VIDEO. La mercadería de Desarrollo Social secuestrada debía estar en Villa 9 de Julio

El Gobierno defendió los controles que se realizan en la entrega de mercadería a referentes territoriales para su distribución entre vecinos en situación de vulnerabilidad, pese a las críticas de la oposición tras el hallazgo de miles de kilos de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en una casa de Manantial Sur.

Dos dirigentes barriales -padre e hijo- quedaron en el centro de la polémica, luego de que la Policía secuestrara el cargamento de comestibles previsto para módulos alimentarios y comedores comunitarios, además de anotaciones que hacen sospechar sobre una posible venta ilegal de estos productos.

Uno de los interrogantes clave del caso pasa por cómo se explica el acopio de alimentos comprados por el Estado en esa vivienda, cuando la documentación obtenida por los investigadores sólo respalda parte de ese lote, y señala que las provisiones debían haberse encontrado en una casa de Villa 9 de Julio.

Pero más allá de lo judicial, el caso también tuvo derivaciones en el ámbito político. “No vamos a permitir que se comercialice mercadería destinada a los sectores más vulnerables”, aseguró el gobernador, Osvaldo Jaldo. Además, remarcó que el esclarecimiento del caso depende de la Justicia, y pidió “no mezclar” esta situación con otros hechos. “En Tucumán se acabó la impunidad”, reafirmó el mandatario.

Si bien Jaldo pidió “no prejuzgar” respecto a los eventuales responsables, la atención se centra también en su respaldo al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. El líder de Libres del Sur (LDS) expuso ante la prensa cómo se llevan adelante los registros ante cada entrega de comestibles. “Estamos comprometidos con la transparencia y trabajaremos hasta encontrar a los responsables de cualquier abuso”, dijo. Y remarcó que la cartera de Desarrollo Social distribuye alimentos que llegan a 137.000 familias.

“Prohibida su venta”

El operativo, en principio, no estaba vinculado a la venta de comida adquirida por el Estado, sino que fue producto de una denuncia sobre violencia de género e intento de abuso sexual.

A partir de una orden de la Justicia penal, efectivos de la seccional 15° llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de Manantial Sur. Allí detuvieron a un sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia. En el procedimiento los efectivos constataron que había una enorme cantidad de alimentos no perecederos ubicados hacia el frente de la propiedad. Algunos de ellos, como la leche en polvo, contaba con la leyenda “prohibida su venta”.

Como consecuencia de ello, se dio inicio a otro expediente para determinar la posible existencia de delitos. Es que los uniformados se incautaron de anotaciones con cuentas (por ejemplo, 100 unidades de puré de tomate, de azúcar, de yerba, de harina, de fideos, de aceite y de arroz, con una sumatoria total de $460.000). También se entregó a la Justicia un listado con casi un centenar de supuestos beneficiarios de módulos alimenticios, con nombre, apellido y DNI, aunque manuscritos y sin otras referencias (por ejemplo, cantidad de alimentos o firmas).

Otro elemento clave en este caso es la orden de entrega de productos para confeccionar 260 módulos alimenticios, que está a nombre del padre del detenido. Este individuo -que también es dirigente social- recibió el remito cuando retiró los productos del depósito de Hacha de Piedra, una firma que presta servicios de logística para el Gobierno provincial. Sin embargo, según el informe policial, en la vivienda había muchos más comestibles que los consignados en ese documento (por ejemplo, más de 600 botellas de aceite, 119 fardos de harina y 79 fardos de azúcar). Incluso, se hallaron alimentos que no aparecían en aquella nómina, como leche en polvo (un total de 40 kilos).

El caso tuvo impacto no sólo en el ámbito judicial, sino también en lo político. Sucede que Masso se constituyó como uno de los referentes territoriales del jaldismo en la Capital, y ciertos sectores del peronismo observan de reojo cómo el líder de Libres del Sur -rival electoral del PJ en la última década- despliega la estructura del Ministerio de Desarrollo Social en distintas barriadas de la ciudad.

