13 Mayo 2021
Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación, rinde cuentas ante la Legislatura. Foto de Twitter @ricardobussi
El ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lichtmajer, respondió pasado este mediodía en su interpelación ante la Legislatura las consultas con relación al caso de la supervisora Andrea Margarita Miguel, quien asegura que es perseguida por las autoridades de esa cartera debido a las presuntas irregularidades que había denunciado.
En concreto, los legisladores habían solicitado al funcionario manzurista que informe “en relación con la separación dispuesta ante el inicio de una investigación administrativa” en contra de Miguel. Al respecto, el cuerpo colegiado instó a Lichtmajer a explicar “los fundamentos, proceso legal e intervenciones de cada área y los criterios, normas y motivación que se tuvieron en cuenta para disponer su reubicación mientras dure el mencionado proceso de investigación”.
Ante todo, Lichtmajer aclaró que sería “estrictamente descriptivo”. “Al haber un procedimiento en curso, de ninguna manera voy a establecer juicios de valor de ningún tipo, para garantizar el debido proceso y el ejercicio de la defensa”, expresó.
En ese sentido, el ministro de Educación sostuvo que se cumplió con la normativa que regula esta clase de trámites. “(El inicio del expediente contra Miguel) surge a partir de una denuncia realizada por la dirección de educación secundaria en contra de la agente, quien habría incurrido en a la comisión de irregularidades en el uso de licencias por razones particulares y por familiar enfermo durante el período de junio y julio de 2018”, detalló Lichtmajer.
El funcionario explicó que se tuvieron en cuenta informes de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio de Interior de la Nación, según los cuales "la agente se encontraba fuera del país en el periodo en el que solicitó la licencia mencionada”.
Ante ello, dijo Lichtmajer, se dio intervención a la Junta de Disciplina, “garantizando el derecho de defensa” de la supervisora. “Este organismo, valorando las pruebas, aconseja el inicio de una investigación administrativa con separación del cargo en contra de Miguel”, profundizó.
Según el ministro, el apartamiento del cargo de la supervisora fue decidido acorde a las leyes y normas que regulan estos procedimientos.
“La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación y la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia coinciden en que, del análisis de las actuaciones, de los informes técnicos, surgiría que la agente Miguel habría incurrido en irregularidades al tratar de justificar sus inasistencias con licencias”, añadió.
Además, sostuvo que "la separación preventiva de funciones de la agente, contemplada (en la normativa vigente), consiste en una medida precautoria que la administración se encuentra legitimada a adoptar. (…) No constituye una medida ilegítima o irrazonable”.
“El alejamiento de su lugar de trabajo es necesario para el esclarecimiento de los hechos, y la permanencia en sus funciones es inconveniente a los fines de la investigación, motivo por el cual, la docente Miguel fue reubicada”, detalló Lichtmajer.
Por otro lado, en la interpelación se le consultó al funcionario "si reconoce la denuncia ante vuestro Ministerio sobre el presunto cambio de dictámenes jurídicos emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de este Ministerio de Educación de la Provincia, en el marco de las presentes actuaciones preliminares de la citada docente”.
Lichtmajer fue tajante, en cuanto a "negar en todos sus términos lo denunciado” sobre un cambio de dictamen. “Se adjunta la documentación respaldatoria”, finalizó.
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