Por Roberto Delgado
10 Mayo 2022
“BARRIO PRIVADO”. “Las Pirámides” está entre San Javier y Villa Nougués, en un predio de la UNT. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
“Todas esas casas deberán ser demolidas”, reiteró Máximo Castro, abogado de la Universidad Nacional de Tucumán, a propósito de las construcciones que se realizan en el barrio privado “Las Pirámides”, erigido en la ruta 338, km 28, en el terreno que corresponde al parque Sierra de San Javier, que pertenece a la UNT. “Cuando hicimos la querella por reivindicación hemos pedido dos cosas. Una es la destrucción de las construcciones y la otra es una indemnización por daño ambiental que se utilizará para la reconstrucción del bosque nativo. Todos los ocupantes deberán pagarla”, explicó.
Casas de fin de semana
Hasta ahora se sabe que en el predio, que está en litigio entre la UNT y el ocupante Próspero Marcelo Sosa (quien loteó y comenzó el emprendimiento inmobiliario por internet, lo cual se supo en 2018) ya tiene 47 viviendas, muchas de las cuales son precarias de tipo prefabricadas, y pocos ocupantes han sido identificados. “En las dos ocasiones en que recorrimos el barrio encontramos muy poca gente. Nos parece que la mayoría debe ser gente que tiene casa abajo y que usa esas viviendas en el cerro para ir los fines de semana”, dijo Castro.
En cuanto a quienes fueron identificados y demandados, sólo están Sosa y su hijo Marcio, más dos matrimonios. También, una mujer que se fue del barrio y que aparentemente está en querella penal con Sosa. “Fueron identificados en 2019, cuando había 26 casas”, describió el abogado, que añadió que no se ha tratado de saber la identidad de otros ocupantes. “Antes de iniciar el juicio se pidió la identificación, se publicaron edictos pidiendo que la gente se identifique y nadie se presentó. Pero la sentencia de desalojo ha de salir contra todos los ocupantes que están en el momento de la medida”, explicó.
Los que se acercaron
No obstante, Castro dijo que al comienzo de la causa se acercaron los ocupantes, excepto los Sosa. “Ellos metieron su vida ahí. Sus ahorros. Pero reconocieron que el boleto que habían hecho no tiene validez legal. Tal vez apostaron a las demoras de la justicia, pero en este caso es muy evidente la estafa. Antes o después se van a tener que ir y se va a demoler eso”.
La querella por reivindicación se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones. La UNT había planteado que desde la medida de innovar de 2019 para que no se siguiera construyendo, en 2021 se descubrió que continuaban las obras y el desmonte del bosque nativo. “Nosotros aportamos imágenes de Google earth que nos dio la Policía”, explicó Castro. El juez federal Fernando Poviña rechazó el pedido de la UNT, esta fue en apelación y la Cámara ordenó la inspección que se hizo el 6 de abril para saber si había más construcciones y más desmonte. “Ahí se comprobó que había 21 casas nuevas y otras cuatro en construcción y que el barrio se estaba ampliando”, añadió. Ahora se espera que la Cámara decida.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
