Un juez se desliga de la revisión de un fallo de Pisa favorable a Leiva

Un camarista fue impugnado por sus vínculos de familia con el ministro público fiscal Edmundo Jiménez (con licencia), y otro resolvió hacerse a un costado y remitir al primero la tarea que había recibido. Este estado de cosas anticipa que no será ni sencilla ni rápida la revisión de las decisiones favorables al vocal Daniel Leiva que emitió el juez Juan Francisco Pisa. Tanto la recusación con causa que formuló el magistrado denunciante Enrique Pedicone contra el camarista Eduardo Romero Lascano como la decisión de su colega Emilio Páez de la Torre de que aquel -o quien lo reemplace- acumule todos los planteos requerirán trámites adicionales y, como es habitual en este tipo de causas sensibles, muy posiblemente haya más pases, inhibiciones e impugnaciones.

El recurso girado a Romero Lascano es la apelación del Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus). El lunes, Paéz de la Torre comunicó al abogado de aquella fundación, Gustavo Morales, que se desligaba del asunto. “A los fines de evitar pronunciamientos judiciales simultáneos y eventualmente contradictorios, así como la multiplicidad de incidentes respecto de un mismo tema central, remito las actuaciones a la Sala II (de Romero Lascano) para su ‘eventual’ tramitación y resolución”, dispuso el juez, que integra la Sala I.

Si bien el criterio de acumular los conflictos atinentes al mismo caso es aconsejado a los efectos de la economía procesal y de la coherencia, nunca es sencillo determinar quién debe hacerse cargo de los recursos a posterior de la dispersión. En este proceso en particular, la apelación de Cedjus, que dirige el académico Eduardo Ruiz Pesce, entró el 3 de noviembre, un día antes que la queja por atentado que presentaron Pedicone, y sus abogados Fernanda Battig y Arnaldo Ahumada. En vez de concentrar las actuaciones de entrada, la estructura de conclusión de procesos del viejo Código jubilado el 31 de agosto primero incorporó a Páez de la Torre y, después, a Romero Lascano.

En juego está, justamente, si la imputación de que Leiva habría solicitado a Pedicone la manipulación de una causa penal por supuestos delitos sexuales y de corrupción que involucra al legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) debe ser procesada con la modalidad escrita y cerrada del antiguo digesto, o si correposnde sustanciarla con las audiencias orales y públicas del nuevo Código que entró en vigor al mismo tiempo que la articulación de esta denuncia. Luego está la pretensión de Cedjus de actuar como querellante de Leiva en su condición de entidad interesada en el funcionamiento recto de la Justicia y en el esclarecimiento de los hechos de corrupción. Por último existe una batalla para que los audios que grabó Pedicone para sustentar su acusación contra el vocal de la Corte sean válidos como prueba.

Tal y como había pedido la defensa de Leiva a cargo de Esteban Jerez, Pisa excluyó las grabaciones; denegó el rol de querellante tanto a Cedjus como a Pedicone y ordenó que el caso sea tramitado con el Código discontinuado. Para la resolución del primer y del tercer asunto el juez de Instrucción en lo Penal N°1 (ex N°3) se apoyó en los dictámenes favorables a las posiciones del vocal que había firmado de manera previa la fiscala Mariana Rivadeneira.

A diferencia de Cedjus, que optó por plantear todas sus diferencias en un mismo recurso ante la propia Cámara Penal de la estructura de conclusión de causas del Código discontinuado, Pedicone, Ahumada y Battig interpusieron el 5 de octubre un per saltum ante la Corte Suprema para que este cuerpo de inmediato revise la sentencia de Pisa que descartó las audiencias orales y públicas, y les denegó la calidad de querellantes. Este recurso aún no tiene un alto tribunal integrado y en condiciones de resolverlo puesto que tres vocales titulares (Leiva, Antonio Daniel Estofán y Eleonora Rodríguez Campos) se excusaron y que el juez supremo denunciado recusó a los que quedaban en pie, la presidenta Claudia Sbdar y Daniel Posse. La decisión sobre estas impugnaciones depende de los magistrados Carlos Caramuti, Stella Maris Arce y Patricia Carugatti. En la queja por atentado Pedicone sostuvo que Pisa no podía seguir tomando decisiones -como la exclusión de los audios- mientras la Corte no definiese el per saltum, horizonte que aún luce distante en función de las circunstancias narradas.