27 Octubre 2020
SANTIAGO, Chile.- La actual Constitución chilena data de 1980 y se la considera una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet y el instrumento fundamental para consolidar un el papel marginal del Estado en la provisión de servicios básicos.
En las protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019, quedó claro que las modificaciones que se le hicieron no atenúan la ilegitimidad de su origen. En 1989 se derogó la sección que prohibía la participación de ciertas corrientes, como el marxismo. En 2005, se acabó con la figura de los senadores designados por las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema.
Con esto se desarmaron los “enclaves autoritarios”, dice Gilberto Aranda, docente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en entrevista con la cadena BBC.
Otro problema de la Carta Magna, según Miriam Henríquez Viñas, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, es que fue concebida para una democracia “protegida de la irracionalidad del pueblo”, desconfianza que se expresa en el minúsculo rol que otorga a los partidos políticos.
Es, además, muy rígida: para modificarla se requieren mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores y se hace casi imposible reformar ciertas disposiciones.
“Se ha generado un congelamiento de asuntos como derecho a la seguridad social, libertad de enseñanza, que son los derechos sociales que hoy se demandan”, sostiene. El texto consagra un “Estado subsidiario” que no provee prestaciones como salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas, como sucedió en áreas como la educación y la salud.
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