28 Diciembre 2020
TÉLAM.
Un total de 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas. Así lo reveló un informe actualizado y presentado hoy por el el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El informe fue remitido al Senado, que mañana debatirá el proyecto de interrupción legal del embarazo. Según voceras de la ONG, pretenden que los parlamentarios cuenten con información rigurosa sobre la situación.
El documento fue elaborado sobre la base de datos oficiales relevados desde 2012 hasta la actualidad.
"Le hicimos llegar el documento a los senadores, a quienes invitamos a que cuiden la vida y la salud de las mujeres de sus provincias y que tengan en cuenta este informe a la hora de que tomen su decisión", dijo una vocera de CELS.
La investigación reveló que las mujeres criminalizadas son pobres, sin trabajo remunerado; la mayoría con hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias.
"Es decir, ya habían vivido la falta de acceso a derechos", subrayó.
Añadió que en los procesos penales que se llevaron adelante contra ellas la mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial. "Encontramos muchas violaciones de sus garantías al debido proceso", resaltó la vocera del CELS.
De acuerdo al informe, las causas se iniciaron cuando los equipos de salud violan su deber de confidencialidad y denuncian.
También ocurrió que el pedido de ayuda de familiares, parejas o la misma gestante fue tomado como una denuncia.
"La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva: pone a estas personas y a sus familiares en la situación de autoincriminarse a cambio de atención en salud", señala el análisis del CELS.
Además, consideró que en los hospitales la estigmatización se convierte en violencia obstétrica, con enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales.
"Las intervenciones de las fuerzas de seguridad y del poder judicial están marcadas por el ensañamiento", añadió.
Y destacó que algunos medios de comunicación reciben información filtrada de esos agentes estatales, y despliegan coberturas morbosas. "El impacto de todo esto acompaña a la mujer, luego a sus contextos sociales y familiares, aunque nunca sea condenada penalmente", dice el estudio.
Debido a ello, el CELS consideró que la criminalización del aborto y de otros eventos obstétricos no debe ser entendida solo a partir de las condenas. "La condena en estos casos no es un elemento imprescindible para la imposición de un castigo", dice el informe.
La investigación detectó también allanamientos sin orden judicial, por mera voluntad de policías o fiscales, al hacer elástico el concepto de flagrancia. En los casos analizados, las y los funcionarios intervienen cuando las mujeres piden ayuda por su salud y no en el supuesto momento flagrante del aborto.
Tucumán
Una de las mujeres criminalizadas fue "Belén", en nuestra provincia.
La joven tucumana, quien estuvo presa a raíz de un aborto espontáneo, había pedido a los diputados nacionales que piensen en las mujeres que sufren, para que ninguna pase por lo que ella pasó.
Precisamente, en el estudio del CELS resalta Tucumán, debido a la "política criminal de persecución a los casos de aborto, desproporcionada respecto del resto del país".
Según el informe, nuestra provincia mostró un importante incremento respecto de años anteriores. "Eso debería encender las alertas de otras esferas del Estado", dice el estudio.
La investigación Jaque a la reina. Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán relevó, para un período inmediatamente anterior al que analizó este informe (2003-2012) 282 causas radicadas en la justicia penal tucumana. De 2012 a 2020 la cifra se elevó a 402; es decir, un incremento de un 42% en ocho años.
La investigación se hizo en base datos oficiales de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
El trabajo fue realizado por el CELS, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las profesionales María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego Hoyos. (Télam)
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