Por Gustavo Rodríguez
20 Febrero 2021
EL “ENFRIADOR” DE CAUSAS. Carlos “Carli” Albaca tuvo el expediente siete años e hizo poco y nada para resolver el caso. Espera ser enjuiciado por su desempeño al frente de la investigación.
Siete fiscales intervinieron de una manera u otra en el polémico caso. Cada uno tuvo un papel diferente. Pero sólo uno de ellos, por haber frenado la investigación, desde hace al menos cuatro años espera ser enjuiciado. Los investigadores, cada vez que fueron rozados por el expediente, se vieron envueltos en alguna polémica y dos de ellos declararon por escrito en el interminable juicio que se abrió y que dejó en claro que la impunidad seguirá ganando en Tucumán.
El fiscal Alejandro Noguera fue el primero en estar al frente de la investigación. La condujo durante casi dos meses. Cuando estaba al frente de la causa, de a poco, comenzó a reconstruir las últimas horas de la vida de Paulina Lebbos y siempre desconfió de la palabra de Virginia Mercado, la última persona que reconoció haberla visto con vida. Tanto es así que le pidió que regresara a Tucumán para que participara de una medida clave: la reconstrucción del momento que el que supuestamente abordó un remise Fiat Duna Bordó con vidrios polarizados. También fue él quien inició la pesquisa en contra del comisario Enrique García, con el que comenzó a quedar al descubierto toda la trama de las irregularidades que habían cometido los policías, antes, durante y después del hallazgo del cuerpo de la estudiante, ocurrido el 11 de marzo de 2006.
Ese día intervino la fiscala Adriana Reynoso Cuello. Como estaba de turno, la Policía le comunicó a ella la novedad, pero desistió de intervenir porque la causa estaba siendo investigada por su par. Por más que no haya tenido ninguna injerencia en la causa, ella fue la segunda investigadora en tener alguna participación en el hecho. En el juicio oral aportó datos clave sobre las irregularidades cometidas por la fuerza.
El día del hallazgo Noguera protagonizó un incidente que sólo en el debate oral se conoció. El fiscal, en una fuerte discusión, impidió que el secretario de Seguridad Eduardo di Lella retirara el cuerpo de la estudiante sin que hicieran todas las pericias correspondientes. “¿Vos sos pelotudo? ¡Nadie mueve nada! ¡El que da las órdenes aquí soy yo!”, le habría dicho en ese momento. El investigador fue separado de la causa por haber participado en una reunión en la casa del gobernador José Alperovich en la que participaron diferentes funcionarios y miembros de la cúpula policial. Oficialmente se informó que se trató de un encuentro para preguntar qué hacía falta para avanzar con la pesquisa.
Noguera nunca aceptó ser entrevistado para que explicara detalles del encuentro. Cuando declaró por escrito en el juicio, sostuvo que su participación en esa reunión había sido informada a sus superiores y que su trabajo no tuvo fallas, según el análisis que realizó la fiscala de cámara Marta Jerez de Rivadeneira. A 15 años de haberse producido ese hecho, sigue sin responderse una pregunta: ¿fue víctima de otra maniobra para evitar que se sepa la verdad? Puede ser. De alguna manera, el fiscal ya sospechaba de las irregularidades cometidas por la Policía. Él comenzó a investigar a García, el comisario de Raco que terminó siendo condenado por esas maniobras, a lo que debe agregarse el incidente con Di Lella.
Los 15 “no” de “Carli”
Carlos Albaca se hizo cargo del expediente el 20 de abril. Nunca se supo bien por qué fue elegido por el ministro Fiscal Luis de Mitri para que estuviera al frente de la investigación. En el inicio de su carrera, “Carli”, como le gustaba que lo llamaran, era respetado porque se consideraban que “iba al frente”. Pero también se ganó fama por dejar prescribir la causa en la que se investigaba el crimen de Juan Andrés Salinas, el oficial de Policía que, se supone, fue asesinado por miembros del Comando Atila. También era catalogado como un hombre especialista en “enfriar” los expedientes más polémicos. Pero al de Lebbos, directamente, lo congeló durante siete años.
Eso se desprendió luego de que el representante del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad Bernardo Lobo Bugeau, el mismo que renunció a su cargo del gobierno en solidaridad con Alberto Lebbos, presentó un lapidario informe donde denunciaba que la causa estaba paralizada. Su trabajo derivó en un sumario que confirmó el planteo, por lo que a Albaca le quitaron la causa en junio de 2013. Como se habían perdido mucho más que siete años, se inició una investigación en su contra. Con su jubilación evitó afrontar un juicio político, pero no que le iniciaran una causa penal.
A lo largo de esos siete años, “Carli” sí hizo cosas. Le quitó el rol de querellante a Lebbos y se lo dio a César Soto, hoy uno de los sospechosos de haber cometido el crimen. Le negaba sistemáticamente al padre de la víctima y a su representante legal, Emilio Mrad, el derecho a conocer detalles de la causa. Su único “logro” fue el solicitar que se enjuicie al comisario García, al oficial Manuel Yapura y al agente Roberto Lencina por un delito menor por el que fueron condenados. Eran los eslabones más débiles de la cadena de encubrimiento.
Entre otras irregularidades, la fiscala de cámara Juana Sólimo de Prieto lo acusó de:
1- No cotejar pericialmente las muestras que había en la causa.
