Un auténtico estado de naturaleza hobbesiano, en el que no hay poder público y los conflictos por los recursos son recurrentes entre los particulares. Una tierra de nadie sin un Estado presente. Así es como vecinos del cerro El Pelao definen la situación de esta montaña ubicada en el centro del Valle de Tafí y que administrativamente pertenece a la comuna de El Mollar. Pese a que en 2020 la Legislatura provincial decidió proteger en dos oportunidades la zona, aún continúan las construcciones en sitios de alta sensibilidad geológica. Las urbanizaciones avanzan sin control y el suministro de agua, que depende de particulares ante la ausencia estatal, es cada vez más limitado.
“Estuve en la Legislatura cuando en febrero del año pasado se declaró la emergencia del cerro. En todo este tiempo no hemos conseguido nada. La comuna está a 20 kilómetros en línea recta y le resulta imposible enviar aunque sea una moto niveladora para arreglar las calles”, protestó Martín González, integrante de una comisión de propietarios en El Pelao que promueve acciones por el deterioro de la montaña. “La infraestructura está colapsada”, resumió.
Promovida por el oficialista Regino Amado, la Ley 9.261 suspendió en junio el fraccionamiento y la construcción de obras en el lugar por el plazo de un año. Además, estableció cuantiosas multas para quienes infringieran las restricciones en el marco de la emergencia ambiental y ecológica -con zona de protección arqueológica- declarada. Cuatro meses antes, la Legislatura había aprobado una norma similar que fue vetada en forma parcial por el Ejecutivo.
La semana pasada, vecinos de la zona del arroyo Los Morales (en Google Maps figura como río Las Carreras) denunciaron que la ley es prácticamente letra muerta y exhibieron una serie de transgresiones comprobadas. En otra parte, subiendo por la Virgen de Guadalupe, en donde se concentran la mayoría de los habitantes del cerro, LA GACETA averiguó que también han avanzado edificaciones de forma irregular en los últimos meses.
Cuestión de límites
“El Mollar queda lejos en distancia y no tiene cómo ofrecernos servicios. El municipio de Taí del Valle, que está a nuestros pies, nos brinda lo mínimo ya que no pertenecemos a él”, expresó Luis Marquetti, otro de los miembros de la comisión de vecinos que incluye a casi 130 viviendas de El Pelao. “La infraestructura quedó chica, ya que fue prevista para pocas casas y el barrio creció desmesuradamente”, agregó. González se expresó en una línea semejante y, como ingeniero civil, calculó que existe al menos medio centenar de viviendas más para la cantidad que las instalaciones del cerro pueden aguantar sin colapsar.
“Pasamos de la permisividad total a que no se pueda hacer nada, aunque no hay controles. Más que prohibir la construcción, el foco de las normas debería estar en no hacerlo de forma indiscriminada”, opinó González sobre la ley que (no) rige en El Pelao. Y finalizó: “hay pendientes inaceptables, curvas que son verticales y horizontales a la vez, y calles desestabilizadas entre los terrenos. La anexión del cerro a Tafí del Valle debería ayudar a regularizar las cosas”.