EL JUEZ Y SUS ABOGADOS. La defensa de Pedicone solicita que el jury revea decisiones en tres aspectos. la gaceta / foto de JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
La defensa del juez Enrique Pedicone interpuso un pedido de reconsideración para que el Jurado de Enjuiciamiento revea el rechazo de pruebas y de testimonios ofrecidos, así como para que le conceda más días para la producción de esa evidencia con la que intenta probar su inocencia.
El requerimiento fue presentado por escrito y, precisamente, los abogados del magistrado repudiaron que en la sesión del miércoles no se les permitiera expresar esas objeciones.
“Haber impedido a esta parte ejercer sus cuestionamientos de manera inmediata y verbal en contra de la resolución que en esa audiencia -pública y presencial- se leyó, implica una grave e injustificada vulneración al libre ejercicio del derecho a la defensa en juicio. A la vez, expone de manera brutal la arbitraria intencionalidad de la mayoría del tribunal encaminada a ejecutar al juez Pedicone sin darle tan siquiera, la oportunidad de hablar para defenderse”, denunciaron.
Los audios
El recurso promovido por Arnaldo Ahumada y por Fernanda Battig presenta tres capítulos.
El primero de ellos está referido a los audios con los cuales sustentan la denuncia de que el vocal de la Corte Daniel Leiva, presuntamente, le pidió a Pedicone que “maneje la intensidad” de la causa contra el legislador Ricardo Bussi por presunto abuso sexual y corrupción.
Leiva desmintió todo y contraatacó afirmando que Pedicone buscaba distraer la atención pública del hecho de que, en menos de un año, había dictaminado la liberación de más de un centenar de procesados por delitos graves.
Contra Leiva se presentaron seis planteos de destitución, rechazados por la comisión legislativa, la cual admitió los siete pedidos para remover a Pedicone.
Precisamente, Ahumada y Battig piden que el Jurado de Enjuiciamiento revea su decisión de no admitir los audios. Los acompañó, además, de una pericia encargada por él, que certifica que ni los audios ni el iPod con que los grabó fueron manipulados.
Los abogados plantearon que el jury incurre en “abuso de poder” porque la comisión de Juicio Político ya había admitido las grabaciones como prueba.
“Cuando LA GACETA reveló que no estaban pidiendo las grabaciones, el legislador (Zacarías) Khoder solicitó ‘una copia’, cosa que la escribanía no podía hacer. Por eso miente Khoder cuando afirma que le negaron ese material: le contestaron que no podían darle una copia, sino los originales. De todos modos, la comisión aceptó los audios como prueba y nosotros se los ofrecemos. Pero dicen ‘no’. Es inadmisible”, describió Ahumada a este diario.
Los testimonios
Los audios fueron rechazados por el jury en decisión dividida. El vocal de la Corte Daniel Posse y el representante de los abogados Javier Critto votaron por la admisión. En cambio, los legisladores oficialistas Dante Loza, Javier Morof y Alberto Herrera, el alfarista Walter Berarducci y la peronista Sara Alperovich, junto con el fiscal de Estado Federico Nazur, consideraron que la prueba ofrecida era “impertinente”, porque a Pedicone se lo juzga por haber grabado a Leiva de manera “subrepticia”, violando derechos y garantías básicas, y no por el contenido de los audios.
Por “impertinencia” también rechazaron que sean citados, como testigos, los empleados de la Cámara Penal de Apelaciones, por un lado, y Alberto Lebbos (padre de Paulina) y Roxana Teves (denunciante del ministro fiscal Edmundo Jiménez), por otro.
El segundo capítulo del pedido de reconsideración, justamente, plantea retóricamente cómo podrá defenderse Pedicone del cargo de que incurrió en mal desempeño por grabar los audios si estos no son escuchados. Pregunta cómo refutará la acusación de que no permite a las víctimas de delitos intervenir en los procesos que él juzga si no dejan que Lebbos y Teves relaten sus experiencias. E interrogan cómo probará el juez que nunca coaccionó al secretario Fernando Valladares (dio fe en un acta de los audios, pero luego se desdijo) si no admiten el testimonio de los empleados de la Cámara Penal sobre el ambiente de trabajo.
“En clara violación al debido proceso legal, se afecta la garantía de la libre defensa en juicio al coartar la producción del descargo con que el acusado repelerá la acusación y acreditará su inocencia”, alertaron Ahumada y Battig.
Los tiempos
“También concurrimos a solicitar se reconsidere el término probatorio acordado -15 días corridos a partir del miércoles- en atención a que su escasez atenta contra el desarrollo de todo el proceso”, planteó la defensa.
Como son “días corridos” y no hábiles, la Navidad y su víspera y el Año Nuevo y su víspera son considerados como jornadas válidas. Dado que la feria judicial de enero suspende el proceso en el jury, eso le deja a Pedicone sólo siete días de febrero para completar la producción de pruebas.
“Ese exiguo término, cuando hasta la draconiana ley de enjuiciamiento (8.734) prevé uno mayor (30 días), atenta contra la defensa en juicio”, concluyeron.
