El crimen de Paulina Lebbos, a un paso de quedar impune por prescripción

Alberto Lebbos siempre dijo que detrás del crimen de su hija Paulina existía un siniestro plan para lograr la impunidad. Y el tiempo le dio la razón. El 26 de febrero se cumplirán 15 años del hecho y aún no se acusó a nadie del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Y es prácticamente imposible que en seis días hábiles se concrete ese paso procesal. Y si se produjera, sería una evidencia más de que esta causa se movilizó por la lucha de un hombre y la presión de una sociedad que terminó repugnada por el cúmulo de irregularidades que se cometieron a lo largo de casi una década y media.

Paulina Alejandra Lebbos tenía 22 años, era mamá de una pequeña y mantenía una relación con César Soto, el padre de su hija. El sábado 25 de febrero de 2006 rindió y aprobó una materia de Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras. Decidió festejar el acontecimiento. Lo hizo junto a su mejor amiga, Virginia Mercado, que a lo largo de todo este tiempo nunca dijo la verdad o, al menos, no todo lo que sabía. La parca estudiante salteña, que de testigo pasó a ser sospechosa de encubrimiento y falso testimonio, la recibió en su casa de La Rioja al 400.

De allí, junto a otros amigos y parientes de la norteña, fueron a bailar al boliche Gitana, ubicado en el ex Abasto, zona que se había transformado en el imán de la vida nocturna y, por supuesto, el descontrol. Nunca se pudo establecer a qué hora ingresaron, pero sí que Paulina y Mercado salieron entre las 5.30 y las 6. Según la salteña, tomaron un remise -en esa época cualquiera usaba su vehículo para transportar personas- y se dirigieron primero a su casa. Allí le entregó la mochila que había llevado para cambiarse y se despidió. Ella declaró que la víctima, por lo que había anticipado, se encontraría con Soto en su casa. Pero nunca llegó.

Con el correr de las horas, las hermanas de Paulina comenzaron a preocuparse por su ausencia y le avisaron a su padre, que era funcionario del gobierno de José Jorge Alperovich. Cerca de las 22, por recomendación del ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella, Lebbos se presentó en la sede de la ex Brigada de Investigaciones y realizó la denuncia. En los primeros días, el padre de la estudiante, como siempre, se mostró muy activo. Iba de un lado a otro golpeando puertas y buscando respuestas que nadie le podía dar. “Me movía la desesperación”, le dijo a LA GACETA. A los días presentó la renuncia a su cargo, disconforme con la investigación y molesto por el trato que recibía. Nunca lo dijo públicamente, pero presentía que algo malo estaba pasando. Le siguió los pasos el por entonces secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Bernardo Lobo Bugeau, que luego jugaría un papel clave en el caso.

La redacción del diario tenía el frenético ritmo de los sábados. Después de las 17, una fuente policial, a través de un mensaje de texto informó: “camino a Raco encontraron el cuerpo de la chica (refiriéndose a Paulina). ¡Volá!”. La novedad paralizó al diario por unos minutos. Periodista y fotógrafo partieron al lugar. En la ruta 341 que lleva a esa villa turística, en el paraje conocido como La Yesera, se toparon con una multitud. Policías dirigidos por el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, Di Lella, el subjefe Nicolás Barrera y el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Miguel Brito, daban instrucciones a los gritos y por sus celulares. El silencio se apoderó del lugar cuando arribó Lebbos y cuando llegó el fiscal Alejandro Noguera. Esa paz, con el correr de los años, tendría un significado: allí se estaban concretando las medidas de encubrimiento para que no se supiera la verdad, porque ya la habrían comenzado a pergeñar antes. (En una próxima entrega se analizará este punto).

Antes que se terminara de ocultar el sol, Noguera decidió dejar todo como estaba para que al día siguiente, con la luz del día se iniciaran todos los trámites de rigor, entre ellos la identificación oficial del cuerpo y el levantamiento de muestras. El domingo 12 a la noche se confirmó que se trataba de Paulina. Con los años, se supo que allí se habían cometido no una, sino decenas de irregularidades que tuvieron un solo objetivo: evitar que se resolviera el caso.

Tres fiscales

El caso fue investigado por tres fiscales. Y cada uno le imprimió su sello. También generaron polémicas. Noguera fue el primero, pero no duró mucho tiempo. El ex ministro Fiscal Luis De Mitri decidió reemplazarlo el 20 de abril luego de que participara en una reunión en la casa privada del gobernador José Alperovich. Oficialmente se informó que se trató de un encuentro para conseguir fondos y recursos extras que se necesitaban en la investigación. Han pasado casi 15 años de ese cónclave y se sospecha que se trató de una maniobra en contra del fiscal que comenzó a descubrir las irregularidades.

