Por Gustavo Rodríguez
11 Abril 2022
LOS ACUSADORES. Los fiscales Manuel López Rougés y Carlos Sale fueron los que sostuvieron la acusación en el juicio.
La investigación del caso estuvo cargada de polémicas. La pesquisa sobre la desaparición de María de los Ángeles Verón se dio en un momento muy particular de la historia judicial y policial de la provincia. Había muy pocos fiscales y otro criterio para cubrir las subrogancias: no se designaba a un solo investigador como ocurre actualmente, sino que se turnaban cada dos semanas para atender el expediente. Por eso sólo fue el ya fallecido fiscal Pedro Gallo el único que no tocó el expediente, ya que él sólo debía atender los casos de corrupción que ingresaban en su oficina, la única especializada en esos tiempos.
Fueron tantos los problemas que se generaron en la etapa de instrucción, que por pedidos de Susana Trimarco el ministro fiscal Luis De Mitri aceptó que sea sólo un fiscal el que llevara adelante la pesquisa. “Lo hizo porque la señora se lo había solicitado, no porque era una medida lógica que se debía tomar”, explicó una fuente. “Los resultados hubieran sido mucho más satisfactorias, no hay dudas”, señaló el mismo funcionario judicial.
Joaquina Vermal
Fue la que inició la investigación y realizó la mayoría de las actuaciones. Ella terminó elaborando la teoría de que Marita había sido secuestrada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Este fue el primer caso importante que le tocó investigar después de haber sido restituida en su cargo por una medida judicial, ya que por su actuación en la investigación de la fuga Mario “El Malevo” Ferreyra, a través de un juicio político la habían destituido injustamente. Pese a los graves problemas de salud que padecía, logró sumar indicios claves en la pesquisa. Murió en junio de 2003.
Trimarco, la madre de Marita, siempre sospechó del momento en el que falleció: fue días antes de que le tomara declaración a los policías de La Ramada, los que cometieron irregularidades cuando se sospechaba que la joven había sido vista en esa localidad del norte de la provincia. “Susana comentó de esta situación a las autoridades de Estados Unidos”, comentó Carlos Garmendia, representante legal de la Fundación María de los Ángeles Verón.
Gustavo Estofán
Antes de que muriera su par Vermal, intervino en la investigación y posterior detención de Domingo Andrada, el policía catamarqueño que fue acusado de haber trasladado a la joven tucumana a los centros de explotación sexual de La Rioja.
“Quiero que se queden tranquilos que estamos haciendo todo lo posible para encontrarla”, señaló en una conferencia de prensa cuando estaba al frente del expediente. Renunció a su cargo en 2004 cuando avanzaba un pedido de juicio político por la muerte del niño Guido Robles, un caso de mala praxis que sigue tramitándose en la justicia.
Héctor Abrahan Musi
También estuvo al frente del expediente durante un tiempo como fiscal subrogante. Públicamente no se conoció mucho sobre su actuación en el caso, pero en los pasillos de tribunales son muy recordadas las discusiones que tuvo con el secretario Ernesto Baaclini y otros funcionarios de la fiscalía VIII porque insistía con que se le otorgue la libertad a la mayoría de los detenidos.
“Uno de los incidentes más graves se produjo cuando intentó mediar por Daniela Milhein y todos los funcionarios se opusieron. Amenazaron con pedir todos juntos licencias para no tener que poner sus firmas en el pedido”, recordó una fuente. Carlos Posse, defensor de varios de los acusados, señaló que por insistencia de varios de los funcionarios “se nos rechazaron todos los pedidos de libertad que presentábamos. Recién pudieron salir de la cárcel cuando cumplieron los dos años con prisión preventiva”.
El fiscal Musi fue destituido en 2004 por su vinculación en la conocida “causa 4x4”, por lo que quedó detenido, luego fue condenado y finalmente terminó siendo absuelto por la justicia federal.
Teresita Marnero
Tomó una de las decisiones más polémicas en la causa. Con el testimonio de Simón Nieva consiguió que un juez ordenara la detención de María Jesús Rivero y de su hermano Víctor. Según su teoría, el hombre había sido el autor del secuestro de Marita en Thames y Santiago del Estero junto a otros dos desconocidos por pedido de la ex esposa de Rubén “La Chancha” Ale.
Después de haber solicitado esa medida, se excusó de seguir investigando el caso por la participación del defensor Carlos Posse, con el que había tenido serios problemas con el caso Mansilla. La fiscala se jubiló hace varios años.
