¿Juan Pablo Lichtmajer es “brillante”, como lo calificó el manzurista Gerónimo Vargas Aignasse, o “un sofista” o “Houdini”, como lo describieron los radicales José Ricardo Ascárate y José María Canelada, respectivamente? La mirada política no permite saber qué definición es más cercana a la realidad. Hace falta una mirada técnica, pero ¿cómo pueden analizar los legos las complejidades del área más grande del Estado? Del Ministerio de Educación dependen 35.000 docentes y 1.281 establecimientos escolares, a los que acuden unos 450.000 alumnos. Actualmente en el marco de la “presencialidad cuidada”, algunos van a la escuela y otros toman clases virtuales en casa.

Tendrán que ir a estudiar

El jueves el ministro, citado para responder 43 preguntas en la Legislatura, dio una muestra de la complejidad de su Ministerio, al presentarse con asesores y carritos cargando 19 cajas plásticas en las que llevaba 27.000 fojas sobre los temas de que hablaba el cuestionario. Principalmente, nombramientos “ad referendum” entre 2016 y 2018; estado de las escuelas y uso de fondos provinciales y nacionales para reparar los establecimientos y situación educativa.

Al final de las 11 de horas de sesión les dejó las cajas a los legisladores para que las estudien o les echen una ojeada: de allí podrá saberse si, como dijo Lichtmajer, “es un sistema educativo que está de pie y funcionando”, o hace falta más claridad. En las primeras seis horas en que habló el funcionario se explayó en las respuestas, que motivaron repreguntas en las cinco horas siguientes, ya que para los opositores que venían empujando el cuestionario desde el año pasado (Canelada y Ascárate) no estaban aclaradas las dudas. Y así se fue, tranquilo, con algunas ideas fuerza arrojadas al recinto -“la única forma de mejorar es evaluando”-. Con la sensación de que había aprobado el examen. Los evaluadores, en cambio, se quedaron malhumorados y tendrán que ponerse a estudiar -no sólo a hojear- las fojas que les entregó Lichtmajer.

Afuera del recinto legislativo había grupos de apoyo, algunos de los cuales, ante la pregunta del periodista de LA GACETA, no sabían para qué estaban ahí. Y por otra parte protestaban los docentes autoconvocados, para expresar el malestar por la presencialidad: apenas se ha vacunado al 30% de los educadores (y no se avanzó); y todos -públicos, privados, oficiales, autoconvocados- le temen al contagio de covid y desconfían de las burbujas. Sobre todo ahora que se viene el frío y las propias autoridades sanitarias advierten sobre los riesgos de los amontonamientos.

Los docentes reclaman con convicción, aunque la sociedad está tironeada entre la necesidad de que los chicos asistan a clase presencial (lo cual obliga a las burbujas, los barbijos, las máscaras) para no atrasarse en el aprendizaje; y la socialización, y el miedo al contagio, ahora que los sanitaristas advierten que la curva vuelve a subir y que se están contagiando también los chicos. De este tema, que seguramente dará que hablar a medida que nos acerquemos al invierno, no se discutió mucho, sino cuando el ministro justificó que “tenemos más burbujas recuperadas que burbujas aisladas... no se propaga el contagio”. También cuando explicó sobre la conectividad y cuando se defendió con respecto a la infraestructura escolar.

La enorme brecha digital

Estos dos asuntos se vinculan con la posibilidad de asistir a clases o de tenerlas de modo virtual. Lichtmajer, que criticó al macrismo por haber disminuido el programa “Conectar igualdad”, dijo que hoy la educación es dual, pidió que las compañías telefónicas aporten para que les resulte accesible la conexión a los estudiantes y les entregó a los legisladores datos sobre acceso a internet de las escuelas. No se conocen esos datos, pero se sabe que por convenio con la Universidad Tecnológica se hizo un estudio técnico. En febrero, el decano de la UTN, Walter Fabián Soria, dijo que “la brecha digital es enorme. En zonas como el Gran San Miguel de Tucumán, Concepción y Monteros la conectividad avanzó, pero hay áreas sin ninguna cobertura, y se debe a que para las empresas no son redituables. Eso promueve una desigualdad muy grande. Por eso es necesario que ahí el Estado invierta para garantizar un acceso equitativo a la conectividad. En ese caso, además, debería ser un servicio gratuito para áreas como salud, educación y seguridad”.

