La caída del "Malevo": un juicio con final abierto

El 26 de noviembre de 1993 se transformó en un día histórico para la provincia. En esa jornada, Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra, se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados para ser enjuiciado por el triple crimen de Laguna de Robles. Ese fue el último de los excesos que cometió a lo largo de su carrera policial. Excesos que, por una razón u otra, siempre quedaban impunes. Esa fue una de las principales razones por las que creció su figura de un humilde servidor público que hacía justicia para proteger a la sociedad. Pero en realidad, era un oficial que se escondía detrás de su uniforme (en su caso un jean, una camisa negra y un sombrero blanco tipo Panamá) para cometer excesos en nombre de la ley.

La fiscala Marta Jerez, acompañada por el actual juez de impugnación Eudoro Albo, quien fue el investigador de la causa, no dio demasiadas vueltas a la hora de presentar el caso ante los jueces Pedro Roldán Vázquez, Julio Espíndola Aráoz y Carlos Norry. Señaló que José Adolfo “Coco” Méndez, José “Yegua Verde” Vera y Enrique “El Pelao” Andrade fueron asesinados a sangre fría cuando los traían detenidos de la ciudad salteña de Güemes. Los acusados, además de Ferreyra, fueron Juan Antonio Sotelo, José Enrique Vairetti, Carlos Alberto Correa, Emilio Onofre Herrera, Juan Luis Hermosa, José Horacio Brito, René Alberto Albornoz y José Antonio Tula. Las defensas estuvieron a cargo de Juan José Reyven, Juan Carlos Nacul, Felipe Taboada y Dante Ibáñez.

La declaración es el mejor recurso defensivo que tiene un acusado cuando afronta un juicio. Así sucedió en este debate. Ferreyra fue el primero en hablar frente a un tribunal. Cuando hizo uso de la palabra, durante horas habló, gesticuló y actuó para que los jueces creyeran que la muerte de los tres asaltantes se había producido en un enfrentamiento armado. Reconoció que ellos fueron a Güemes a confirmar la versión que indicaba que habían secuestrado el auto en el que se movilizaban los supuestos asaltantes, pero como comprobaron que había sido falsa, decidieron regresar a la provincia y de allí programaron operativos de control en el camino donde se registró el triple crimen. “En un tiroteo nadie puede medir ni sincronizar nada, todo es instinto, como si desapareciera la persona”, explicó Ferreyra. Los otros siete imputados declararon casi lo mismo, sin fisuras. Sólo Herrera prefirió no hablar, pero sí pidió hacer una corrección en la declaración que realizó en la etapa de instrucción.

Otro de los puntos fuertes a los que apuntaron los defensores fue tratar de demostrar que este caso formaba parte de una especie de venganza por la denuncia de corrupción que había realizado el ex jefe de la Brigada de Investigaciones a través de una nota publicada por LA GACETA. Y sostenían esa sospecha al analizar que no se habían cumplido una semana de esa presentación, la Justicia solicitó su detención por un hecho ocurrido dos meses antes y luego de que el fiscal Ramiro Vargas Nieto no encontrara ninguna evidencia que lo llevaran a descartar la teoría del enfrentamiento.

Ausencia clave

La pieza clave en el caso era el agente Luis Dino Miranda, el hombre que dejó atrás todos sus miedos y contó su versión de lo acontecido en Laguna de Robles. Con sus dichos, se inició una investigación que terminó llevando a la cárcel a “El Malevo” y a sus hombres. Pero el policía arrepentido no estuvo en el juicio. Por un problema de salud mental no ratificó sus dichos ante el tribunal. Para los defensores, esa fue una estrategia para que ellos destruyeran el testimonio, al que consideraban débil porque no tenía mucho sustento. Oficialmente se informó que no podía estar presente en el debate por padecer psicosis paranoide con delirio persecutorio.

“Un trastorno externo violento puede provocar en forma definitiva la instalación de la enfermedad”, comentó Enrique Idígoras, director del cuerpo médico forense. “Este es un proceso evolutivo largo que viene desde hace mucho tiempo, en el que una serie de denuncias en contra de Miranda (una por flagelación de un discapacitado, otra por violación y una tercera por homicidio) fueron estructurando una personalidad perversa”, indicó Fredy Cubas Córdoba, el perito contratado por los acusados.

Ambos médicos coincidieron en señalar que con la patología que padecía Miranda sus declaraciones podrían no haberse ajustado del todo a la verdad, pero ninguno se arriesgó a determinar si el cuadro existía en diciembre de 1991, cuando declaró ante la Justicia. “Quiero creer que no debe haber estado en pleno estado de conciencia porque el tiempo transcurrido desde los hechos hasta la realización de la junta médica, es breve. Pero en medicina nada es matemático”, aclaró Idígoras.

Los imputados por triple homicidio agravado, también intentaron destruir al testigo clave. Todos coincidieron en señalar que era un efectivo lleno de vicios y carente de virtudes. Todos mencionaron que cuando regresó al servicio, cuando ellos estaban encerrados en la cárcel, él era detenido por haber sido descubierto cobrándole una coima a un empresario santafesino. También descartaron que el testigo haya podido ver algo de lo sucedido porque no formó parte de la comisión policial que viajó a Salta. “No lo veía bien psíquicamente y nadie quería tenerlo en su equipo. Yo le decía el ñoqui de la Brigada porque iba dos horas por la tarde y no aparecía más”, declaró Vairetti. Y eso no es todo, el suboficial planteó en medio del debate otra teoría: “en el Fiat 125 en el que se trasladaban los delincuentes, por lo que pude ver, se trasladaban cuatro personas. Creo que la cuarta era Miranda”.

