Tafí del Valle: operativos simultáneos en los focos de ocupación

La de ayer fue una jornada repleta de novedades para los conflictos de propiedad recientes que afectan a La Quebradita y sus adyacencias. Tras las denuncias presentadas por vecinos y la Fiscalía de Estado, el Juzgado de Paz realizó una serie de operativos simultáneos en los principales focos de ocupación detectados en esa área de Tafí del Valle. Fueron dos los magistrados que dirigieron las inspecciones oculares (no desalojos) tanto en un campo privado como en tierras que pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia. El próximo paso, que aún no cuenta con un plazo establecido, es el dictado de sentencias que podrían restablecer los dominios a los actores que reclaman su pronta devolución.

El mayor de los despliegues ocurrió en la reconocida estancia Los Cuartos, que vive días de luto por el fallecimiento de Mercedes Chenaut, una de sus propietarias e histórica impulsora del turismo rural cultural en el lugar. La jueza Susana Antonia Fuentes Lajud constató allí la situación de hecho, que según los dueños consiste en una ocupación ilegal de la Comunidad Diaguita que pronto cumplirá un mes de duración.

“El operativo se hizo en el marco del amparo a la simple tenencia que presentamos, previsto por la ley 4.815, cuando se detectó la usurpación. Fue una medida de inspección ocular para ver la situación de hecho en el inmueble y hacer relevamiento y croquis”, contó a LA GACETA el abogado Laurato Reynoso Posse. Junto con Carlos Posse, él es patrocinante de la parte actora del caso, formada por miembros de las familias Chenaut y Terán.

“Ellos son los propietarios históricos de la estancia. Aportamos la documentación que lo respalda, que incluye un acta de constatación notarial de octubre que demuestra que hasta ese entonces el terreno tomado estaba delimitado y desocupado”, detalló el letrado. La zona en cuestión se localiza detrás de la iglesia Los Cuartos, a pocos metros del río Blanquito y en el límite de La Quebradita.

Una toma anunciada

¿Por qué existe un acta de constatación reciente sobre la extensa propiedad? “Ya habíamos tenido un intento de ingreso de gente en octubre. Quisimos dejar asentado que el terreno nos pertenece por si había cualquier otro intento de usurpación. Espero que el documento nos sirva”, explicó ayer Ana María Terán, una de las dueñas de la estancia Los Cuartos. Justamente, tal como habían previsto ella y sus familiares, a las semanas se inició la toma que persiste hasta hoy en el predio sobre el cual la Comunidad Diaguita aduce derechos ancestrales.

El 25 de noviembre, Matías López Campo, sobrino de Terán, denunció en la comisaría de Tafí del Valle que desconocidos que respondían al cacique Santos Pastrana instalaban carpas y divisiones en la propiedad. Tras la presentación del amparo a la simple tenencia, ayer se desplegó el operativo (incluyó a varios policías) del Juzgado de Paz con la presencia de Lucía Terán, otra de las dueñas de la reconocida estancia. “Constantaron que la gente estaba y que habían construido. Quedó pendiente la toma de testimonios de los vecinos”, relató su hermana Ana María. Ese paso inconcluso es fundamental en el proceso para comprobar quién era el último detentador del inmueble.

“El lugar está en juicio porque los terratenientes dicen que es su propiedad, pero siempre ha sido de nosotros, de la comunidad indígena. ¿Quién usurpa a quién? El operativo ahí fue pesado porque había muchos policías, pero todo ocurrió tranquilo”, describió ayer a este diario Maura Lorena Díaz, delegada de base de la Comunidad Diaguita instalada. El cacique Pastrana no se pronunció sobre los nuevos despliegues porque aún permanece en Ciudacita, destino al que viajó el fin de semana a realizar un ritual tradicional por el solsticio de verano.

En las tierras fiscales

Por el río Blanquito, en dirección norte, se ubica otra de las tomas recientes. Se trata de un espacio verde público -constatado por la Dirección de Catastro- que se accede por la avenida Gobernador Campero, tras pasar el Puente de los Suspiros en La Quebradita. Hace exactamente una semana, allí se vivieron momentos de tensión durante un operativo de reivindicación que efectuó la Fiscalía de Estado junto a varias reparticiones del Gobierno debido a la ocupación indígena.

A diferencia de la estancia Los Cuartos, el caso es seguido por el juez Raúl Espinelli, quien debe resolver el amparo a la simple tenencia que presentó el organismo que dirige Federico Nazur. “Nos ha tratado muy bien y con respeto. Nos han dicho que lo que vivimos (el miércoles 16) fue un atropello y un delito porque vinieron sin orden judicial a desarmarnos los jacales. Tenemos que buscar un abogado para la Comunidad así el Gobierno nos dé soluciones a nuestros planteos habitacionales. Esperamos que ahora nos den la oportunidad de charlar”, expresó Díaz. Además, la referente informó que el operativo se extendió a un tercer foco de ocupación, que se ubica a un par de kilómetros al norte sobre la ruta 307.

Leandro Bustos, miembro del comité de propietarios de La Quebradita organizados por las usurpaciones, se mostró satisfecho por las acciones oficiales. “Varios vecinos dimos testimonio al juez sobre la situación. Fue una instancia importante en el proceso. Se nota la predisposición de hacer cumplir la ley”, dijo. Y añadió: “estamos en sintonía con las instituciones. Buscamos acercamientos y abordar los problemas de raíz”.

Consultado por los operativos, Nazur respondió que hasta ayer a la tarde no había recibido las informaciones de su equipo. Si bien no hay plazos, crece la expectativa para que el Juzgado de Paz resuelva los amparos antes de la feria.