El legislador Raúl Albarracín (Partido por la Justicia Social) comenzó su alocución sin eufemismos cuando habían pasado las 19 de ayer, lo cual incomodó a Osvaldo Jaldo, quien lo interrumpió para haerle una aclaración. “Celebro que se haya desempolvado un instituto constitucional como la interpelación”, desenfundó el alfarista. “La Constitución no prevé la figura de la interpelación: es un pedido de informes”, prorrumpió el vicegobernador. El parlamentario asintió con un gesto, pero no desistió del argumento.
“Disiento con el ministro (de Educación) respecto de que se trate de algo extremo. Considero que es una manera formal y solemne del proceder legislativo”, completó.
Albarracín hizo hincapié en desde hace 15 años no se interpelaba a un funcionario de la Casa de Gobierno. Fuera del recinto, precisó a LA GACETA que la última vez fue en abril de 2006, cuando compareció el entonces ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, por el secuestro y asesinato de Paulina Lebbos. quien fue vista por última vez el 24 de febrero de ese año. Su cuerpo sin vida fue encontrado en una ruta en Tapia, el 11 de marzo.
“Tras una década y media, un ministro visita el recinto. Y es la primera vez que ocurre en este edificio”, contrastó.
Albarracín consultó al funcionario respecto de dos cuestiones centrales. Por un lado, la provisión de conectividad y de netbooks para las escuelas y los estudiantes de alta montaña, de las áreas “rurales dispersas” y de los sectores pobres. Por otro, las medidas de seguridad para los edificios escolares y para los alumnos.
Juan Pablo Lichtmajer puntualizó que se presentó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el plan para proveer de acceso a internet a escuelas rurales y de alta montaña. Luego, se manifestó partidario de los dispositivos de “cuadrantes de patrulla” que planteó la Policía. Finalmente, puntualizó que tramitaron ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) la provisión de cámaras de seguridad para las escuelas. “Es una inversión costosa”, reconoció.