Alberto Fernández: “no hay una regla que diga cómo repartir la obra pública”

El presidente Alberto Fernández tuvo una cita con la Justicia en la jornada de ayer. Durante casi tres horas, el titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) declaró como testigo en el juicio que se sigue por las irregularidades en la obra pública –más precisamente se investigan los contratos de obras viales que recibió Lázaro Báez- durante los tres gestiones del kirchnerismo y defendió a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la principal acusada del caso. A lo largo del interrogatorio, el Presidente cuestionó varias veces la acusación y llegó a mantener un fuerte cruce con el fiscal, Diego Luciani.

“Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”, dijo el Presidente, que sostuvo que el modo en el que un gobierno reparte la obra pública es una decisión “no judiciable”.

“Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle más plata a alguien, en los hechos es imposible que eso ocurra. Y eso es lo que me llama la atención de este juicio, a mí el decreto de procesamiento de Cristina me llamó la atención”, dijo en un tramo de su extensa declaración.

Una de las hipótesis que baraja la parte acusatoria es que se redistribuyeron partidas presupuestarias para luego asignarlas a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en la provincia de Santa Cruz. Precisamente, esa tarea de reasignación de partidas presupuestarias es propia de los jefes de gabinete. En relación a esto, Fernández dijo que durante su rol en ese cargo no estaba involucrado con las cuestiones de la obra pública.

El mandatario insistió en que “no hay una regla que diga cómo repartir la obra pública” en el país y ante las repreguntas del fiscal, Fernández espetó: “Usted no me escuchó bien antes o tiene un problema de comprensión”. Ante estas palabras, el presidente del tribunal Jorge Gorini intervino y Fernández aclaró: “De ningún modo quise faltarle el respeto al doctor”, dijo en alusión al fiscal que impulsa la acusación contra la vicepresidenta en este proceso legal.