01 Marzo 2022
La emergencia del sistema carcelario arrastra hace décadas un grave problema irresuelto, retroalimentando un círculo vicioso que vive la provincia. Promesas de creación de nuevos centros de detención que se escuchan y resuenan en campaña, en el inicio de sesiones legislativas anuales o cuando se evaden presos de los distintos centros de detención. La realidad que impone el nuevo código procesal penal, las inconstitucionales contravenciones continúan superando ampliamente la capacidad de alojamiento de personas privadas de libertad, sumado a la falta de recursos humanos que deben realizar la tarea. La fuerza de seguridad detiene a quien ha cometido un delito, la justicia se encuentra con el obstáculo más duro: ¿dónde alojar a las personas que enfrentan un proceso penal? Las comisarías no son espacios propios para su alojamiento ni el personal policial el apropiado, que deja de cumplir su labor de prevención, para destinar recursos al cuidado y traslado de los detenidos que, sumado a las aprehensiones por contravenciones, es un combo que explota por los aires generando motines, fugas, personas lesionadas, personal policial sumariado, entre otras situaciones. Los responsables de las políticas criminales tienen la responsabilidad de crear espacios para personas en contexto de encierro y siguen realizando promesas estériles mientras, hay quienes sostienen que estas medidas no generan votos, otros afirman que los delincuentes son víctimas y no debieran estar detenidos, que no interesa resolver la superpoblación carcelaria, quienes opinan que las cárceles no funcionan. Muchas hipótesis posibles en una sola realidad aún sin zanjar.
.Mariela Adriana Weisheim
mawl1980@hotmail.com
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