Desde hace varios días, el ex legislador viene organizando un acto -previsto para hoy a las 17.30, en el club Villa Luján- para celebrar los 37 años del movimiento que encabeza. La expectativa está centrada en si el evento contará con la participación del gobernador, tal como se había anunciado en las invitaciones, lo que significaría un importante respaldo tras el caso de la mercadería secuestrada.

Del caso de Manantial Sur a la denuncia del Ejecutivo en enero

El caso de la mercadería secuestrada dejó comprometidos a un hombre de 39 años y a su padre, ambos dirigentes sociales con actividad en barrios de sectores vulnerables. Los dos muestran sus tareas en las redes sociales, donde publicaron además las habituales fotos que se toman los militantes barriales con los referentes políticos. Incluso, colaboraron de forma estrecha en la última campaña electoral con un candidato a legislador por el oficialismo que no logró llegar a la banca. Aunque no tiene vinculaciones con este caso, en Tucumán se había registrado un antecedente reciente de una investigación judicial por maniobras con alimentos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social. El expediente se originó en enero pasado, a partir de una denuncia formulada por el ministro Federico Masso, que advirtió sobre desvíos en lotes de alimentos destinados a cooperativas de trabajo, comedores y merenderos comunitarios. Por el hecho, se llevaron adelante allanamientos y arrestos. Y si bien no hay personas privadas de la libertad por este proceso, la Justicia tiene bajo la lupa a seis sospechosos: Hugo Adrián Juárez, Ivana Vanesa Sánchez y Juan Ernesto Juárez (los tres defendidos por Gustavo Morales), Marcos Eduardo Soria (representado por Patricio Char), Lucas Matías Orrillo (patrocinado por Marcela Ledesma e Iván Escobedo) y Rosa Margarita Ibáñez (por Agustina Recalde). Una de las hipótesis es que los lotes eran retirados de un depósito contratado por el Gobierno provincial, perteneciente a la firma Hacha de Piedra, para luego ser revendidos, a sabiendas de que estaba prohibida la comercialización de estos productos. Entre los elementos secuestrados había arvejas, puré de tomates, fideos, harina, leche en polvo, azúcar, arroz y aceite, entre otros comestibles.

Críticas y planteos de la oposición

“Posible falta de control y transparencia”.- El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) elevó un pedido de informes para solicitar una serie de datos al Ministerio de Desarrollo Social por el escándalo de los alimentos. “La situación pone en evidencia la posible falta de control y transparencia en el manejo de recursos destinados a las poblaciones más vulnerables”, dijo.

“Muchos papeles, poca claridad”.- El legislador del bloque Compromiso Tucumán, Walter Berarducci, lanzó críticas al gobernador Osvaldo Jaldo. “’Hasta las últimas consecuencias’, se dijo en enero después de la denuncia por venta ilegal de alimentos. Diez meses después, con el vergonzoso descubrimiento de un nuevo caso quedó demostrado que nada de esto fue así, que solo fue una frase para las cámaras”, afirmó. Y agregó: “con muchos papeles y poca claridad, se intentó explicar procedimientos de controles ineficientes, alejado totalmente del discurso de ‘mano dura’ del gobernador. Hay un nuevo caso pero todo sigue igual: inoperancia que deja sin alimentos a miles de tucumanos”, dijo.

“Estos hechos no son nuevos”.- El legislador de Fuerza Republicana, Eduardo Verón Guerra, recordó que su espacio había pedido informes en enero por el caso de la mercadería de Desarrollo Social. “Hechos de estas características no son nuevos”, afirmó el dirigente bussista.

Los intermediarios, “gerentes de la pobreza”.- El legislador José Macome (LLA) exigió renuncias por el escándalo de los alimentos. Además, fue enfático al reclamar que el gobierno elimine a los intermediarios, a quienes calificó como “gerentes de pobreza”.