Los informes brindados en la Legislatura por el ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer y la documentación complementaria que lo acompañó cosechan más críticas que halagos. Excepto por los elogios brindados por legisladores del bloque Lealtad Peronista en la sesión del 13 de mayo, parlamentarios jaldistas y de la oposición reiteraron su disconformidad para con el funcionario. Plantearon inconsistencias discursivas y jurídicas; documentación muy voluminosa pero mayormente alejada de lo requerido; e interrogantes que siguen sin respuestas. Por estos motivos es que se mantiene el interrogante sobre si se aprobará o no su informe.
La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside el jaldista Javier Morof, tiene previsto reunirse hoy a las 11 para tratar la exposición de Lichtmajer. De haber acuerdo, puede que se allí surja un dictamen que dilucide el interrogante. Es que si bien aún no hay fecha para una próxima sesión de Cámara (podría ser la semana entrante), se acordó que dicho tema será el primero del orden del día.
En diálogo con LG PLAY, Morof recordó que en el recinto el ministro dijo que llevó 19 cajas con unas 27.000 fojas de documentación respaldatoria. No obstante, afirmó que el material fue organizado por personal de la Cámara y que se halló mucho menos contenido que el declarado. “Llevó 11.543 fojas, y 5.000 nada tiene que ver con el cuestionario”, afirmó. Y agregó: “si llego a las 500 fojas de (lo requerido para la) interpelación a Lichtmajer es mucho. Llevó papeles por llevar”.
De todos modos, el legislador de la bancada Justicialista de Todos dijo que la decisión será tomada en bloque. “Si fuera decisión personal, hace rato le hubiera dado el pulgar abajo y hubiera denunciado cosas en la Justicia”, dijo, esto último en relación a las cooperativas que trabajan en las escuelas.
Los opositores José María Canelada (UCR) y Nadima Pecci (FR), miembros de la comisión, opinaron -sin ánimos de anticipar su decisión- que hay muchos elementos para rechazar el informe. “Hemos realizado un estudio minucioso de las carpetas que el funcionario presentó. También de sus dichos en el recinto, y todo puede sintetizarse en un viejo proverbio: ‘tanto gre gre, para decir Gregorio’. En otras palabras, la exposición legislativa solo busco disfrazar la realidad. Intentó confundir, mostrarse solvente y dejó más dudas que certezas”, dijo. Además, afirmó que el ministro “violentó las leyes vigentes para designar personal por fuera de las pautas previstas en el Estatuto Docente”.
Pecci, en tanto, dijo que hay motivos para rechazar el informe. A modo de ejemplo dijo: “nunca se logró explicar por qué existe personal que actualmente cobra un sueldo del Ministerio de Educación y que no accedió a dicho cargo mediante los procedimientos legales, como así tampoco pudo explicar de dónde surge la facultad del Ministro para efectuar tales designaciones por lo que las mismas se evidencian irregulares.
Ascárate solicitó datos al Tribunal de Cuentas sobre resoluciones de Educación
El radical José Ricardo Ascárate, impulsor de los pedidos de interpelación a Lichtmajer, se expresó muy crítico contra el ministro. Si bien no tiene voto en la comisión de Asuntos Constitucionales, el artículo 70 del Reglamento Interno de la Cámara le permite participar con voz. Por ello envió un escrito a Morof con su opinión para un dictamen de rechazo al informe que realizó el ministro. Allí marcó inconsistencias de lo expresado en el recinto y en la documentación acercada. “La conclusión es sencilla: una burla a la Honorable Legislatura de Tucumán”, lanzó. A su vez, opinó que “se debe proceder a la devolución de la documentación al Poder Ejecutivo con una enérgica nota de rechazo a todo lo informado”. Por otra parte, dijo que consultó al Tribunal de Cuentas (TC) presuntas irregularidades graves que no fueron respondidas por el funcionario. Para ello envió una nota al presidente del TC, Miguel Chaiben Terraf, con una veintena de consultas sobre resoluciones realizadas por Educación entre 2018 y 2019. En ese sentido, el radical dijo a la prensa que sin tener una Acordada respaldatoria ni el referendo del Ejecutivo el funcionario ha realizado designaciones y se destinan unos $480 millones a una dirección que ha sido creada por el ministro sin seguir los canales legales correspondientes.