La pelea Manzur-Jaldo reflotó los misterios que se ocultan con los contratos políticos

Como si se tratara de una taquillera serie de Netflix, la interna peronista entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo habilita nuevos capítulos cada semana. La disentida elección de las autoridades de la Defensoría del Pueblo, hace casi dos meses, puso fin al diálogo y a la confianza entre dos protagonistas que se conocen muy bien: hace seis años que encabezan los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y durante 12 años formaron parte de la gestión de José Alperovich. Pero desde la sesión de aquel 8 de marzo, los caminos de ambos van en direcciones divergentes. Por ahora nadie se anima a arriesgar cómo y cuándo se dará el final de esta crisis política que parece abstraída de la realidad que se vive en la provincia. “Los únicos que conocen la historia completa son Manzur y Jaldo”, remarcó un experimentado dirigente del sur.

En la reunión de Labor Parlamentaria del martes, el bloque manzurista Lealtad Peronista puso el acento sobre el personal contratado que Presidencia cesanteó a sus 14 integrantes luego de que estallara el conflicto. Los legisladores Sergio Mansilla y Gerónimo Vargas Aignasse remarcaron que son una parte de la Legislatura y señalaron que no estás en condiciones de sesionar sin asesores. El jaldismo les reprochó que en distintas oficinas del Poder Ejecutivo también se están dando de baja cientos de contratos de dirigentes afines a ellos, además de otros daños que les provocó la pelea política.

Números desconocidos

Durante todo este tiempo y a pesar de acusaciones, enojos y reclamos cruzados, ninguno de los sectores había dado cifras individuales -o grupales- de los contratos caídos, ni delante ni fuera de micrófonos. Pero eso cambió el martes, ya que Jaldo afirmó ante la prensa que él ofreció “incorporar una parte importante de los 1.100 que han sido cesanteados”.

En base a lo dicho por el vicegobernador, una operación matemática simple permite inferir que cada uno de esos 14 miembros de la bancada manzurista cuenta con 78 empleados contratados. Sin embargo, fuentes parlamentarias explicaron que la distribución no es ecuánime sino más bien discrecional. Algunos aclararon que no están ni cerca de esas cifras, pero no precisaron cantidades ni identidades. Otros afirmaron -sin pruebas- que saben de pares que cuentan con más de un centenar de contratos. De parte de la oposición tampoco se dan a conocer las cifras, y mucho menos de parte del jaldismo.

Funciones y montos

Los contratados no forman parte de la planta permanente de la Cámara. A grandes rasgos, pueden estar registrados como asesores de los legisladores o como dirigentes en sus territorios. Los bloques políticos también cuentan con estos empleados, que pueden ser administrativos o colaboradores externos. Algo similar ocurre con Presidencia y otras oficinas de autoridades. Incluso hay quienes deslizaron que habría casos de colaboradores que fueron “heredados” de gestiones anteriores.

Fuentes legislativas explicaron que parte de esos contratos se suelen destinar para asesores técnicos de diversas áreas, los cuales los ayudan a analizar una problemática y a elaborar los proyectos de ley al respecto. Indicaron que otra parte de estos cargos temporales se les suelen dar a trabajadores o dirigentes que cumplen funciones territoriales o de contención social.

Los contratos irían desde unos $60.000, los más bajos, a $150.000 o un poco más, según si cuentan o no con extensión horaria. Sobre cómo se fija la categoría de los contratos hay dos versiones. Una apunta a que los definiría la Presidencia, y la otra es que se acercaría un presupuesto a cada legislador para que lo divida en cantidad de cargos y categorías según lo crea más conveniente.

Jaldo también remarcó en sus declaraciones que “así como hubo cesantías (en la Legislatura), las hubo de los dos lados. Si hubo bajas, hubo de los dos lados”. Conocer la cantidad de cesantías que hubo en oficinas que dependen del Ejecutivo en estos dos meses también es algo difícil de conseguir ya que Tucumán es una de las provincias que aún no adhirió a la ley nacional de acceso a la información pública N° 27.275, que entró en vigencia en octubre de 2017.

Legisladores del bloque que responden a Casa de Gobierno repasaron los dichos del vicegobernador y consideraron que hizo “declaraciones en caliente”, e insistieron con que debe cumplir con lo que dijo: que sólo sería una reestructuración de bloque y que él no iba a dar golpes bajos. A su vez, se preguntaron irónicamente por qué justo ahora que sus 1.100 contratados no cobrarán el mes de abril se comenzaron a ver largas filas en la Legislatura.

Descuentos por ley: Deiana presentó un proyecto para limitar las retenciones por planilla a los estatales

Luego del que el gobernador Juan Manzur suspendiera los descuentos a los empleados públicos para mutuales, el legislador Daniel Deiana presentó un proyecto para que se modifique la Ley 7.006 que regula la retención por planilla a los trabajadores de los tres poderes del Estado. La iniciativa, que podría entrar en la sesión del 6 de mayo, busca que los descuentos se otorguen o quiten sólo por ley. También prohibe que cualquier institución bancaria realice retenciones directas sin conformidad escrita de parte del agente. “Queremos que se termine la discrecionalidad de que el Poder Ejecutivo le dé y le quite el código de descuento a quien quiere”, expresó el jaldista. La iniciativa también lleva las firmas de Javier Morof, Raúl Ferrazzano y Roberto Palina.