Un legislador denunció a la Dinayf por el informe del caso Rocío

El caso de Rocío, la niña de 4 años que fue asesinada el 1 de julio -según la investigación fiscal- por las personas que estaban a cargo de su cuidado, podría ocasionar cambios internos o rotaciones dentro del ministerio de Desarrollo Social.

Por su actuación ante este caso, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (pertenece a ese ministerio) quedó expuesta como un órgano estatal que no estaba logrando dar respuesta para todos los casos de menores en riesgo en la provincia; además de haber evidenciado otras irregularidades que fueron planteadas por la jueza Claudia López, por los colegios de Psicólogos y de Trabajadores Sociales, por la defensora Nacional de Niñez y por la comisión de Familia y Niñez de la Legislatura.

El presidente de la comisión, el legislador Ricardo Ascárate, le dijo a LA GACETA que tras leer el último informe que le habían solicitado a la Dirección, preguntó a la titular Mariana Cirelli sobre ciertos puntos del oficio en el que entendía que no se había procedido acorde a la ley. “Lo primero era proteger a la niña. Con este informe están asumiendo que no procedieron bien”, sintetizó el parlamentario, que presentó una denuncia penal por incumplimiento de deberes del funcionario público al ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin y a la cúpula de la Dinayf. En la denuncia de Ascárate consta: “de la respuesta (al informe solicitado) se desprenden falencias, negligencias y serias omisiones en la actuación desplegada por le organismo”.

¿Qué dice el informe?

La directora Cirelli y la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, María Guadalupe Casas, le respondieron a la comisión legislativa que en 2019 tomaron conocimiento sobre la situación familiar de M.R., madre de Rocío, de otras dos nenas de 8 y 10 años y de un bebé de meses. También dijeron que tomaron intervención por un caso de presunto abuso sexual a una de las niñas y por el que se acusó a la pareja de M.R. Así se abrió un primer expediente.

Esa situación se evaluó “con nivel de criticidad medio”, en el que los profesionales intervinientes describieron: “(a una) progenitora con dificultades para asumir la crianza, que no habilita la posibilidad de contención y ayudas necesarias por parte de su familia de origen/ampliada por motivos diversos… (una) progenitora con antecedentes de la Dinayf y del Poder Judicial sobre ella o sobre sus hijos”.

A su vez, las funcionarias resaltaron que según el Protocolo Interinstitucional de Aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dinayf debe realizar una evaluación pertinente en un plazo de hasta 30 días “a fin de elaborar un diagnóstico que comprenda la identificación situaciones problemáticas o conflictivas a nivel social o subjetivo; indicadores de riesgo, recursos simbólicos, materiales, comunitarios y familiares con los que se cuenta”. Y que luego la Dinayf determinará las medidas de protección a aplicar en un período máximo de 240 días con el fin de restituir los derechos o hacer cesar la amenaza sobre el niño y planificar una solución.

Destacaron que hay situaciones en las que la Dirección podrá derivar la intervención a otro órgano de aplicación local “manteniendo una intervención subsidiaria de acompañamiento a la problemática”.

Detallaron que el pasado 15 de abril la Fiscalía de Violencia de Género I exhortó a la Dirección a tomar conocimiento de la situación de vida de Rocío y de su hermanito. “Es así que el 30 de abril, una licenciada en Trabajo Social establece la primera comunicación telefónica con María Carolina Graneros (la ‘madrina’, una de las acusadas del crimen de Rocío), concertando una cita para llevar a cabo la entrevista social correspondiente”, argumentaron las funcionarias.

Sostuvieron que el 6 de mayo Graneros se presentó en las oficinas de la Dinayf y que una trabajadora social redactó un informe con base a lo manifestado por Graneros. De ese escrito se desprende que, según la madrina, los niños convivían temporalmente con Graneros desde diciembre y que en abril quedaron de forma permanente bajo su resguardo, “dada la denuncia por malos tratos realizados por la presente (Graneros) en destrato de M.R... que a la denuncia la realizó a los efectos de salvaguardar a los niños, posicionándose como referente de los cuidados de los mismos, ante los riesgos inminentes del vínculo materno filial”, se leyó.

Se detalla que, posteriormente, la profesional indicó que “intentó establecer una comunicación telefónica con Graneros el 17 de junio y el 28 de junio, con el objeto de ahondar en la situación actual de los niños a cargo, todo ello tendiente a efectivizar la visita domiciliaria para continuar con el abordaje correspondiente”.

También argumentaron que el 2 de julio, un área de la secretaría de Educación y Cultura de Lules les informó que el hermanito de Rocío estaba al cuidado de otra familia, que no pudo acreditar vínculos con el niño, ni el motivo por el cual el bebé se encontraba bajo su cuidado. Razón por la que ese día la Dinayf y la Policía realizaron la medida excepcional de separar al niño de esas personas sin parentesco ni filiación.