Tribunales fue un hervidero de rumores cuando se esperaba la designación del primer fiscal. Los empleados más antiguos recuerdan que generaba tanto temor esta causa que hasta una fiscala tuvo que retirarse a su domicilio al haber sufrido una baja de presión al entender que la pondrían al frente de la investigación. Pero De Mitri eligió a Carlos Albaca, un investigador de pocas palabras, que se especializaba en “enfriar” los casos más polémicos y que no se dejaba presionar por nadie. El fiscal terminó congelando el expediente y tomó las medidas más insólitas, que no hicieron otra cosa que empezar a teñir de impunidad el crimen. Hace seis años la fiscala Juana Prieto de Sólimo pidió que sea enjuiciado (al jubilarse evitó un juicio político) por incumplimiento de los deberes de funcionario público y de promover la represión, la manera legal de decir que no hizo nada durante los siete años que condujo la investigación.

Por último, Diego López Ávila, que se hizo cargo de la causa en 2013, le imprimió otra impronta. En ese mismo año ordenó la detención de Maximiliano Gallardo (luego fue sobreseído) y Roberto Luis Gómez, que quedó como único imputado por el secuestro y el crimen de la estudiante. También fueron arrestados el ex subjefe de Policía, Barrera, y el ex jefe de la Regional Norte, Brito, acusados del encubrimiento del crimen, por haber dado órdenes de adulterar las condiciones del hallazgo del cadáver. Además comenzó a investigar por esos delitos a Di Lella, al ex jefe de Policía, Sánchez, y al ex policía, Waldino Rodríguez. En 2016 pidió que fueran enjuiciados todos ellos. En su planteo, el investigador había dejado en claro que, por la complejidad del caso, tenía la esperanza que en “el debate oral surja alguna luz que lleve claridad”.

Un juicio sin sentencia

Los tiempos de la Justicia no son los mismos de la sociedad. El debate oral comenzó en febrero de 2018. El tribunal estuvo integrado por los jueces Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti. Al juicio no le faltó nada. Durante más de un año fue una usina de sorpresas, polémicas, llantos, presiones y mentiras. El 25 de febrero de 2019 se conoció la sentencia que generó sorpresas y una confirmación: hubo una red de encubrimiento, pero no se pudo establecer para proteger a quién. Gómez, el único acusado de la desaparición y el crimen de la estudiante fue absuelto. Sánchez y Di Lella recibieron una pena de seis años; Barrera y Brito, de cinco años y seis meses y Rodríguez, de tres años.

El fallo fue categórico porque de alguna manera dio un rumbo para que se corrigiera la investigación y no se garantizara la impunidad. Los magistrados entendieron que López Ávila, como último instructor del expediente, debía acusar a Soto como autor del hecho (no se contempla la figura de femicidio porque aún no estaba tipificado), por el mismo motivo, a Sergio Kaleñuk (uno de los mencionados en la pista conocida como Los Hijos del Poder) y a Esteban Gómez, el hermano del absuelto. También ampliaron el pedido para que se terminara de desmarañar la red de encubrimiento en la que aparecen nombres de ex y actuales funcionarios y del senador licenciado José Jorge Alperovich.

Todas las partes acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para apelar el fallo por distintas razones. Pero también era fundamental que los jueces decidieran si dejarían firme o no la sentencia para definir si continuaría la investigación. Pero nada de eso ocurrió. Los vocales Claudia Sbdar y Antonio Estofán y el juez Fabián Fradejas eran los responsables de realizar la tarea a partir de marzo de 2019. En diciembre de ese año, mes en el que se cumplían los plazos procesales para que emitieran veredicto, el único camarista del tribunal logró que aceptaran un planteo de excusación porque había intervenido en los pedidos de libertad de los detenidos del caso.

A principios del año pasado su puesto fue ocupado por la camarista Stella Maris Arce. Pero apareció otro inconveniente: Estofán pidió apartarse porque Gustavo Morales, el defensor de Di Lella, patrocinó a la mujer que lo denunció por acoso sexual. La magistrada Wendy Kassar, que aceptó el planteo del vocal de la Corte, lo reemplazó semanas atrás, por lo que tendrá que leer los 175 cuerpos para dar a conocer su opinión. “No dudo de la honorabilidad de estos jueces, pero sí creo que no deberían haberse producido tantos cambios. Si se acepta el planteo de que un juez es acusado por un abogado, estamos ante un problema”, explicó Emilio Mrad, representante legal de Lebbos.

Humanamente no hay tiempo para evitar la prescripción del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Para que ello ocurra, se debe al menos comunicar a los sospechosos que serán imputados antes de que se cumplan el tiempo previsto que va de los 12 a 15 años. Este último plazo es el que entiende la querella debe apliarse. Pero: ¿con qué pruebas lo harán? ¿Quién y por qué? Son preguntas que no tienen respuestas. La Justicia falló con una causa que no podía fallar porque, pese al esfuerzo de muchos, especialmente del incansable Alberto Lebbos, el 26 de febrero otra vez se consagrará la impunidad en Tucumán.