Según el Cels, la situación de las comunidades originarias empeoró durante la pandemia

El organismo sostiene que en Tucumán y otras provincias de la región la crisis sanitaria agravó problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos.

imagen ilustrativa. imagen ilustrativa.
17 Febrero 2021

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, se hizo eco de un duro informe sobre la situación de las comunidades originarias en el país, durante la pandemia. ·El informe fue realizado por universidades de gran parte del país. 

La primera conclusión es que la crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras.

Tucumán

En un informe de más de 500 páginas, en el que participaron más de 30 especialistas, hay varias observaciones sobre la situación de las comunidades del Norte del país.

“La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso”, indica el informe.

Según datos del Indec, en Tucumán hay 19.317 habitantes de comunidades originarias, de los cuales el 42.1% vive en zonas rurales.

El trabajo menciona que la comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz “por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado”. Los profesionales señalan que “estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia”.

Asimismo se detalla que, cCon frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. La mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, por ejemplo, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.

“Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindan un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, genera dificultades en la atención la falta de personal que hable lenguas indígenas”, dice el informe.

Quilmes

El informe tiene un capítulo aparte dedicado a la comunidad India Quilmes, que consta de catorce Comunidades de Base (El Carmen, El Paso, Los Chañares, Quilmes Centro, Rincón de Quilmes, Quilmes Bajo, Las Cañas, El Bañado, Anjuana, Talapazo, Colalao del Valle, El Arbolar, El Pichao y Anchillo) distribuidas en un extenso territorio en los valles Calchaquíes tucumanos.

El trabajo enfatiza que si bien no hubo casos de covid-19, es notoria “la vulnerabilidad histórica del sistema de salud local”.

La Comunidad India Quilmes corresponde administrativamente a la Jurisdicción de Colalao del Valle. El sistema de salud depende del Área Programática Oeste, sector Valles Calchaquíes, del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). El Área está dirigida por la doctora Margarita Guerra de Trápani. Desde allí se gestionan los CAPS (Centros de Asistencia Primaria de la Salud) que en esta jurisdicción no se encuentran equipados, ni siquiera el del pueblo de Colalao, que es el de mayor población dentro de las 14 bases de la CIQ. “Allí no hay equipamiento, ni hay respirador para hacer frente a un posible infectado (que en tal caso debería ser trasladado a Tucumán)”, dice el informe.

Y se enfatiza: “La situación de desamparo es histórica. No hay especialistas y se atiende sólo algunos días a la semana. La Delegada de Base informa que hace tres años que comenzó a gestionar ante el Siprosa de Tucumán atención pediátrica para los 500 niños de la CIQ. Luego de mucha insistencia, hace dos años designaron una pediatra, que también atiende en Amaicha, sumando un total de 1300 niños a cargo de una sola especialista”.

Los autores del informe recalcan que “mientras algunos profesionales trabajan éticamente, otros atienden mal a los pacientes, sin tener contemplaciones con los que vienen desde muy lejos”. Aseguran que algunos médicos “hacen esperar mucho a los ancianos, no consideran las particularidades de la gente del lugar, etc. Estas formas históricas de discriminación se redimensionan ante la pandemia, sumado a que a causa de la misma se ha limitado más aun la ya pequeña cantidad de médicos que atendían previamente.

En relación a esto, costa en el informe que el CAPS de Colalao del Valle no cuenta actualmente con director, lo que impide gestionar recursos e insumos de salud para esta jurisdicción. La Delegada expresó que el Director histórico (por más de 20 años) contó con diversas denuncias por malos tratos a los pacientes, sin respuesta de las autoridades.

“Para dar una idea de la debilidad del sistema de salud, es ejemplificador el problema de los traslados ante una urgencia. Primero se debe solicitar la ambulancia a través del CAPS de Colalao, que se comunica con la localidad de Amaicha. Amaicha se comunica al número 107 de Tucumán, que debe autorizar la movilización de las ambulancias. Hubo un caso en Amaicha donde una comunera enferma tuvo que esperar una hora y media en su casa para que llegara la ambulancia, que trasladada al CAPS de Amaicha y luego recorrió 75 kilómetros hasta Tafí, transitando por un ruta sinuosa y en mal estado, pasando El Infiernillo, que tiene una altura de 3042 msnm, donde cualquier hipertenso no resistiría. Lamentablemente esa comunera llegó sin vida al hospital de Tafí del Valle”, ejemplifica el informe. Y se acota que esa serie de comunicaciones ya implica que la ambulancia se retrase, por lo cual en general se traslada al paciente por medios familiares a Colalao y desde allí a Amaicha; luego a Santa María (que muchas veces no cuenta con insumos) o a Cafayate.

Los periplos se repiten. Hay muchos ejemplos y la situación es igual: “Muchas veces el paciente se muere en el camino o en la espera”.

“El SIPROSA dice actuar frente a problemas de violencia, de consumo de sustancias adictivas, pero no llega nada a las comunidades, donde existen casos de violencia y hay gran incidencia de alcoholismo”, sostiene, por otra parte, el informe.

Clases en pandemia

La  pandemia también agravó la brecha educativa. El informe de las universidades pone énfasis en que a los profesores locales les reenviaron materiales preparados por el Ministerio de Educación de la Nación, que no ha tenido en cuenta las características de la zona, por lo tanto se les habla a los niños de cosas como el gas natural cuando la mayoría usa cocina a leña o garrafa.

Por otro lado, para paliar la falta de acceso a Internet, los docentes repartieron a sus alumnos cuadernillos provistos desde la ciudad de San Miguel. En lugares con mejor señal, los vecinos que tienen acceso a internet tratarpm de ayudar a los chicos que no tienen, para que puedan cumplir con sus deberes. En el campo y en los cerros, además de no tener acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, se suma el problema de que los adultos en muchos casos no tienen la capacitación escolar suficiente como para ayudar a los chicos con sus tareas.  Muchos comuneros no tienen celular.


Comentarios