02 Junio 2021
El coronavirus ha ratificado este año un problema estructural que planteó desde sus orígenes como pandemia: la limitada capacidad del sistema de atención de la salud. Una limitación que es inherente a todos los países del mundo. Y que, por supuesto, también padece Tucumán, como lo han demostrado los “códigos negros” de los centros de internación públicos y privados con esta segunda ola. Muchos se han quedado sin camas para albergar nuevos contagiados graves. Y en todos los hospitales y sanatorios, sin excepción, los equipos profesionales de terapia intensiva están trabajando al límite de las humanas fuerzas.
Como agravante, la segunda ola nos plantea un segundo problema, derivado del hecho de que durante 2020 la Argentina vivió una de las cuarentenas más prolongas del mundo. Ese período no sólo fue de confinamiento social, sino también –y fundamentalmente- de cuarentena económica. Entonces, por un lado se encuentra la fatiga anímica de no pocos miembros de la sociedad, cada vez más renuentes a enclaustrarse una vez más. Por el otro, se halla el agotamiento material de empresas y de comercios para enfrentar una nueva clausura de las actividades económicas.
Entre la primera ola de la covid-19 y la actualidad, cuando sufrimos en este país y en esta provincia su segundo período de recrudecimiento, una de las certezas que fueron adquiridas consistió en que solamente mediante la vacunación masiva podría encararse un principio de salida de la pandemia. Entre uno y otro momento los argentinos, y los tucumanos por supuesto, supieron que esa inmunización masiva demoraría.
En este punto es donde la falta de previsión por parte del Gobierno provincial se convirtió en una situación que empeora el ya delicado cuadro socioeconómico provincial. Por un lado, las disposiciones referidas a nuevas restricciones exhiben una nula capacidad de anticipación de las autoridades provinciales. Con respecto a las aplicadas entre el 22 y el 31 de mayo, el presidente Alberto Fernández las anunció el viernes 21 por Cadena Nacional y las autoridades provinciales dictaron a última hora de ese día las medidas para la provincia. Tanto es así que no entraron en vigencia al día siguiente sino el domingo, para que pudieran ser comunicadas oficialmente. El argumento oficial es que necesitaban contar con el Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación para analizarlo. Sin embargo, Tucumán dispuso una adhesión lisa y llana al DNU federal. Luego del feriado puente del lunes 24 y del feriado nacional del martes 25, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció una ayuda económica para restaurantes y bares de la capital. Sólo después de ello, la Casa de Gobierno comunicó que otorgaría un subsidio a los empleados de comercio y a los gastronómicos. Recién entonces la Legislatura hizo público que estudiaría un proyecto de ley con paliativos para el sector privado provincial.
Con las restricciones que rigen desde el lunes no hubo mayores diferencias metodológicas: las nuevas medidas provinciales se dieron a conocer minutos antes de la medianoche del sábado 30, con lo cual sólo tuvieron comunicación oficial a partir del día siguiente.
Frente a la reiteración de este patrón conducta, resulta necesario distinguir que una cosa es no poder anticiparse en términos de salud pública a la pandemia (casi ninguna administración ha podido hacerlo) y que otra muy distinta es ir un paso detrás de la Nación, como si hubiera mayor celo en no desautorizar ni contrariar medidas de la Casa Rosada antes que en prevenir a los tucumanos respecto de nuevas restricciones y de paliativos económicos para enfrentarlas.
El fundador del peronismo acuñó como una de sus máximas la definición de que “la planificación vence al tiempo”. En tiempos de pandemia, los oficialismos, y especialmente los embanderados en ese movimiento, deberían mostrar un mayor esfuerzo en planificar medidas que ayuden a vencer la aflicción ciudadana propia de la incertidumbre por la evolución del coronavirus; y la angustia de los emprendedores por la carestía de recursos derivada de ella.
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