Al igual que en 2018, entre los votos tucumanos en el Congreso se impondrá el no. El presidente, Alberto Fernández, remitió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para legalizar los abortos en el país. En Argentina, la legislación vigente es de 1921: despenaliza el aborto en caso de violación o si la continuidad del embarazo implica un riesgo de salud para la persona gestante.
Tucumán tiene 12 parlamentarios en el Congreso: nueve diputados y tres senadores. Si todos participaran en las sesiones en las que se votará el proyecto, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional reuniría sólo cuatro votos a favor.
En Diputados, los opositores Domingo Amaya, Lidia Ascárate, Beatriz Ávila y José Cano votarán en contra. Amaya había adelantado su voto durante la campaña de 2019. Ascárate ratificó su voto en contra. Ávila y Cano, que ya habían votado en contra en 2018, repetirán su voto. A este grupo se sumará el voto de la peronista Gladys Medina, quien también había votado en contra en 2018 pero había indicado a LA GACETA que el tema moviliza el debate en su casa, donde una de sus hijas está a favor y otra, en contra. A favor, votarían Pablo Yedlin (votó a favor en 2018), Mabel Carrizo y Mario Leito (había dicho durante la campaña electoral que no estaba a favor del aborto pero que era necesario avanzar con leyes que reduzcan la mortalidad materna). Carlos Cisneros es el único voto apuntado como indeciso en primera instancia. En el Senado, todos sus miembros participaron de la votación de 2018: Beatriz Mirkin (PJ, votó a favor y repetirá su decisión), Silvia Elías de Pérez (UCR, votó en contra y repetirá su decisión). José Alperovich había votado en contra pero no podría participar: se encuentra de licencia, acusado por abuso sexual por una sobrina y ex colaboradora política.
El proyecto de IVE presentado por el Gobierno declara legal la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Fuera de plazo, el aborto será legal solo por tres causales: violación, embarazo en menores de 13 años o si peligra la vida o la salud integral de la persona gestante. Se establece la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, a menos que la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata y no haya otro profesional no objetor disponible. El plazo máximo para acceder al aborto son 10 días desde que se lo solicita. Además del proyecto de IVE, Fernández envió el proyecto Primeros 1.000 Días, con políticas de Estado en favor de personas que deseen llevar adelante embarazos deseados.