Crisis carcelaria: la interna del oficialismo agrava el problema

La interna del oficialismo está agravando la crisis carcelaria. Mientras los problemas florecen día a día, ni siquiera se conformó la comisión de seguimiento de la ley de emergencia en seguridad que debería encargarse de atender esta difícil situación. Además, las diferencias entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo han frenado los proyectos de obras que estaban previstos.

“Por falta de personal, sólo puedo dar curso a los pedidos de informes que realizan los pares. Estamos paralizados”, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad, Gerónimo Vargas Aignasse. Los integrantes de este cuerpo, justamente, son los encargados de controlar la situación de emergencia. LA GACETA intentó infructuosamente comunicarse con el representante jaldista Javier Morof para que diera a conocer su versión de la situación.

Ese equipo, que también debería haber estado integrado por representantes del área del Ministerio de Seguridad y de la Justicia ordinaria y Federal, no se conformó el año pasado por la pandemia. “En ese momento decidimos darle prioridad a la cuestión sanitaria y ahora, porque no podemos contar con personal necesario. Compañeros de bancada necesitan de profesionales para que los asesoren, pero no los tienen”, acotó.

El radical Raúl Albarracín indicó que la última reunión de la comisión se realizó el 17 de febrero. “El presidente evidentemente tiene un rol de protector del ministro (Claudio) Maley más que de conducir este grupo”, señaló. “Los recursos policiales de las comisaría no deberían estar cuidando presos. Estamos hablando de un problema que, en este caso, el Estado fue incapaz de resolver, a pesar de la emergencia”, indicó.

“La única solución para la crisis carcelaria es la construcción de nuevos centros de reclusión que sean modernos y estén destinado a la reinserción social”, opinó Federico Masso, de Libres del Sur. Este legislador y Albarracín consideraron que de manera urgente se debe avanzar con las construcciones de la cárcel de Benjamín Paz y de la alcaldía de Banda del Río Salí.

El proyecto de la construcción del nuevo penal de Benjamín Paz, que tendrá capacidad para 3.800 personas, y que supuestamente se lo construiría con una inversión de U$S 200 millones que aportaría la Nación, está demorada y es muy poco probable que se concrete este año. “En estos momentos las prioridades son otras, como la cuestión sanitaria”, destacó una fuente de casa de Gobierno.

El anuncio de esta obra se viene repitiendo desde hace por lo menos tres años. Fueron tantas las reuniones que se desarrollaron para tocar este tema entre los miembros de la fuerza que ya es hasta motivo de bromas. “Nos mostraron tantas veces las maquetas que hasta le pusieron una laguna con patitos para convencernos”, dijo un alto comisario.

La otra opción planteada era la construcción de una alcaldía para 450 personas -tampoco sería la solución definitiva del problema, sino un simple paliativo- en Banda del Río Salí. Oficialmente no se informaron los motivos, pero todo parece indicar que el intendente jaldista Darío Monteros no estaría tan entusiasmado con avanzar con el proyecto. “Se está analizando otras posibilidades; una de ellas es hacerla en Las Talitas. El intendente (Carlos) Najar, que es afín al gobernador (Juan) Manzur estaría dispuesto a colaborar con esta iniciativa”, explicó Vargas Aignasse.

La edificación se realizaría en un sector de los ex Arsenales. Pero en esta oportunidad, no se la instalaría en un sector que esté protegido por las causas de lesa humanidad. Ese fue el impedimento para que se concretara el proyecto presentado por los referentes del macrismo en nuestra provincia. José Cano y Silvia Elías de Pérez habían realizado la gestión para la construcción de una alcaldía, pero el juez federal Daniel Bejas les negó la autorización.