aparecen los “vengadores” de ocasión. Aplaudir un linchamiento, celebrar la muerte, es otro emergente de la anomia, escudada detrás de frases como “la gente está cansada”. A esto se suma la percepción equivocada de lo que es la legítima defensa en el caso de quienes son víctimas de delitos. Hay un límite muy claro, tipificado en la legislación, que separa la defensa de la venganza.

“La venganza no es una forma de justicia, ni siquiera la más extrema. Es todo lo contrario”, apunta Martín Kohan, escritor y lúcido analista de los fenómenos sociales. Son tiempos complejos, hace rato que los tucumanos nos resignamos a una convivencia más crispada que armónica. Urge poner un freno y recuperar algo de calidad de vida, y para eso el respeto a la ley es imprescindible.