Por Gustavo Rodríguez
22 Abril 2022
SE COMPLICÓ SOLO. La situación procesal de Edgar Bacchiani se agravó luego de que tomara la decisión de internarse por un problema de salud.
Edgar Adhemar Bacchiani, el CEO de Adhemar Capital, se encuentra en su peor momento desde que estalló el escándalo por su financiera. La Justicia Federal de Catamarca ordenó su detención, pero hasta el cierre de esta edición no se había concretado. Se dictó la medida luego de que los abogados de los inversionistas y los fiscales que intervienen en el caso solicitaran su arresto, lo que fue aceptado por el juez Miguel Contreras. Sin embargo, no trascendió si sucedería lo mismo con los otros ocho señalados, entre ellos los tres tucumanos, aunque todo indicaría que sí habría medidas en su contra.
“Extraoficialmente nos enteramos que había librado un pedido de detención en su contra. Estamos esperando la notificación”, aseguró Lucas Retamozo, uno de los defensores del ejecutivo. “Él está en su caso y, bajo ningún aspecto piensa fugarse como se informó en diferentes medios. Una vez que nos notifiquen veremos cuáles son los pasos a seguir”, confirmó el profesional catamarqueño.
Ayer, en Córdoba también se había realizado el mismo planteo, pero en este caso, ante la justicia ordinaria de esa provincia. “Hay que ser un buen jinete para montar a tan semejante mentira y no golpearse en la caída”, aseguró irónicamente el abogado Carlos Nayi. El profesional representa a los inversionistas cordobeses que también aparecen como perjudicados, le confirmó a LA GACETA que le pidió a la fiscala Valeria Rissi que sea arrestado, al igual que los tucumanos Sofía Aylán, María Lihue Banegas y Lucas Barrera Oro. “Está claro que cada uno tenía asignada una tarea específica en esta maniobra. Al no haber contado con una autorización para realizar operaciones financieras, la empresa navegó en el río de la ilegalidad hasta que se hundió”, añadió.
Mientras realizaba ese planteo, en Catamarca, el abogado Alfredo Aydar, que representa a tres tucumanos, presentó en la justicia federal de Catamarca un pedido para que sea arrestado. “Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de una condena condicional, sumado a la conducta desplegada en las últimas horas por el acusado, quien proporcionó falsa información al público en general, damnificados y al mismo sistema judicial con respecto a su estado de salud y estadía, desconociendo en estos momentos cuál es su paradero y maniobras previstas, lo que nos hace presumir que no se someterá a los llamados judiciales”, argumentó el profesional que también solicitó la detención de todos los sospechados. La misma postura tomaron los fiscales federales Santos Reynoso y Rafael Vehíls Ruiz.
Bacchiani se internó el fin de semana pasado en una clínica catamarqueña. Sus allegados dijeron que había sufrido un principio de ACV y que se encontraba siendo atendido en la unidad coronaria. Mientras los representantes de las víctimas solicitaban que sea revisado por una junta médica, el CEO abandonó el lugar. Las mismas fuentes dijeron que había viajado a Buenos Aires y otros, que se encontraba en algún lugar oculto de la vecina provincia y que no habría sido el que él había fijado como domicilio ante el juez Contreras.
Aydar, en la presentación que realizó, destacó: “ante las pruebas que esta parte viene proporcionando de forma reiterada a la presente causa, quedó demostrado que es su intención destruir, modificar, ocultar y suprimir las evidencias que son importante en esta etapa de investigación”. “Lo más importante y que fuera debidamente acreditado por esta parte, el hostigamiento y amenaza desplegado hacia los testigos, siendo que en los medios de comunicación manifestó que quienes debían tener miedo eran los que estaban por denunciarlo”, añadió.
Complicaciones
La conducta de Bacchiani terminó complicando la situación de los otros ocho sospechosos. Al igual que él, fueron acusados de realizar operaciones no autorizadas, estafas, lavados de activos y asociación ilícita Savaire Celeste Garce Ruso (colombiana, pareja del titular de la empresa); José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca, Héctor Rodolfo Sagripanti Orellana, Pablo Antonio Sosa, Aylan, Banegas y Barrera Oro.
“Me comuniqué con las autoridades de Catamarca para informarles que estaban a disposición de la Justicia. No me informaron sobre ninguna medida en contra de ellos. De todas maneras, como dije desde un primer momento, están dispuestos a colaborar para que se aclare su situación”, expresó el defensor de ambos, Javier Lobo Aragón.
Adhemar se dedicaba a recibir montos en pesos y dólares para la compra de criptomonedas que se depositaban en una cuenta a nombre de Bacchiani. A cambio, los inversionistas recibían entre un 15% y un 22% de interés mensual, una tasa mucho más redituable que la que ofrecían los bancos. Los problemas comenzaron cuando la Comisión Nacional de Valores le ordenó no realizar más operaciones. Ofreció una reestructuración de la deuda que, hasta el momento, no se cumplió.
Según la información a la que tuvo LA GACETA, en nuestra provincia se firmaron unos 780 contratos y en Córdoba, según las estimaciones de Nayi, unos 200 más. Es prácticamente imposible determinar cuántas son las personas damnificadas, puesto que en los convenios aparece la firma de uno sólo, pero en realidad era el representante de un grupo de entre dos y 10 personas.
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