Carlos Albaca
La Corte Suprema de Justicia declaró la causa como asunto de feria, es decir que no debía paralizarse durante los recesos por vacaciones. Y al ex fiscal le tocó dirigir la investigación durante todo un enero. Cuentan los memoriosos que personal de la fiscalía VIII llevó los cuerpos para que la investigación no se detuviera. Por pedido de uno de los funcionarios colocaron los papeles sobre un mueble que se encontraba en una de las oficinas.
“Cuando regresamos en febrero, una de las primeras cosas que hicimos fue ir a averiguar qué se había hecho. Al consultarles, nos dijeron que no se había producido ninguna novedad y que ninguna de las partes solicitó que se realizara medida alguna”, comentó uno de los empleados que desarrolló esa tarea. “Los expedientes estaban en el mismo lugar, con un poco de polvo”, añadió.
Albaca decidió jubilarse antes que enfrentar un juicio político por su actuación en la investigación de la desaparición y el posterior crimen de Paulina Lebbos. El funcionario judicial fue condenado el año pasado por encubrimiento por el trabajo que no realizó en la pesquisa del femicidio de la estudiante.
Adriana Reinoso Cuello
A los meses de haber asumido en su cargo, el ministro fiscal De Mitri le asignó la investigación del caso. Su primera participación en el expediente fue interrogar a los hermanos Rivero. Al no tener demasiados elementos en su contra, decidió darles la libertad, pero les comunicó que seguirían ligado al proceso. A dos años de haberse producido la desaparición de Marita, poco pudo hacer para investigar ese punto.
Solicitó que la causa fuera elevada a juicio en contra de 10 personas y solicitó que sean sobreseídas otras 15. El ya jubilado juez Víctor Manuel Pérez rechazó su planteo y el la discusión se resolvió a través de la opinión jurídica de otro funcionario judicial.
En medio de la investigación, la fiscala fue invitada por la Embajada de Estados Unidos a participar de un encuentro internacional sobre la lucha contra la trata de personas. “Estuvieron especialistas y fiscales de todo el continente, salvo los de Venezuela porque las autoridades no les permitieron participar. Fue una experiencia muy interesante y enriquecedora”, comentó Reinoso Cuello. “En el marco de este encuentro me invitaron a la embajada para interiorizarse de la causa Verón. Me preguntaron muchas cosas, pero la que más me llamó la atención fue cuando me consultaron sobre si había alguna posibilidad de que la fiscala Vermal haya sido víctima de un homicidio. Les respondí que se había considerado que había fallecido por causas naturales”, finalizó.
La fiscala recibió una distinción de la Fundación María de los Ángeles Verón por la tarea que desarrolló en el caso en un acto que se desarrolló días atrás en los actos que se organizaron para recordar los 20 años de la desaparición de Marita. Ella está al frente de la búsqueda que se encuentra registrada en el régimen conclusional.
Adriana Giannoni
Al asumir como titular de la Fiscalía VIII, que era la que conducía Vermal, se enviaran los expedientes a su despacho, pero antes de que terminaran de llegar, por decisión de De Mitri, volvieron a poder de Reinoso Cuello que terminó cerrando la investigación.
Hernán Castellano
El fiscal de Cámara fue el que resolvió la discusión jurídica que se planteó cuando el juez Pérez rechazó las absoluciones de 15 personas que había solicitado Reinoso Cuello a la hora de elevar la causa a juicio, ya que él pretendía que sean enjuiciados los 25 imputados en la causa. Finalmente, el funcionario judicial opinó que a los que ya habían sido asegurados, deberían sumarse los hermanos Rivero y Gonzalo Gómez, otro de los riojanos.
Los acusadores
Esta no era una causa más. La Corte dispuso que, por su complejidad y por la trascendencia mediática que tenía, la acusación debía ser sostenida por dos fiscales. A Manuel López Rougés sumaron Carlos Sale. “Fue una de los grandes desafíos que se me presentó en mi carrera. Fue muy importante la experiencia que sumé con esa causa. Creo que logramos un gran resultado con lo que teníamos había en la causa, que no fue mucho”, explicó el fiscal que después cumplió idéntico trabajo en otro caso que marcó un antes y un después en la provincia: el segundo juicio por la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos, que aún continúa impune.
Justamente, los casos Verón y Lebbos marcaron un antes y un después en el seno del Ministerio Público Fiscal. Generó un cambio de mentalidad y terminó de convencer a los funcionarios que la especialización de las fiscalías era absolutamente necesaria.
También dejó al descubierto que necesita un equipo propio de investigadores para no contar únicamente con la Policía para llevar adelante las investigaciones. Por eso se creó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscal, que generó independencia a la hora de afrontar las pesquisas más delicadas. Pero esas variantes no fueron inmediatas, sino que tardaron varios años en concretarse.
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