Por Gustavo Rodríguez
06 Junio 2022
EL PRIMER PASO. El abogado Alfredo Aydar rubrica el acuerdo.
Horas antes de que naciera su hija, Edgar Adhemar Bacchiani daba un paso fundamental para aliviar su situación procesal. Un ahorrista tucumano recibía en su cuenta una transferencia de $ 8,5 millones y así quedaba cerrado el primer acuerdo de devolución con un inversionista y se supone que a partir de los próximos días habrá más convenios.
El CEO de Adhemar Capital fue detenido semanas atrás por orden del juez federal Miguel Ángel Contreras. Desde un primer momento anunció que devolvería el dinero que inversionistas de Catamarca, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Río Negro y Buenos Aires, le habían confiado para que realizara operaciones con criptomonedas.
El magistrado le concedió el arresto domiciliario para que desbloqueara las cuentas y organizara un plan de pago. Pero al haber fracasado, lo enviaron nuevamente al penal de Miraflores. Días después, pidió declarar nuevamente ante Contreras. En esta oportunidad indicó que un amigo al que él había ayudado, le facilitaría unos U$S 50 millones (más de $ 10.300 millones) para cumplir con su palabra. Muy pocos le creyeron, pero el viernes, cumplió con su palabra. La identidad del aportante se mantiene en reserva por expreso pedido del ejecutivo.
“Desde hace varios días que veníamos negociando con (Lucas) Retamozo para firmar convenios. El primero se cumplió el viernes y esperamos que se cumplan otros”, explicó Alfredo Aydar, el defensor tucumano que representa a casi 600 damnificados. “Mi representado no recibirá todo el dinero, pero al menos una gran parte. También iniciamos los trámites para que el acuerdo se homologue ante la Justicia, para darle mayor transparencia y seriedad al proceso”, explicó el profesional.
Fuentes judiciales indicaron que Bacchiani cuenta con los fondos que le facilitó un tercero en una billetera virtual y de ahí transfiere en USDT el monto que acordó devolver. “En principio sólo está reconociendo los acuerdos en blanco, es decir, los que quedaron registrados. Muchos ahorristas prefieren quedarse con eso antes que con nada. La quita puede oscilar entre el 30 y el 60%”, explicó un investigador. Sí recibirán la totalidad del dinero todos aquellos que le entregaron fondos para financiar costosos tratamientos médicos o los que tengan problemas de salud.
En un segundo lugar están los que invirtieron hasta diciembre, que en definitiva, son los que nunca cobraron un centavo de lo pactado porque la empresa entró en cesación de pago en enero pasado.
Hasta ahora no se pudo establecer la cantidad de damnificados y los montos que debe cubrir el ejecutivo. “Estamos solicitando que se le otorgue el arresto domiciliario para acelerar los trámites. Todo se hace más lento si el se encuentra detenido”, explicó Aydar. “Los acuerdos se realizan con el compromiso de levantar la denuncia por estafa, pero por los otros delitos seguirá procesado. Además, al homologarse el acuerdo judicialmente, cualquier incumplimiento complicará su situación”, añadió.
Tras los gerentes
La investigación en contra de Bacchiani continuará porque debe responder por otros tres cargos: asociación ilícita, lavado de activos y haber realizado operaciones financieras sin ningún tipo de autorización. Por estos delitos están procesados José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca, Zaraive Garces Ruso (pareja del CEO) Héctor Sacripanti Orellana y Pablo Antonio Sosa. Por la actividad que realizaron en la sucursal de Tucumán, fueron acusados Sofía Aylan (gerente) y los empleados Lucas Barrera Oro y María Lihue Banegas.
Ahora les llegó el turno a los gerentes de la empresa. El fiscal federal de Catamarca Santos Reynoso solicitó la detención de Iván Segovia, el contador público nacional que llevaba los papeles de la oficina de la vecina provincia y que aportó datos claves para que se avanzara con la pesquisa. Sus defensores solicitaron la nulidad de la medida, lo que sería ilegal.
También pidió la detención del gerente de la sucursal Córdoba Gabriel García Alaimo que ya fue procesado por la justicia ordinaria de esa provincia. En principio, según algunas versiones, el sospechoso habría decidido viajar al exterior para no afrontar un proceso judicial.
El caso de Aylan es diferente. En un primer momento quedó detenida, pero con la modalidad de arresto domiciliario. Con el correr de las semanas y al comprobarse que no tendría participación directa en la maniobra, el juez Contreras decidió dictarle el excarcelamiento, aunque sigue vinculada a la causa.
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