Por Gustavo Rodríguez
27 Febrero 2021
La bioquímica Lilia Moyano.
A lo largo de 15 años fueron condenadas ocho personas por haber realizado maniobras de encubrimiento para que nunca se supiera la verdad sobre el crimen de Paulina Lebbos. Pero aún queda que se investigue a varios más por su posible participación en el hecho. Son más de 30, y la mayoría de ellos deben ser investigados, si la causa no prescribió, por supuestamente haber tenido conductas con las que se impidió el normal desarrollo de la investigación o mintieron o no dijeron todo lo que sabían.
A saber: en diciembre de 2013, fueron condenados el comisario Enrique García, el oficial Manuel Yapura y Roberto Lencina por encubrimiento al haber fraguado el acta del hallazgo del cuerpo de Paulina Lebbos. En el debate surgieron varios indicios de la responsabilidad de sus superiores. Seis años después, en febrero de 2019, también eran sentenciados por el mismo delito el ex secretario de Seguridad, Eduardo di Lella, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, el subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera, el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, y el ex policía Waldino Rodríguez. Pero la historia se repitió. En otro debate quedaron al descubierto nuevas maniobras que, para el tribunal, integrado por Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez, consideraron que quedaban muchos por investigar.
Y son tantos los mencionados que es imprescindible realizar una lista para detallar por qué maniobra fueron señalados y quiénes son los investigados:
Adulteración de pruebas
En las audiencias quedó demostrado que no se tomaron los recaudos necesarios para recolectar y preservar pruebas. Por ejemplo, no se protegieron los siete pelos encontrados en el cuerpo de la víctima, que terminaron dañándose de tal manera que nunca se pudo ni se podrá hacer una pericia genética, prueba clave para esclarecer el hecho.
- Lilia Moyano: actualmente forma parte del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF).
- Fernándo Vázquez Carranza: ex jerarca de la Policía Cientifica y actual perito de parte.
- Daniel Díaz: ex jefe de Criminalística de la Unidad Regional Norte, que fue retirado por este escándalo.
Ascenso injustificado
El comisario García había sido condenado en 2013, pero su nombre volvió a aparecer en este juicio. En esta oportunidad se lo investigó por la ayuda económica que recibió mientras estuvo detenido por parte de la Jefatura de Policía; la visita que recibió por parte de Barrera y del ex jefe de Policía, Dante Bustamante (secretario privado de Sánchez en ese tiempo); la irregular reincorporación que se le concedió pese a estar procesado; su ascenso de grado totalmente ilegal; y las amenazas que recibió en los últimos tiempos para evitar que dijera la verdad sobre lo que había ocurrido. El tribunal entendió, según los fundamentos de la sentencia, que, en un principio, lo mantuvieron silenciado otorgándole todo tipo de beneficios y, cuando no lograron que respondiera a sus intereses, lo comenzaron a perseguir. Los jueces pidieron entonces que se investigara a todas las personas que estuvieron de alguna manera vinculadas a estas maniobras. Son:
- José Gerardo Ardiles: actual subsecretario de Seguridad, que en ese tiempo era jefe del Departamento Personal de la Policía.
- Margarita de Fátima Gómez: ex asesora letrada de la fuerza, que convalidó el ascenso de García.
- Héctor René Sosa: ex secretario privado de Barrera, que firmó un trámite administrativo a favor del ex comisario de Raco.
También deben ser investigados por haber integrado la junta de calificación que convalidó el ascenso del acusado García:
- Heberto Arturo Cortez: ex jefe de la Unidad Regional Capital y que sería miembro de la custodia personal de Darío Montero, intendente de Banda del Río Salí.
- Jorge Herminio Racedo: ex jefe de Policía, que espera ser enjuiciado por la sedición policial de 2013.
- Néstor Hugo Juárez: ocupó un importante cargo en el Penal de Villa Urquiza hasta que se retiró.
- José Eduardo Díaz: ex jefe de Policía, que debió renunciar a su cargo cuando se supo que sería investigado en la causa Lebbos.
Deberían responder ante la Justicia por haber firmado el decreto del ascenso de García:
- Mario López Herrera: ex ministro de Seguridad, que ocupaba el cargo cuando se concretó el beneficio.
- José Alperovich: como gobernador de la provincia puso su rúbrica para que se concretara el ascenso. “Como máximo responsable político de la provincia no podía desconocer quién era la persona que se estaba por promover”, argumentaron los jueces.
Podrían volver a afrontar una nueva investigación por este hecho Sánchez, Barrera y Di Lella.
¿Falso testigo?
Juan Pedro Cruzado se presentó el 6 de marzo de 2006 a la sede del D2 (Inteligencia Policial) para declarar que él había trasladado a Virginia Mercado y a Paulina hasta la zona del parque 9 de Julio en su remise Fiat Duna bordó con vidrios polarizados, cerca de la casa de César Soto, por lo que la pista apuntó hacía la pareja de la estudiante. Sin embargo, con el correr de los días sus dichos fueron perdiendo fuerza por sus contradicciones. Y terminó descartándose cuando la amiga de la víctima no lo reconoció en una rueda de personas. Después surgieron varios indicios de que en realidad el remisero podría haber llegado a un pacto con la Policía para que mintiera esa versión y entorpeciera la investigación.
