Por Roberto Delgado
31 Julio 2023
“LAS PIRÁMIDES”. El barrio está ubicado en el km. 28 de la ruta 338, dentro del parque Sierra de San Javier, que pertenece a la Universidad. la gaceta / fotos de analía jaramillo
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento por “desobediencia a la autoridad” contra Próspero Marcelo Sosa, constructor del barrio privado “Las Pirámides”, ubicado en predios del parque universitario Sierra de San Javier. La Cámara rechazó también el planteo de Sosa de que es nula la causa en su contra porque niega la existencia de la Universidad Nacional de Tucumán.
En consecuencia, la causa volvería al juzgado de primera instancia –con el juez subrogante de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari- para determinar fecha de juicio. Aunque aún podría ocurrir que Sosa apele ante la Corte Suprema.
El conflicto entre la UNT y Sosa es añejo. Salió a luz en 2018, cuando la Universidad descubrió que se estaba vendiendo por internet lotes para construir casas en el sector del parque ubicado al sur de San Javier, en el km 28 de la ruta 338, cerca del límite con Villa Nougués. Sosa, que ocupa ese predio desde hace décadas, había sido querellado por la UNT en 1998, por supuesta usurpación. Pero en 2008, el entonces juez Raúl Daniel Bejas hizo lugar al pedido de sobreseimiento “en razón de haber transcurrido con holgura el plazo máximo previsto para la pena del delito de usurpación que se le imputa (tres años)”. En consecuencia, Sosa adujo derecho de posesión y comenzó su proyecto para construir el barrio privado.
La UNT, que tiene documentación de la compra realizada por expropiación a la familia Paz Posse en 1947 de ese predio, hizo una querella de revindicación contra Sosa por la ocupación de 4.600 hectáreas (que están dentro de las 14.000 del parque Sierra de San Javier). En diciembre 18 se dictó una medida cautelar ordenando a Sosa “suspender de inmediato, toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector”. La UNT calificó a Sosa de “verdadero depredador ambiental”.
En julio de 2020 la UNT solicitó a la Policía de Tucumán la toma de imágenes satelitales que dieron cuenta del desmonte. En febrero de 2021 se denunció el incumplimiento de la medida cautelar de 2018. En abril de 2022, la Cámara Federal ordenó que un oficial de justicia verificase la existencia de maquinarias y desmontes. Se constató la construcción de 21 casas nuevas, un galpón, un quincho, un vivero, cuatro nuevas obras en ejecución, un nuevo desmonte y apertura de una calle de ripio de 600 metros de largo e instalación de tendido eléctrico.
La Cámara ordenó al Juzgado de primera instancia el cumplimiento de algunas medidas solicitadas, adecuadas para el restablecimiento de lo dispuesto en la sentencia cautelar de 2018. Por ello, en septiembre de 2022 el fiscal federal Agustín Chit pidió que se cite por desobediencia a Sosa por ese incumplimiento. En noviembre se presentó ante la Justicia y se abstuvo de declarar. Su abogado rechazó el planteo, que ahora confirma la Cámara.
En el predio hay ya más de 50 casas. La querella por reivindicación va por la Justicia civil federal y están acusados Sosa, su hijo y cinco personas más que han comprado lotes y construido casas en el predio.
Nuevas imágenes
El abogado de la UNT, Máximo Castro, informó que ya tienen “nuevas imágenes satelitales que muestran que han seguido construyendo, que hay que chequear con los agrimensores de la Universidad”. “Este juicio -añadió- tiene los tiempos de la justicia y en algún momento se va a lograr que se demuela lo construido y se pueda reconstruir el bosque nativo”. Por lo demás, dijo, “es demoledora esta sentencia de la Cámara, porque confirma el dictado de procesamiento sin prisión preventiva contra Sosa”, quien también fue embargado por 30 millones de pesos.
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