“La república interesa a todos los ciudadanos”

Carlos Casal, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital, cuestionó a título personal la oposición a reconocer legitimidad a letrados y ciudadanos para pedir y tramitar sumarios administrativos manifestada por Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “El gobierno de la república interesa a toda la ciudadanía”, expresó el dirigente profesional en un mensaje que envió a este diario luego de que trascendiera que Rodríguez Campos había desconocido la potestad del ingeniero Fernando Vera del Barco y del letrado Nicolás Mirande, ambos militantes de Pro, para demandar la investigación interna, la suspensión preventiva, y sanciones para el vocal Daniel Leiva. 

“Los fundamentos de Rodríguez Campos son desacertados y forzados. Ella debió evaluar la gravedad institucional que acarrean las sospechas existentes respecto de Leiva, y la afectación que ello genera para la seguridad jurídica y el Estado de derecho”, dijo Casal.

El vicepresidente del Colegio de Abogados añadió: “esas peticiones (de sumario) particularmente deberían ser respetadas y tramitadas en plenitud para dilucidar la verdad de los hechos. Es evidente que cuando la Justicia no quiere entrar en un planteo de fondo, incrementa las condiciones de legitimación y escapa del caso. Es un criterio errado: el orden jurídico impone numerosas obligaciones a los ciudadanos por lo que debe reconocerles amplias facultades para accionar judicial y administrativamente”.

Rodríguez Campos sentó su posición en un voto separado incluido en la Acordada 1.279/20 que desestimó un recurso de reconsideración tendiente a apartar del procedimiento a aquella vocal, y a sus pares Antonio Daniel Estofán y Daniel Posse. El 7 de septiembre, Vera del Barco y Mirande solicitaron el sumario contra Leiva como consecuencia de la denuncia penal que el juez Enrique Pedicone había formulado seis días antes. Según los peticionarios, los vocales no deben ser eximidos de las medidas disciplinarias que la Corte aplica a los Tribunales a su cargo. Leiva contestó que la pretensión era “improponible”.