Un alfarista exige mayoría calificada

Planteo constitucional de un legislador.

 Albarracín  cree que la ley puede surgir del consenso político, no de mayorías muy agónicas. Albarracín cree que la ley puede surgir del consenso político, no de mayorías muy agónicas.
30 Diciembre 2020

Por enésima vez, el abogado Raúl Albarracín, del Partido por la Justicia Social (PJS), reiteró su rechazo a la legalización del aborto, pero en esta oportunidad, aparte de su opinión moral, también advirtió que el proyecto “requiere una mayoría especial de ambas cámaras”. De acuerdo con el legislador alfarista, la interrupción voluntaria del embarazo (“como eufemísticamente se ha denominado a la iniciativa que pretende legalizar la eliminación de seres humanos”, ironizó) vulnera tratados y convenciones internacionales incorporados a la Constitución Nacional y, por lo tanto, necesita las dos terceras partes del Congreso para apartarse de esas disposiciones.

Albarracín exhortó al Senado a “evitar la sanción de una ley que atenta contra el derecho a vivir, que es la base y el fundamento de los demás derechos, y que es una ley cobarde porque atenta contra un ser en estado de indefensión y busca erigir en derecho lo que es disvalioso”. Sin embargo, sobre todo consideró que el proyecto no posee armonía con el resto del ordenamiento jurídico argentino: “el derecho constitucional promueve la dignidad humana desde la concepción y ratifica que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Por lo cual sostener que el aborto surge de los tratados internacionales solo responde a una hermenéutica ideologizada”.

Además, explicó que la Constitución prevé la mayoría de dos terceras partes calculadas sobre el total de los miembros de las dos cámaras para que el Congreso autorice al Poder Ejecutivo a denunciar tratados de derechos humanos. En consecuencia, según él, resulta “evidente la necesidad de contar con esa mayoría calificada para aprobar una ley que deroga o se aparta de una disposición con jerarquía constitucional”.

Albarracín recordó que hay opiniones idénticas de juristas reconocidos (como Juan Soria Acuña, vocal del Tribunal Fiscal de la Nación) y transmitió que las modificaciones al contenido constitucional de los tratados de derechos humanos deben surgir de un amplio consenso político y “no de mayorías agónicas que reflejan una sociedad divida por cuestiones básicas”.

Y por fin, otra vez en el terreno moral, citó a Alberdi: “ninguna asamblea puede convertir en virtud lo que es un crimen”.

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