Por Gustavo Rodríguez
09 Febrero 2021
AVENIDA SIRIA Y PARAGUAY. Forenses trabajan bajo la carpa que resguarda el cuerpo de Mansilla. Captura de Video
El principal sospechoso del crimen de la enfermera jubilada Susana Mansilla (60) tenía antecedentes penales y había conseguido seguir en libertad luego de haber acordado a una probation en octubre pasado. Antes de que se cumplieran cuatro meses de haber obtenido ese beneficio, cometió el mortal asalto que impacta a todos los tucumanos.
Mansilla fue asesinada ayer en la esquina de Paraguay y avenida Siria. La mujer estaba esperando el colectivo cuando el delincuente la atacó para robarle la cartera. Como se resistió, el joven la golpeó, y cuando estaba tendida en el suelo, le aplicó al menos dos puñaladas que le provocaron la muerte. Los investigadores creen que podría haberlo reconocido y haberlo amenazarlo con denunciarlo a las autoridades. Si ello hubiese ocurrido, habría perdido el beneficio de la libertad condicional. “Esa puede ser una de las razones de la saña con la que actuó”, sostuvo un pesquisa.
El prófugo, de unos 20 años, tiene numerosas causas abiertas por delitos contra la propiedad. Ya había sido detenido por intentar robar un celular en una casa ubicada a pocas cuadras del lugar donde fue asesinada Mansilla. Fue detenido por la Policía y presentado en la Justicia. El fiscal Carlos Saltor, en la audiencia, había requerido que se le dictara la prisión preventiva por 30 días, pero su pedido fue rechazado por un magistrado, ya que entendía que no había peligro procesal para que se le dictara la medida cautelar.
El representante del Ministerio Público Fiscal, ante la negativa del juez y con la posibilidad de cerrar uno de los tantos procesos que tenía en su contra, acordó la suspensión de juicio a prueba. Se trata de una figura mediante la cual el imputado se declara culpable, acepta pagar un resarcimiento económico y someterse a algún tipo de tratamiento o realizar tareas comunitarias a cambio de no recibir una condena.
En caso de que el acusado incumpla con el acuerdo, el proceso en su contra se vuelve a abrir hasta que sea sentenciado por un tribunal, ya que se mantiene su reconocimiento de culpabilidad.
En el caso del sospechoso del crimen de la enfermera, aceptó abonar dos cuotas de $4.000 –la última vencía el próximo lunes-, realizar un tratamiento para recuperarse de las adicciones que padecía y llevar a cabo tareas comunitarias en una fundación en el sur de la capital.
Además, el magistrado había ordenado una prohibición de acercamiento a 500 metros de las víctimas a las que había pretendido robar un celular. Hasta el momento no se pudo constatar si estaba cumpliendo con todas las medidas que se le habían impuesto a través de un fallo judicial.
Personal de la División Homicidios, al mando de los comisarios Diego Bernachi y Jorge Dip realizaron tres allanamientos en diferentes viviendas de Villa Urquiza para concretar su detención, que había sido solicitada por el fiscal Carlos Sale, que está al frente de la investigación.
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