Caso Goretti: la Justicia no autorizó la colocación del chip a la niña

“Un magistrado confirmó mis sospechas y ahora se debería iniciar una investigación”, aseguró el legislador Ascárate.

EN TRIBUNALES. El caso denunciado es investigado por la justicia. mpf EN TRIBUNALES. El caso denunciado es investigado por la justicia. mpf

Un informe elaborado por la Corte Suprema de Justicia llevó algo de claridad a un polémico caso. Un juez confirmó que no autorizó que se le colocara un chip anticonceptivo a una menor que estaba internada en el Hogar Goretti y que había denunciado que fue abusada. La respuesta del magistrado podría transformarse en el inicio de una nueva investigación.

El legislador opositor Ricardo Ascárate había solicitado un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia sobre lo actuado por el juez que entendía en el caso. “No consta ninguna autorización efectuada por el Juzgado para la colocación de un dispositivo anticonceptivo en el brazo a la niña. Tampoco consta en autos que el Santa María Goretti haya solicitado autorización alguna o realizado comunicación al respecto”, detalló el juez de Familia Víctor Raúl Carlos.

Con la firma del presidente del máximo tribunal, Daniel Leiva, Ascárate recibió el martes la respuesta a su pedido. Además de la información de la implementación del dispositivo, se detallaron todas las acciones que se realizaron a favor de la niña. Entre otros, se mencionan los tratamientos a los que fue sometida.

“Una vez más quedó demostrado que no cumplieron con lo que dicen las normas que se necesita autorización para hacerlo. Esto demuestra que no se cumplió con la ley y que se debe hacer una investigación más profunda”, explicó el legislador opositor. “La norma es clara: no se puede colocar un chip a los menores de 14 años sin autorización de los padres o, en su caso, del magistrado que atiende su caso.

Los funcionarios provinciales insistieron que no es necesario hacerlo y que esta situación está protocolizada desde hace bastante tiempo. Comentaron además que ya presentaron la información correspondiente a las autoridades judiciales.

A raíz de este caso, el gobernador interino Osvaldo Jaldo, a través de un decreto, ordenó una auditoría en todos los institutos de la provincia que albergan a niños y adolescentes, a personas con discapacidad y a adultos mayores, y que dependen del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Lorena Málaga.

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