Un efectivo que forma parte de la Patrulla Motorizada es investigado por la Justicia penal en el marco de la causa por el homicidio de Omar Alejandro Díaz (27 años), quien fue asesinado el 14 de mayo de 2021, luego de haber pagado el rescate para recuperar la moto que le habían robado.
Según el informe del Ministerio Público Fiscal (MPF), la pesquisa ahora busca determinar la presunta participación de un policía en el caso, por haber actuado como supuesto intermediador entre la víctima y los delincuentes para el reintegro del rodado.
Este viernes, la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, formuló cargos en contra el uniformado por el delito calificado como cohecho (en calidad de autor). En la audiencia intervino el auxiliar de fiscal Juan Pablo Godoy, quien explicó los detalles del caso. El juez actuante, Dante Ibáñez, hizo lugar al pedido del MPF.
El caso
El 14 de mayo de 2021, cerca de las 23, un equipo de la División Homicidios fue notificado sobre el crimen perpetrado en calle Rufino Cossio al 1.800, en jurisdicción de la Comisaría Octava. La víctima del caso fue Díaz.
La causa, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, fue calificada como homicidio agravado por el concurso de dos o más personas. "El expediente está a la espera de la fijación de fecha de juicio, habiéndose realizado el control de acusación y admisibilidad de la prueba, teniendo como imputado a Leandro Daniel Figueroa, (a) Bubu", indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
De los testimonios recibidos durante la instrucción de la causa, surge que, antes del homicidio, la víctima había sufrido el robo de su motocicleta, "pudiendo recuperarla por medio del pago de una suma de dinero", detallaron en el MPF. Y advirtieron que, en varias ocasiones, aparecía "el nombre de un policía, teniendo una supuesta participación como intermediario de la devolución del rodado".
En mayo de 2021, se citó al empleado de la División Patrulla Motorizada de la Capital a la División Homicidios. Ante la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, se formaron actuaciones para remitirlas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.
Las sospechas se originaron porque, el jueves 6 de mayo de 2021, luego de que se le sustrajera la motocicleta a Díaz, un amigo suyo "se comunicó con el policía, poniéndole en conocimiento dicho robo y pidiéndole colaboración para la recuperación de ese vehículo, ya que el mismo había participado en la recuperación de un rodado anteriormente", reportó el MPF.
Ante ello, el uniformado, "haciendo uso de las atribuciones pertenecientes a su función, exigió y recibió la suma de $ 30.000 por parte del damnificado, a cambio de la entrega de la moto, la cual efectivamente se realizó en el domicilio de la madre del efectivo".
Debido a esta situación, ahora el efectivo está siendo investigado por la Justicia penal.