Alivio para la lucha anticorrupción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió este lunes un fallo que posiblemente impida lo que parecía inexorable: la destitución de la fiscala entrerriana Cecilia Goyeneche, quien lideró investigaciones de hechos de corrupción que involucran a altos funcionarios públicos y a personajes encumbrados de su provincia. La Corte dinamitó las bases de sustentación del procedimiento harto cuestionado ante el Jurado de Enjuiciamiento local. A este organismo, que en los hechos depende del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, no le queda más alternativa que revisar su proceder para garantizar el derecho básico a un juicio justo.

Los antecedentes del caso de Goyeneche abonan la hipótesis de que aquella estaba sufriendo represalias por su actuación en causas con enorme trascendencia institucional: una de ellas derivó en la condena a prisión efectiva del ex gobernador peronista Sergio Urribarri, quien por esta sentencia se vio obligado a renunciar al cargo de embajador argentino en Israel y Chipre. El 2 de diciembre y mientras presentaba la prueba contra Urribarri y los demás imputados, Goyeneche fue suspendida por el Jurado. Es que mientras los procesos sobre irregularidades en el manejo de fondos públicos eran elevados a juicio oral, avanzaba una denuncia de mal desempeño contra la fiscala ligada a hechos acaecidos hace cuatro años en la mayor pesquisa de corrupción de Entre Ríos, el expediente “Contratos”.

En “Contratos” se identificó la existencia de cientas de contrataciones ficticias dirigidas a extraer dinero de la Legislatura entrerriana. Goyeneche y su equipo calculan que mediante esa maniobra salieron U$S 52 millones. La investigación imputa delitos a un contador, Pedro Opromolla, que intervino en la arquitectura contable de la operación, y que tenía amistad y hasta negocios inmobiliarios con Goyeneche y su marido. Tras la aparición de Opromolla, la fiscala se desprendió de las inversiones que la vinculaban con el sospechoso, pero consideró que no había motivos para apartarse del caso. Luego fue recusada por este motivo, pero los planteos no prosperaron. Finalmente en diciembre de 2019, Goyeneche se inhibió con el fin de salvaguardar el proceso, que debe ser debatido pronto con Aguilera, Opromolla y otros 30 acusados.

La falta de inhibición inicial en “Contratos” es el eje de la denuncia de mal desempeño que enfrenta la fiscala. El ataque evidencia el interés por destruir la reputación de Goyeneche.

Emitida en tiempo récord y oportuno, la sentencia de la Corte de la Nación desactiva un plan de venganza que comienza a volverse frecuente en la Argentina, en especial en las provincias, y que está llamando la atención de los organismos internacionales de control. El fallo unánime deja mal parada a la cúpula judicial de Entre Ríos, sector que, según Goyeneche, actúa como un apéndice del poder político. Así lo interpretó la junta de procuradores y representantes de ministerios públicos de todo el país que ayer se reunió en Paraná para apoyar a la fiscala, entre los que estaba el jefe de los fiscales tucumanos, Edmundo Jiménez. En ese contexto, el fiscal porteño Marcelo Varona Quintián manifestó al medio local Análisis: “cada vez que alguien investiga la corrupción, es perseguido. No dudan en usar los aparatos de comunicación, las descalificaciones personales de todo tipo, en negar las realidades y mentir. El poder corrupto se basa en la idea de que lo que importa es la opinión pública y no la verdad. Hay que mirar qué pasa en las provincias: no existen muchas investigaciones de corrupción porque faltan fiscales como Cecilia que se animan a enfrentar al poder, incluso al Judicial”.