En la Legislatura el ministro dijo que “tener internet en la escuela es una parte de la educación dual. Hay una parte que no se hace la escuela, y es ahí donde creo que tienen que intervenir las empresas de telecomunicaciones, porque eso está en el abono del celular o la tablet de las personas”. ¿Cuántos chicos del interior están fuera del sistema? La respuesta debe estar en las cajas.

Mezcla de áreas de refacción

En cuanto a la infraestructura edilicia, tiene que ser comprobada la respuesta del ministro de que el 8% está en malas condiciones sanitarias y que se bajó del 39% de diciembre a este procentaje actual mediante los arreglos y el aprestamiento. Probablemente el informe de la UTN también dé cuenta de si las escuelas están preparadas para que se cumplan los protocolos sanitarios anticovid. Afuera del recinto los autoconvocados proclamaban que no, aunque ellos tampoco tienen acceso a los datos. Nadie habla tampoco de cómo se las están arreglando en estos tiempos de aulas con ventanas abiertas en las que los chicos tienen que ir con mantas y colchas a clase.

El arreglo y mantenimiento de escuelas fue explicado en la mezcla curiosa de áreas que intervienen: detalló que el Ministerio de Educación se encarga del aprestamiento; que la Nación impulsa la edificación de obras nuevas y que Construcciones Escolares, perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas, lleva adelante los trabajos de ampliación y de refacción. “Así funciona el esquema”, dijo. Con eso lo ametrallaron a preguntas sobre el dinero empleado para arreglos. No se sabe bien eso. En la cuenta de inversión de la Provincia de 2019, citada por el periodista Federico van Mameren hace unas semanas en el ciclo “Panorama Tucumano” de LGplay, se da cuenta de que se bajó el presupuesto para educación y de que se redujo un 60% el gasto de Construcciones Escolares. Ante los legisladores, Lichtmajer lo justificó en la reasignación de gastos para salud por la pandemia.

No se habló de los auxiliares de limpieza, pese al escándalo de los 500 que protestaron en el sur por falta de pago y obligaron al cierre de unas 30 escuelas. Las autoridades culpan a una fundación contratada, pero la situación es rara. Ya se veía en diciembre, cuando se hicieron las colaciones de grado y surgió que hacían falta unos 600 conserjes.

Nombramientos irregulares

Cuando se trataron los temas de titularización docente y de nombramientos comenzó la parte densa del encuentro. Saltó que, dado que está intervenida la Junta de Clasificación (nadie dice por qué) se han hecho nombramientos irregulares (250, dijo Ascárate) y se gasta un dineral en la Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica ($ 460 millones, dijo Ascárate). Le preguntaron a Lichtmajer por qué no hay padrones, por qué no se llama a concurso, por qué se nombró personal en las áreas técnicas “ad referendum”. El ministro respondió, pero la claridad probablemente esté en las cajas que deberán analizar los legisladores.

Al final, la grieta en el PJ metió la cola con la discusión entre el jaldista Javier Morof, que quería enrostrarle al ministro nombramientos supuestamente irregulares, y el manzurista Sergio Mansilla, que a los gritos hizo desviar la presentación de Morof. El detalle de eso también podría estar en las cajas.

Las preguntas de los legos son si esto llevará a que se dilucide realmente si está bien o mal el funcionamiento de este megaministerio: la obligación de los ministros de dar explicaciones ante los legisladores es tan liviana en Tucumán que se les entregan las preguntas escritas para que estudien bien antes de presentarse al examen (una evaluación “cantada”, inadmisible en la verdadera educación) y los evaluadores no pueden hacer repreguntas de otros temas. Así salió catalogado como “brillante”, como “sofista” y como “Houdini”. Tal vez se sepa en la próxima sesión. Claro que la conclusión a la que vayan a arribar los legisladores no obligará a nada al Ejecutivo. Así cualquiera aprueba.

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