Los jueces resolvieron entonces solicitar que se investigara a Cruzado y a Fernando Maruf, ex titular de Inteligencia de la Policía, que interrogó al remisero, acto que fue presenciado por el ex jefe de Policía, Sánchez, sin que se pudieran explicar los motivos de su presencia en el lugar. Otro dato: los policías informaron oficialmente que la declaración del supuesto testigo había sido filmada para que tenga mayor transparencia. Sin embargo, el video de ese acto nunca apareció.
Los mejores investigadores
Los ex investigadores Marcial Escobar, Luis Santana y el ya fallecido Alfredo Jiménez fueron contratados por el Estado para que se sumaran a la pesquisa del caso. Los tres apuntaron sus dedos acusadores contra Cruzado, pese a que desde un primer momento esa teoría había sido descartada al no haber sido reconocido por Mercado. A su favor quedó la duda de que podrían haber desconocido que el remisero fue un testigo puesto para desviar la investigación. Los jueces pidieron que un fiscal analizara el trabajo que realizaron para determinar si no cometieron algún delito.
Los magistrados también solicitaron que investigue a todos aquellos que estuvieron vinculados a su contratación. Esa lista podría estar integrada por Di Lella, que habría tenido la idea de sumarlos a la pesquisa, Sánchez y Barrera, que la habrían apoyado, mientras que el ex ministro de Seguridad Pablo Baillo y el ex gobernador Alperovich habrían firmado a través de decretos su contratación.
Supuestos protectores
Esta lista está integrada por las personas a las que se las acusó de decir falsedades para favorecer a otras personas. Por intentar beneficiar a Sergio Kaleñuk, podrían afrontar una investigación Gustavo “El Gordo” González (líder de “La Inimitable”, la barra brava de Atlético), Rubén “Sopa i’ Chancho” Urueña (presidente del club Central Córdoba) y, por haber fallecido, se descartaron medidas contra Daniel Paz, ex chofer del ex gobernador Alperovich y tesorero de Atlético Tucumán.
Jorge Giménez quedó en la mira por haber brindado un testimonio confuso sobre su relación con Soto y con Paulina y de cómo era la relación que mantenían ambos.
Por último, José Luis Gómez, que llegó al juicio imputado del crimen de Paulina y quedó absuelto por el beneficio de la duda, quedó cerca de ser procesado por encubrimiento.
La pista Aguaray
Mercado, la mejor amiga y la última persona que se conoce que vio con vida a Paulina, terminó transformándose de testigo clave a sospechosa de no decir toda la verdad. Lo mismo sucedió con su hermana Jimena y con su primo Alejandro Aramayo, que formaban parte del grupo con el que había ido a bailar Paulina.
Más policías
Los policías terminaron siendo los grandes protagonistas de la causa por todas las irregularidades que se cometieron. De los ocho condenados, siete vistieron el uniforme de la fuerza en alguna oportunidad. Pero podrían ser muchos más porque podrían ser procesados:
- Raúl Antonio Ferreyra: ex subdirector de la ex Brigada de Investigaciones que habría estado implicado en las maniobras que se cometieron en el lugar donde fue hallado el cuerpo.
- Francisco Picón: debió renunciar como subjefe de Policía al confirmarse que debía ser investigado por haber falsificado un acto donde se consignaba quién había encontrado el cuerpo de la víctima.
- Enrique García y Manuel Yapura: los dos condenados en el primer juicio deben afrontar un proceso por falso testimonio.
- Ernesto Fierro: cabo de la Policía de Seguridad Vial brindó un testimonio confuso y lleno de contradicciones sobre cómo fue el movimiento en la zona donde fue hallado el cuerpo.
- Gustavo Herrera: empleado policial de Raco que fue uno de los primeros en llegar a la escena del hecho.
- Raúl Lobo: ex director de Bomberos fue procesado por no saber explicar con exactitud cómo fue el traslado del cuerpo de la joven.
- Guillermo Polli: el chofer que supuestamente llevó a Sánchez a Raco, pero no supo explicar dónde quedaba la villa turística.
- Jesús Guerra: otro empleado de la Unidad Regional Norte que se contradijo en varios oportunidades cuando habló sobre la función que cumplió el día del hallazgo del cuerpo.
Los civiles
Hubo dos personas comunes y corrientes a las que el tribunal también pidió que se investigara por sospechar que no habían dicho la verdad cuando declararon. Son el empleado de vialidad Ramón Fernández y Macarena Bordatto, la mujer que se hizo famosa al viralizarse un video donde insulta a efectivos en el aeropuerto Benjamín Matienzo y que quedó mencionada en la línea narco del caso, la más polémica de la causa.
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