2- No realizar el análisis de las llamadas y mensajes telefónicos del teléfono de la víctima y de los sospechosos.
3- No individualizar ni perseguir a los sospechosos del crimen en base a los indicios que había en la causa.
4- No culminar con las medidas que había ordenado, que quedaron inconclusas. Entre otras, comparaciones genéticas de muestras encontradas en el lugar del crimen con las que se extrajeron a sospechosos.
5- No retirar los resultados de algunas pericias que había ordenado realizar en Buenos Aires su antecesor Noguera.
6- No investigar a varios miembros del Clan Acevedo que fueron mencionados en la causa.
7- No comparar el perfil genético de la víctima con un toallón que tenía una mancha de sangre secuestrado en la casa de Soto, la pareja de la víctima.
8- No comprobar si efectivamente se había realizado una fiesta en el salón del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas ubicado en Raco y no contrastar la vinculación de Soto con el encargado de ese lugar, identificado como Osvaldo Soto, al que nunca hizo declarar.
9- No investigar a fondo a Juan Cruzado, el remisero que se presentó ante la Justicia para informar que él había llevado a Paulina y a Mercado.
10- No analizar la posible participación en el hecho de Juan Jiménez y sus hijos Jorge y Juan Marcelo, vecinos de Soto.
11- No tener en cuenta el dato que aportó Gendarmería Nacional sobre una posible fiesta realizada en el camping 27 de Agosto ubicado en El Cadillal, donde la familia Kaleñuk tenía una casa.
12- No analizar quién usó el teléfono de la víctima a partir del 26 de febrero.
13- No realizar un perfil genético a tiempo de los siete pelos recolectados en el lugar donde fue hallado el cuerpo y permitir que se arruinara esa prueba.
14- No pedir fondos para realizar las pericias genéticas en Buenos Aires sin que se lograra establecer quién las abonó.
15- No se abstuvo de realizar esa medida, a pesar de que ya había sido separado de la investigación.
Por todo ello, Albaca fue acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de promover la represión. El juicio en contra del ex fiscal debía realizarse el 24 de marzo pasado, pero no se hizo por la pandemia. El caso actualmente se encuentra en una de las salas del régimen conclusional sin fecha de inicio de debate.
El áspero
López Ávila asumió en junio de 2013 la investigación. Las posibilidades de que consiguiera esclarecer el caso eran casi nulas. Pero el fiscal consiguió lo que parecía imposible. Sumó indicios para sospechar que Roberto Luis Gómez podría ser el autor material del hecho. También señaló al ex secretario de Seguridad, Di Lella; al ex jefe de Policía Hugo Sánchez; al ex subjefe de la fuerza Nicolás Barrera, al ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, y al ex policía Waldino Rodríguez como responsables de haber realizado distintas maniobras para que no se conociera la verdad.
¿Cómo lo hizo? “Analizando detenidamente todos los elementos que había en la causa y tratando de encontrar nuevos indicios. Así nos llevamos varias sorpresas”, indicó el investigador en una entrevista con LA GACETA. Aunque no lo haya afirmado, él hizo las medidas que Albaca no realizó. Por ejemplo, dio con Gómez porque había una línea sobre quién había usado el celular de la víctima, pero sólo había que ubicarlo. Los defensores y los mismos acusados lo denunciaron por haberse excedido en su trabajo. “Fuimos al fondo, utilizando una estrategia más dura, pero todo por la vía legal”, se defendió.
En febrero de 2015 López Ávila solicitó que la causa fuera enviada a juicio. Se lamentó de no haber podido encontrar pruebas concretas en contra de “Los Hijos del Poder” y de Soto. Pero no perdió la esperanza de que en el juicio surgieran elementos que compliquen a los sospechosos. Y eso sucedió.
La dama de hierro
En la investigación del crimen de Paulina hubo una fiscala que realizó un importante trabajo que no fue reconocido. La fiscala Prieto de Sólimo siempre fue de perfil bajo. Les escapaba a los micrófonos, pero nunca dejaba de responder una pregunta aclaratoria. Era el terror de los defensores con su casi obsesivo afán del trabajo y su memoria prodigiosa, a la que no se le escapaba ni un detalle.
Ella fue la que reunió todas las pruebas en contra de Albaca. La acusadora en el juicio del comisario García que terminó de aportar datos importantísimos para dejar al descubierto las irregularidades cometidas por varios jerarcas policiales. Fue la que se encargó de preparar el juicio del crimen, audiencias a la que no asistió por haberse jubilado semanas antes.
Tres no son multitud
En el juicio no actuó un fiscal, sino tres. Carlos Sale fue el titular, pero fue reemplazado en varias oportunidades por Carlos Saltor. Y a ellos dos se sumó, de manera esporádica, López Ávila, en un hecho poco común, ya que no es común que un fiscal de instrucción se presente en una sala de audiencia a defender su trabajo.
Cada uno tenía su estilo. Sale era el moderado, Saltor el más agresivo y López Ávila, el detallista. Nunca llegaron a estar los tres juntos en una audiencia, pero el espíritu de colaboración siempre estuvo presente. “Logramos mantener la acusación. No podemos negar que pretendíamos más que las condenas que se dieron, pero también fue muy satisfactorio que en el debate hayan surgido otros indicios que obligaron a los jueces a pedir que se investiguen ciertos puntos y a ciertas personas”, explicó Sale.
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Caso Paulina Lebbos
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