Las vacunas de privilegio revelan la enfermedad del poder

Qué esperan los ciudadanos del Estado? Quieren no ser ahogados y que aquel no se entrometa en los asuntos privados, pero al mismo tiempo quieren que responda, que esté presente y de manera eficiente. No son demandas contradictorias: son, en todo caso, complejas. Pero cuando no se cumple ninguna de las respuestas y, además, la torpeza de  sus funcionarios revela un entramado de privilegios, el cúmulo de decepciones vuelve a alejar a la ciudadanía de las expectativas depositadas en representantes y autoridades.

Se suele decir que los hechos que terminaron con la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, son escándalos. Detrás de un accionar que pareciera espontáneo o “involuntario” -como el propio exfuncionario calificó- existe, sin embargo, una cultura basada en complicidades, favoritismos y en una concepción del poder que aún no logra conciliarse con una sociedad democrática.

¿Qué tipo de ciudadanía, entonces, resulta de esa cultura? ¿Se es sujeto ante el Estado siempre y cuando exista algún “contacto” en el poder? Los ciudadanos de primera acceden a los derechos de todos por una puerta y los ciudadanos de segunda llegan tarde, como siempre, con la única posibilidad de ser sólo testigos. Esto no es ninguna novedad: hay un acostumbramiento a la sucesión de “errores” o de “descuidos”. Nadie fue.

Antes de la Navidad, el Gobierno se jactaba de liderar la carrera de vacunación contra el coronavirus en la región. Por varios canales de televisión fue posible observar cómo aterrizaba un avión que llegaba desde Rusia con 300.000 dosis. Aunque escasas, alcanzaban para celebrar dicho vuelo como una hazaña, pero esa escasez se evidenció en cuestión de días. Según la organización Our World In Data, Argentina aplicó hasta el momento 635 mil dosis de vacunas, lo que implica 1,41 dosis por cada 100 personas. En contraposición, Chile vacunó en pocos días a más de 2 millones de personas con la vacuna de Pfizer, es decir, 12,43 dosis por cada 100 personas.

Las comparaciones no son odiosas, son incómodas. Fue el propio González García el que jugó el papel de profeta de las vacunas. Cuando promediaba la cuarentena más estricta, el exministro anunció que el país había sido elegido por Pfizer para iniciar los ensayos clínicos de la vacuna y que dicho acuerdo beneficiaría a todos. Esa ventaja nunca llegó y el fracaso del acuerdo nunca fue puesto sobre la mesa. Luego prometió que en marzo de este año el país estaría en una fase de vacunación masiva, con dosis que por ahora llegan a cuentagotas.

La última promesa del exministro ocurrió el 3 de febrero, cuando expuso los resultados de su gestión ante la Cámara de Diputados de la Nación. Allí se animó a vaticinar que los argentinos alcanzaríamos la inmunidad de rebaño en julio con 62 millones de dosis de vacunas aseguradas.

¿A quién quería ilusionar González García con sus promesas? ¿A los ciudadanos que vivían con miedo e incertidumbre ante la pandemia? ¿A los testigos de un “escándalo” que siempre se repite? Quizás el principal funcionario de la cartera de Salud estuvo siempre convencido de sus decisiones. No fueron los logros los que sostuvieron su gestión, sino los pasos improvisados hasta que llegó el impensado descuido. Confiar en la impunidad suele ser el peor virus del poder y para esa enfermedad no hay vacuna que inmunice.