La caída del “Malevo”: de los golpes a las “caricias”

Úndecima parte

Tucumán se había transformado en un polvorín. Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra se escapó caminando de tribunales luego de haber sido condenado a prisión perpetua por el triple crimen de Laguna de Robles y ardió la provincia. Para el gobierno de Ramón Bautista Ortega, la captura de Ferreyra se había transformado en cuestión de Estado. Los que no estaban tan convencidos eran los policías que debían buscarlo. “Palito”, su gabinete y los funcionarios judiciales lo sabían.

Cuando ocupaba el cargo de secretario de Gobierno, el actual ministro fiscal Edmundo Jiménez había fijado postura sobre el tema: “algunos miembros de la fuerza actúan con un sentimiento corporativo. Así ocurre con ciertos médicos y abogados hacia sus colegas que cometieron ilícitos. Saben que es un criminal, pero prefieren decir: ‘yo no soy verdugo, no me meto (...). Quizás hay policías que tienen cola de paja y temen que Ferreyra les destape sus cositas. Pero la mayoría está en condiciones de enfrentarlo y detenerlo. Y, llegado el caso, de disparar contra él”.

Jiménez, de quien dependía directamente la Policía, en medio de tanto escándalo destacó dos cosas en una nota publicada por LA GACETA. “Por primera vez en la historia tucumana, la Justicia actuó con seriedad y a fondo ante un policía de gatillo fácil. Enjuiciar y condenar al ex jefe paralelo de la Policía fue una decidida acción de hombres y mujeres valientes. No era sencillo detener a un insano mental que tenía una picana eléctrica en su propia casa”, advirtió.

El escándalo nacional obligó a Ortega a tomar otro camino. Por un lado, quería a atrapar a Ferreyra como fuese y por eso no dudó en convocar la ayuda de las fuerzas federales, sin saber que a esos hombres tampoco les interesaba pasar a la historia por haber capturado o abatido a Ferreyra, un personaje que despertaba simpatía en todo el país y hasta en otros lugares del mundo. Sí, la fuga de “El Malevo” y su figura habían atrapado la atención de varios medios de comunicación internacionales. Pero a la vez, el Gobierno pretendía mostrar un perfil humanitario con los condenados por el triple crimen. “No se entendía bien esa estrategia. Eran personas que habían recibido una dura condena y el gobernador visitaba a sus familiares para ayudarlos. Era al menos contradictorio el mensaje que se pretendía dar”, explicó el ya jubilado juez Pedro Roldán Vázquez, presidente del tribunal que envió a Ferreyra al penal de Villa Urquiza.

Sorpresiva visita

“Una visita inesperada”, tituló LA GACETA la crónica donde relataba el encuentro que había mantenido Ortega con las familias de los condenados René Albornoz y Carlos Correa. “No la vamos a desamparar, usted cuenta con nuestro apoyo”, le dijo “Palito” a Claudia Moreno de Correa. A la pareja del otro condenado, Silvia Ibarra, le dijo algo similar: “no las dejaremos solas, estaremos a su lado”.

El gobernador no estuvo solo. Fue acompañado por el secretario de Gobierno José Ricardo Falú, el secretario del área, Jiménez, y el jefe de Policía Víctor Rubén Lazarte. “Ortega temía que se produjera una revuelta policial, por ese motivo se mostró activo y quiso dejar una imagen de protección a los condenados. Sabía que algunos de ellos no habían tenido nada que ver, pero lo mismo fueron sentenciados”, indicó un ex funcionario.

Sin que quedaran registradas imágenes, la comitiva se presentó en la comisaría de La Reducción, donde se encontraban detenidos Albornoz y Correa. “Nos llamaron los changos de la guardia para decirnos que el gobernador quería hablar con nosotros. No entendíamos nada, nos preparamos y fuimos a su encuentro. ‘Palito’ nos dijo que él creía en nuestra versión y por eso estaba ahí”, explicó Albornoz en una entrevista con LA GACETA. “Esa fue la primera vez que recibimos ayuda oficial, después vendría otra más importantes”, explicó.

El agente relató que en la entrevista “Palito” le preguntó cómo estaban integradas sus familias y quiénes se harían cargo de ellas. “Le comenté que en mi caso nadie, porque subsistíamos gracias a mis ingresos en la Policía. También le dije que mi mujer no tenía trabajo y que vivíamos en una casa precaria”, agregó Albornoz.

“La solución llegó rápido, mucho más rápido de lo que creía. Una camioneta oficial la buscó al día siguiente. Primero la llevaron al Instituto de la Vivienda, donde le dijeron que le adjudicarían una casa; también le avisaron que la incorporarían como personal de maestranza en una escuela de la zona y además le entregaron un subsidio de $2.000 para que cubriera todos los gastos. La casa sigue siendo nuestra y a ella le queda poco para jubilarse en el mismo trabajo”, comentó el agente.

