Ayer se cumplió exactamente un mes de lo que no fue. El 23 de noviembre iba a representarse en Tucumán la obra cordobesa “La puta mejor embalsamada”, pero amenazas de sectores vinculados al peronismo (ofendidos por el título, que remite a Eva Duarte de Perón -ver “La obra...”-) forzaron a levantar las dos funciones previstas en el teatro municipal Rosita Ávila. La Fiesta Provincial del Teatro, en cuyo marco el espectáculo figuraba como invitada especial, se opacó y nada de lo que siguió fue igual.
Si alguien cree que el tiempo pasado ha sido suficiente para el olvido, está equivocado. La comunidad artística tucumana (no sólo la teatral) está activa en contra de la censura y ha sumado apoyos nacionales. Una reciente asamblea de teatristas emitió un documento crítico que consiguió cientos de firmas de referentes locales y de otras provincias. Previamente, una delegación mantuvo reuniones con el titular del Ente Cultural de la Provincia, Martín Ruiz Torres y con el representante local del Instituto Nacional de Teatro (organizador de la Fiesta), Roberto Toledo.
La promesa de los dos funcionarios a Jaime Mamaní (delegado provincial de la Asociación Argentina de Actores), Tuly López y Beatriz Lábatte fue que el espectáculo se reprogramará para marzo. Pero no se avanzó en nada concreto. Además, el Consejo de Dirección de INT emitió su propio pronunciamiento repudiando lo sucedido.
En tanto, el titular del Ente convocó para la próxima semana a la Red de Concejalas de la Provincia (movilizó el repudio a la obra) a dialogar con la idea de consensuar criterios entre los cuales, el respeto al hecho artístico debería ser el primero.
Los últimos hechos
En orden cronológico de los últimos hechos, el máximo órgano del Instituto (INT) fue el primero en hablar. Expresó “su profunda preocupación por los acontecimientos”; remarcó “su enérgico rechazo a todo tipo de condicionamiento del contenido artístico de las producciones teatrales” y reivindicó “la altísima calidad técnica y artística de ‘La puta...’, que da fe de su seriedad, profundidad y respeto en el tratamiento de nuestra historia nacional y sus protagonistas”.
El INT recordó que la Fiesta “se gestionó a partir de acuerdos con organismos públicos jurisdiccionales (el Ente), los cuales tienen a su cargo diversos aspectos operativos y logísticos, algunos de los cuales son considerados imprescindibles, como por ejemplo la garantía de la seguridad personal, grupal de las personas intervinientes y el derecho a la libre expresión”. Subrayó que antes de las funciones, “se empezaron a recibir informaciones que daban cuenta de cuestionamientos y reclamos de sectores minoritarios de la comunidad local, quienes objetaban la presentación del espectáculo”.
“Nada de esto se manifestaba por carriles formales, sin embargo, el clima previo se fue enrareciendo, generando un importante alerta respecto a una potencial escalada de los reclamos. Ante esta situación de incertidumbre, sumado al complejo clima social que estamos transitando, desde la organización se entendió que no estaban dadas las condiciones de viabilidad para la presentación, sobre todo para garantizar el desarrollo de la función sin incidentes y cumplir con el fundamental cuidado a las y los artistas. Resulta prioritario preservar a las y los trabajadores y se decidió apelar a la prevención de cualquier tipo de situación anómala, postergando la realización de la función hasta lograr garantizar el normal desarrollo”, agregó, para completar afirmando que “se propicia la generación de nuevos acuerdos institucionales que posibiliten la concreción de la presencia del espectáculo, garantizando el acceso del público a todas las manifestaciones teatrales, el respeto por la tarea comprometida del elenco y reivindicando el respeto irrestricto a la libertad de expresión como pilar del sistema democrático”.
El tema también fue abordado el fin de semana, en la reunión nacional de representantes provinciales a la que asistió el tucumano Toledo. El cuerpo respaldó lo resuelto por el Consejo de Dirección, sin más.
Más de 400 firmas
Luego, la semana pasada, un plenario de teatristas emitió un pronunciamiento que estuvo abierto a adhesiones hasta el lunes y se declaró en asamblea permanente y en estado de alerta y movilización. El texto reunió más de 400 avales, incluyendo a firmantes de todas las ramas artísticas; colectivos de derechos humanos; artistas, grupos y elencos de Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Santiago del Estero, Catamarca, Salta Jujuy, La Rioja, Capital Federal, Misiones, Santa Fe, Mendoza y Chaco; la Universidad Nacional de Córdoba y del elenco teatral de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
En el escrito se calificó a lo sucedido con “La puta...” como “una censura que violentó a un grupo de teatro, a teatristas de Tucumán, al público y a la comunidad toda, ensombreciendo el espíritu de lo que debía ser una fiesta”.
“La versión de los funcionarios sostiene que se recibieron amenazas y que se corría peligro (en caso de hacer la obra), pero nada se dice sobre a quiénes se amenazó, cómo y quiénes realizaron dichas amenazas; tampoco se está investigando ni se denunció penalmente las supuestas amenazas referidas. El único documento que se hizo público es una nota presentada al Ente en la que les firmantes expresan sentirse agraviades por el nombre”. “La censura artística en la provincia no es un hecho aislado: en septiembre la exposición ‘Randa testigo’ fue bajada del Museo Nacional de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, en un ambiente de violencia y confusión similares”, se recordó.
“¿Les artistas en esta provincia estamos en peligro? ¿Las instituciones ocultan y sostienen de manera deliberada a quienes amenazan nuestras expresiones y nuestros cuerpos? No podemos naturalizar la violencia, ni avalar sucesos autoritarios como estos, cuyos objetivos parecen ser querer disciplinarnos y despolitizar a la fuerza el arte y la cultura. No basta para reparar el hecho la reprogramación de la obra como se prometió, mientras no se esclarezca, se investigue y se responsabilicen por lo sucedido. Tenemos la obligación de construir más y mejor democracia, sobre todo en momentos históricos como los presentes de avance conservador y de ultraderecha que ponen constantemente en peligro todos los derechos humanos. El camino sólo puede ser visibilización, concientización, participación y organización popular, en diálogo real y construcción colectiva con las instituciones que debieran representarnos”, se planteó.
Los cuestionamientos abarcaron precisamente a esas instituciones: “parecen estar empecinadas en alejarse de la comunidad y en tomar decisiones en sus políticas públicas que asumen o permiten el avance de posiciones antidemocráticas”.