Los testimonios

Por la sala pasaron numerosos testigos. El ex comisario Aráoz declaró, y después ratificó en un duro careo con “El Malevo”, que él le había avisado que los integrantes de la banda de asaltantes habían sido detenidos en Salta. Entre ellos, los policías salteños que recibieron a los tucumanos en la ciudad de Güemes. Allí confirmaron que los efectivos arribaron a ese lugar el 8 de octubre y se quedaron ahí. El cabo Víctor Mario Albornoz, el oficial Reinaldo Choque y el comisario Guillermo Adolfo Chávez relataron que hasta los acompañaron a cenar empanadas a un lugar que se llamaba “El Turco Sucio”.

También dieron su testimonio Alberto Alcaraz y Julio Brito, denunciados por el “Malevo” de haber utilizado la fuerza para enriquecerse ilícitamente. Ambos contaron los detalles de la denuncia que realizó Miranda, el agente que se había transformado en el testigo clave por haber contado lo que había sucedido en Laguna de Robles. Ambos destacaron que en la noche en que el agente les contó el episodio se veía muy nervioso y que varió su criterio en cuanto a denunciar que lo habían querido matar sus propios compañeros. “Miranda dijo que se sentía perseguido y que mentalmente no daba más”, explicó Brito. “Tomé la determinación, con o sin el consenso de mis pares, de hacer la denuncia. Tengo la obligación jurídica de hacerlo”, agregó.

El ex comisario Antonio Martín Miranda, hermano del denunciante, generó sorpresas cuando prestó declaración en la audiencia. Él y su otro hermano, Lucio (cuya casa fue ametrallada supuestamente por miembros del Comando Atila) viajaron a Salta para traerlo después de la ejecución. “Nos dijo que había tenido un problema. Jamás me contó lo que había pasado, sí me pidió que le dijera a Ferreyra que no quería volver a trabajar con ellos”, contó Antonio Miranda. “Un día le pregunté si era cierto que lo habían querido matar. Me dijo: no quiero saber nada de ese tema. Jamás hablamos del hecho”, añadió.

En un hecho que casi no tiene precedentes en la historia de la provincia, el jefe de Policía Víctor Lazarte también fue citado a declarar en el debate. Su testimonio fue contundente en dos puntos: catalogar al “Malevo” como un hombre indisciplinado y confirmar que el supuesto control caminero que habían hecho en Laguna de Robles había sido ilegal porque no cumplieron con ninguna de las normativas que se deben seguir en este tipo de procedimiento, que debe hacerse con gente uniformada, con los autos colocados a la vera de la ruta y con sus balizas encendidas para la seguridad de los automovilistas y de los propios efectivos.

También se escucharon las palabras de Francisca Albornoz de Vera, madre de “Yegua Verde”, quien dijo que una comisión policial se había presentado en su casa el 4 de octubre buscando a su hijo. “Me dijeron que lo estaban buscando para que colaborara con la investigación. Todos estaban armados”, indicó la mujer, que señaló que los efectivos no tenían ninguna orden de allanamiento. Después declaró Ariel Vera, el hermano del fallecido. “Un policía entró a mi pieza y no dejó que me destapara la cara. Me quise levantar y no me dejaron. Revisaron debajo de la cama y después se fueron”, indicó.

El peso de las pruebas

En un juicio, las pruebas son claves para inclinar la balanza. Su valor es mucho mayor que las declaraciones de los testigos. Y, pese a que testimonialmente no había ningún elemento definitorio, en las pruebas sí. Hubo dos elementos que fueron clave: la lista confeccionada con los nombres de todos acusados en el puesto de peaje que daban cuenta que los imputados pasaron hacia Salta el 8 de octubre y no regresaron por ese lugar. Las pericias balísticas confirmaron que las víctimas habían recibido disparos de varias armas y no sólo la del FAL con el que el “Malevo” dijo haber ultimado a los supuestos asaltantes. Los especialistas señalaron además que los disparos fueron efectuados a corta distancia, es decir, avalaba la teoría de la ejecución y descartaba la del enfrentamiento.

La forense Rita Luna Urréjola confirmó que el disparo que recibió Vera en la nuca debió causarle la muerte de inmediato. Esa afirmación puso en serias dudas la versión de los acusados de que al llegar al Fiat 125 en el que se movilizaban los delincuentes, la víctima se movía “como un péndulo emitiendo gemidos”. Los forenses Alfredo Cayetano Bellomío y Augusto Colombres descartaron de plano que los asaltantes fallecidos hubieran estado esposados cuando fueron ultimados. “Los edemas que tenía Vera en sus manos pudieron haber sido producidas por un sinnúmero de patologías”, explicó el primero de los especialistas.

Todas las partes confiaban en su postura. Los acusadores hablaban de una condena segura. Los defensores, de una clara absolución. Se trataba de un juicio, como dicen en tribunales, con final abierto que, sin importar el resultado, desataría una enorme polémica.