El relator de Leiva admite que él ofreció la feria a Pedicone

El testimonio de Andrés Garmendia, relator del vocal Daniel Leiva en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, abordó el punto que, según el legislador oficialista Zacarías Khoder, es la mayor objeción al desempeño del juez Enrique Pedicone: su actuación sin competencia durante la miniferia judicial de agosto. Desde entonces, el magistrado aduce que fue Garmendia quien lo instó a solicitar la afectación y que el plan marchó hasta el 19 de agosto: el 20, la Corte rechazó la petición con disidencias. A los fines de acreditar su versión, Pedicone expuso los chats de WhatsApp que intercambió con el relator. El martes, en la audiencia del procedimiento de destitución del juez, el relator de Leiva validó aquella conversación (ver capturas).

“(El juez Eudoro) Albo fue quien pidió la afectación a la miniferia. Yo le ofrecí la opción a Pedicone porque me parecía que correspondía en atención a que Albo era su compañero (en la ex Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción)”, afirmó Garmendia, quien ante el Jurado de Enjuiciamiento explicó que ejerce la función de coordinador de la reforma procesal penal vigente en toda la provincia desde el 1 de septiembre. El funcionario judicial añadió que, si bien estaba afectado a la vocalía de Leiva, en el presente respondía a aquel y a sus cuatro pares: la presidenta Claudia Sbdar, Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos. Garmendia confirmó que tanto Albo como Pedicone solicitaron el 11 de agosto su inclusión en el equipo de jueces habilitados para trabajar entre el 17 y el 31 de ese mes, y reiteró que él todo el tiempo les transmitió que debían esperar a que la Corte emitiera la acordada para firmar decisiones.

Interrogado por la codefensora de Pedicone, Fernanda Battig, el relator manifestó que él conversó sobre el trámite de la solicitud en distintas oportunidades con Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte. “Sí hablé con Blanco sobre esta nota. Me dijo que estaba circulando un proyecto de acordada. Hablamos en persona”, recordó el funcionario y ratificó que el 18 de agosto Blanco le había comunicado que faltaba la firma de la presidenta Sbdar. Garmendia añadió que volvió a consultar a la secretaria el 19 de agosto, tal y como consta en los mensajes de WhatsApp. El hecho es que el 20, la Corte desestimó el pedido de Albo y de Pedicone con los votos de Estofán, Leiva y Rodríguez Campos, y la discrepancia de Sbdar y de Posse. Ello provocó que, al día siguiente, el juez acusado debiera declarar “estéril” una audiencia pública convocada -a instancias de su hoy codefensor Arnaldo Ahumada- para controlar un procedimiento anti-covid-19 practicado por el fiscal Carlos Picón en el bar y billares Punto y Banca. Esto ocurrió en el pasillo de la ex Cámara de Apelaciones porque, según Pedicone, la funcionaria Mariana Merletti le denegó el acceso a la sala.

Al igual que Blanco el día anterior, Garmendia dijo que desconocía quién dio la orden de clausurar el recinto, y por qué a la ex Cámara seguían llegándole hábeas corpus y casos si no estaba de feria. “Pudo tratarse de un error administrativo. En ese momento yo estaba preocupado porque saliera la acordada”, comentó. También aseguró que él no tenía cómo ni por qué saber cuáles eran los sentidos de los votos de los vocales respecto de la petición de Albo y de Pedicone, y que se limitó a transmitir lo que le expresaba Blanco. En su declaración testimonial, la secretaria de Superintendencia desconoció el contenido de los chats remitidos por Garmendia, si bien acotó que hablaba con él como con cualquier otro relator, y dijo que no estaba al tanto de la actividad de la ex Cámara de Apelaciones, y que no le competía saber si este órgano se ajustaba o no a las disposiciones de la miniferia. Al día siguiente, el Jurado se negó a admitir un careo entre ambos testigos, pero sí consintió la entrega del registro audiovisual de la comparecencia de Blanco que la defensa solicitó a los fines de articular una denuncia penal por falso testimonio.

A su turno, el legislador Khoder le preguntó a Garmendia si podía corroborar el mensaje donde le dice a Pedicone que espere a que la Corte lo autorice a actuar, cosa que el testigo hizo. Asimismo, el relator indicó que no sabía por qué la mesa de entradas penal le había mandado a la ex Cámara de Apelaciones la causa “Punto y Banca” (“Marti”) si esta no estaba habilitada para trabajarla, lo mismo que otros procesos, como “Bravo”. La acusación endilga a Pedicone haber incurrido en retardos y dilapidación de recursos por no haber mandado los expedientes al tribunal encargado de revisar los recursos de apelaciones. Por estos hechos y la “falta de decoro”, el 27 de agosto, Estofán, Leiva y Rodríguez Campos apercibieron a Pedicone con la disidencia de Sbdar y de Posse, que proponían investigar lo sucedido. El 1 de septiembre, el juez denunció que Leiva le había pedido que “manejara las intensidades” de una causa penal del legislador opositor Ricardo Bussi (FR), pero el vocal aseguró que todo era falso y pergeñado como reacción a la sanción por la incompetencia.