El inconcluso debate sobre la ley de narcomenudeo

“Todas las bandas grandes comienzan siendo una banda pequeña”, dice el ex funcionario nacional Alberto Föhrig, para describir con precisión la necesidad de contemplar desde el origen la forma de enfrentar el problema del narcomenudeo, al estilo de la teoría de las “ventanas rotas” que tan efectiva resultó como política de seguridad en los años 90 en Estados Unidos. En efecto, en esa necesidad de hacer frente el conflicto del narcotráfico a partir del pequeño vendedor y del pequeño comprador se sustenta la hipótesis de que se le va a comenzar a dar respuestas a la sociedad mientras el negocio ilegal y dañino de las drogas va en aumento en el país –sobre todo en Santa Fe- y también en nuestro medio. El gobernador Interino, Osvaldo Jaldo, insistió en estos días en la necesidad de que la Provincia cuente con la ley para combatir el narcomenudeo. “A la inseguridad hay que atacarla por todos los frentes, y esta problemática es uno de ellos… El Poder Ejecutivo dio todas las herramientas necesarias para que la norma se implemente. No podemos seguir dilatando esta cuestión: el narcomenudeo no para de avanzar”, dijo el mandatario.

La cuestión, no obstante, se encuentra paralizada por desinteligencias severas entre la voluntad del Ejecutivo de insistir con la ley tal como fue planteada allá por 2014, con ciertas modificaciones, y la compleja estructura que requiere la Justicia para hacerse cargo, ya sea en el orden federal como en el provincial. El ministro público fiscal, con argumentos similares a los del Poder Ejecutivo (el narcotráfico es uno de los principales problemas de seguridad de nuestro tiempo) llegó a conclusiones diferentes en cuanto a lo que hay que hacer. El Ejecutivo dice que ya se pueden crear estructuras, capacitar personal y nombrar jueces y fiscales, y el ministerio público afirma que no están dadas las condiciones y que se producirá un colapso en el sistema si la Provincia se hace cargo del combate al narcomenudeo en las circunstancias actuales. De hecho, la misma Justicia Federal se encuentra colapsada en este sentido y el debate lleva años. Además, se remarca que en la discusión sobre la jurisdicción federal o provincial de la lucha contra el narcotráfico el país no ha terminado de establecer líneas divisorias ni programas de acción en cada caso. Ahí entra, concretamente, la realidad de que al cortar las amarras del sistema de lucha antinarcóticos las fuerzas de seguridad se van a dedicar a la persecución del pequeño dealer y del mismo adicto y van a dejar de perseguir al gran narcotraficante. Argumento que también genera debates sin que se llegue a un acuerdo. Pero en los hechos se ha visto que la tarea de las fuerzas de seguridad se ha centrado más en la persecución del pequeño traficante mientras el fenómeno del narcotráfico no para de crecer y de extenderse.

No parece descabellado, no obstante, que se debata el tema en profundidad, en busca de una salida. Ya son muchos los años que lleva esa discusión sin resolverse, lo cual muestra un fracaso estructural de nuestros funcionarios. El experto Föhrig, citado al comienzo, señala que “tener una política de persecución del narcomenudeo no quiere decir encarcelar consumidores” y también señala que “no hay una infraestructura adecuada para tratar y rehabilitar a personas de bajos ingresos y con serios problemas de adicción. Eso se ve en los barrios todo el tiempo”.

Corresponde entonces, que el debate no sea una lucha entre el Poder Ejecutivo y la Justicia para ver si se sanciona o no la ley, sino en ver la forma de enfrentar el problema. “Con la misma ley podés tener dos estrategias totalmente distintas de persecución de la criminalidad organizada. Pero estoy seguro de que el narcomenudeo es un eslabón clave en la persecución de la criminalidad organizada”, sentencia el experto. Habría que tenerlo en cuenta.