Entrega pactada

La parroquia de Lules fue el escenario de una puesta en escena pocas veces vista en la historia de nuestra provincia. Con los primeros rayos de sol del 30 de diciembre de 1993, el comisario Juan Sotelo se entregaba. Descendió de un Peugeot 504 escoltado por cuatro compañeros de la ex Brigada de Investigaciones. Después de bajarse, se trasladó al interior del templo, donde lo esperaba el gobernador Ortega.

A los pocos minutos, se presentó la madre del prófugo y luego lo hicieron Falú, Jiménez y el jefe de Policía Lazarte. Ellos se quedaron afuera, mientras “Palito”, el condenado y su madre se quedaron rezando por un par de minutos en el templo. A la salida, varios fotógrafos y camarógrafos retrataban el momento. “En el caso de Sotelo, el Gobierno y la Policía ya cumplieron, ahora será entregado a las autoridades judiciales para que dispongan los pasos a seguir. Afortunadamente, la entrega de los prófugos va dándose de un modo incruento. Seguiremos haciendo todo lo posible para que las familias de los condenados no sufran por algo en lo que no tienen nada que ver, como veníamos haciéndolo hasta ahora”, explicó Falú, el funcionario político más importante del orteguismo. Así generaba un profundo malestar en el Poder Judicial, ya que con sus palabras desacreditaba el trascendental fallo.

Siempre se dijo que fue la madre del prófugo la que se presentó en la Casa de Gobierno para hablar con Ortega. En un rápido encuentro, según la información proporcionada por las autoridades de esos tiempos, ella y el titular del PE pactaron las condiciones y el lugar donde se presentaría Sotelo.

“No era vida la que llevaba, por eso decidí entregarme. Hablé con un familiar para que se contactara con unos compañeros de la fuerza a los que tenía confianza. Les di la dirección donde me encontraba oculto, me fueron a buscar y después me llevaron al lugar donde estaba el gobernador”, explicó el condenado en una entrevista con LA GACETA, desmintiendo en gran parte la versión que habían dado los funcionarios del orteguismo.

Un misterio

Pese a todo el esfuerzo de las autoridades, aún quedaba capturar a “El Malevo” y a Enrique Vairetti. Supuestamente, los policías los buscaban en todos lados. La fiscala Joaquina Vermal sospechaba que la fuerza no cumplía con su deber. Y fundaba esa teoría porque cada vez que ordenaba un allanamiento, los efectivos llegaban y los vecinos reconocían que habían visto a los prófugos escaparse entre una y dos horas antes. Había enormes probabilidades de que ambos evadidos recibieran la información precisa de sus compañeros para no caer.

Ortega viajó a Buenos Aires a pedir ayuda a su amigo, el presidente Carlos Saúl Menem. Pretendía que todas las herramientas con las que contaba la Nación se enviaran a Tucumán para dar con los dos hombres más buscados. Esa versión, que hablaba de los problemas que tenía la Policía para encontrar a los evadidos, generó una fuerte reacción por parte de Falú. “El PE no pidió tropas federales, sino que se limitó a dejar libre el camino burocrático con una nota ante el subsecretario de Seguridad Interior Hugo Franco”, indicó. El funcionario también habló sobre cuál era el ánimo de los integrantes de la fuerza. “Antes, por mucho menos, se agredía la Legislatura o se arrojaban excrementos a la Casa de Gobierno. Ahora, las unidades funcionan disciplinadamente”, subrayó.

Pero más allá de las declaraciones del funcionario, se sabía que en Tucumán integrantes de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional y del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) recorrían las calles de la provincia en búsqueda del “Malevo” y de Vairetti. “Vinieron de vacaciones, porque mucho no hicieron. Además, como sucede en este tipo de casos, por día se recibían decenas de llamados que indicaban que estaban en Concepción, en Trancas, en Tafí del Valla y en Leales. Los veían en todos lados y hasta se manejaba la versión que se encontraban en Bolivia”, comentó un investigador.

En ese afán por encontrarlo y llevarse el premio mayor, se cometieron excesos. Rodolfo Palacios, presidente de la Cooperativa Algodonera de Agua Dulce, departamento Cruz Alta, estuvo detenido más de un día por error. Los policías lo arrestaron porque señalaron que él había trasladado a Ferreyra en una ambulancia, pero no fue así.

El cooperativista viajó en el Tren Bioceánico, y en Campo Grande, capital del estado Río Grande do Sul, compró un sombrero blanco, como que el usan los “gauchos” brasileños y que en Tucumán popularizó “El Malevo”. “Palacios lo lució ante la delegación y retornó en avión a Tucumán con el gobernador Ortega, siempre con el sombrero puesto”, publicó nuestro diario. “El 2 de enero viajé en la ambulancia con el síndico de la cooperativa, Juan Domingo Brizuela. Llevaba puesto mi sombrero blanco”, declaró. El martes 4 lo detuvieron en la ruta 302, lo llevaron a la sede de la Cooperativa y, tras tenerlo cuatro horas a bordo de un automóvil, esposado, lo trasladaron hasta la Jefatura de Policía”, publicó LA GACETA. Luego de declarar ante el fiscal de feria Horacio Villalba, recuperó la libertad y se llevó un enorme pedido de disculpas.