Gastronómicos, en alerta por el tope horario en Tucumán: "es una condena a muerte"

La cámara que nuclea al sector advirtió que el cierre a las 23 es "inconstitucional" y reclamó que la Justicia se expida de inmediato sobre su recurso de amparo.

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10 Abril 2021

La Cámara de Actividades Gastronómicas (CAG), que encabeza Constanza Bauque, expresó su rechazo a las nuevas restricciones horarias impuestas para el sector, como una de las medidas implementadas para afrontar la segunda ola de la pandemia de coronavirus covid-19.

En el sector aseguran que orden de cerrar los bares y restaurantes a partir de las 23 -comenzará a regir a partir de hoy- es "inconstitucional", y que además implica "una condena a muerte" para "numerosos establecimientos”.

Bauque, a través de un comunicado, insistió con que la medida es de "imposible cumplimiento" para el rubro, dado que los comerciantes aún soportan las pérdidas generadas durante 2020 por la cuarentena estricta ante la pandemia.

En ese sentido, la titular de la CAG indicó que el cierre obligatorio a las 23 para el sector gastronómico significaría "la caída de miles de puestos de trabajo". Por ello, instó a la Justicia provincial a pronunciarse de inmediato con relación a la acción de amparo interpuesta ante las limitaciones establecidas por el Gobierno provincial, a partir del DNU dictado por la Nación.

"(El cierre a las 23) viola nuestro derecho a trabajar y a ejercer una industria lícita como es la gastronomía”, aseguró Bauque. 

Además, sostuvo que no hay evidencias que vinculen los contagios de covid-19 con los bares y los restaurantes.

“Cuidamos a nuestros clientes, así como cuidamos nuestras vidas y a los trabajadores, no sólo por una cuestión de humanidad, sino porque vivimos de su asistencia y consumo en nuestros locales”, indicó.

Bauque remarcó que los empresarios gastronómicos no reciben ningún tipo de compensación por parte del Gobierno "ante la inactividad en los períodos de limitación horaria de atención". En cambio, dijo, deben pagar una serie de impuestos y cargas fiscales "incomprensibles, como el pago al Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, que no presta ningún servicio a la comunidad, lo que aumenta los montos adeudados y vuelve impracticable la actividad".

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