Bacchiani está cada vez más cerca de salir de la cárcel

En una semana, Edgar Adhemar Bacchiani recibió dos buenas noticias. La primera, que la Justicia Federal había decidido investigarlo por uno de los cuatro delitos del que había sido acusado y que su futuro procesal ingresó a la nebulosa al haberse definido que el expediente siga en la justicia ordinaria catamarqueña. La segunda es que ahora quedó a un paso de salir de la cárcel de Miraflores.

El dueño de Adhemar Capital (AC), en poco más de tres años, logró captar a miles de clientes para que invirtieran en la compra y venta de criptomonedas. En diciembre pasado, el Banco Central de la República Argentina, a través de una denuncia realizada por el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, pidió que se investigara a la firma por el enorme crecimiento que había tenido. En enero la Comisión Nacional de Valores (CNV) le ordenó que dejara de realizar operaciones porque no estaba autorizada a hacerlo.

Los problemas para “El Pelado”, como lo conocen al CEO, fueron creciendo hasta que en febrero comenzó con la cesación de pagos a los inversionistas, situación que se profundizó en marzo en las sedes que tenía en Catamarca, Tucumán y Córdoba. En abril Bacchiani pasó de circular en su Ferrari roja por las calles de la vecina provincia a ocupar una celda en el penal de Miraflores, considerado como uno de los más duros del NOA.

El juez federal catamarqueño Miguel Contreras acusó a él y a otras personas de integrar una asociación ilícita que, a través de intermediaciones financieras sin autorización, habían cometido estafas reiteradas y, posiblemente, lavado de activos. Solicitó además que todas las denuncias que se hayan recibido en cualquier parte del país se las envíen porque él las unificaría. La justicia ordinaria de Córdoba no lo hizo y denunció al magistrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Concejo Asesor de la Magistratura porque entendía que estaba protegiendo al acusado.

El 8 de julio, un día antes de que comenzara la feria judicial, Contreras tomó una sorprendente decisión. Opinó que él, al no haber pruebas de que Bacchiani haya lavado activos, sólo le correspondía investigar el delito de intermediación financiera sin autorización agravada por el uso de publicidad, por lo que los otros ilícitos, debían ser analizados por la justicia ordinaria de Catamarca. Confirmó la prisión preventiva en contra del CEO de la empresa, a su pareja Zoraire Garcés Rusa, Iván Segovia, a José Armando Blas, a Franco Alexis Sarroca y a la gerente de la sucursal de Yerba Buena, Sofía Esther Aylán. Los embargó a todos por $1.400 millones y les otorgó el arresto domiciliario.

Otro paso

El Código Penal establece una pena de entre dos y cuatro años para el delito por el que fue acusado Bacchiani y sus colaboradores. Después de analizar la resolución de Contreras, el defensor del CEO presentó un escrito solicitando que se lo dejara en libertad al entender que había sido procesado de un ilícito que podría ser de cumplimiento condicional. “Mi cliente carece de antecedentes penales y demostró siempre su voluntad de estar a derecho, aportó información, e incluso manifestó su voluntad de pago y reparación a las víctimas. Además la investigación preparatoria se encuentra casi concluida, por lo que no hay posibilidad de entorpecer la investigación”, argumentó el profesional en el escrito.

El viernes, el fiscal federal general catamarqueño Rafael Vehils Ruiz dio a conocer su opinión sobre el planteo realizado. “Aún persisten indicadores que activan el riesgo procesal que impiden otorgar la libertad al acusado”, sostuvo el investigador que recalcó que el fallo fue apelado por el MPF.

“También es cierto que el proceso se encuentra en franca producción de pruebas tendientes a comprobar los hechos denunciados y entre ellos el delito de lavado de activos, del cual el Sr. Juez, dijo, que por el momento y de acuerdo con las probanzas reunidas no resultaba aplicable, pero no desincriminó al acusado al respecto”, recalcó el investigador en la resolución donde da a conocer su opinión al planteo que realizó la defensa del CEO. “Esta Fiscalía insiste en considerar que se encuentra activado el riesgo procesal en atención a que, de otorgarse la libertad, podrían llevarse adelante mecanismos tendientes a entorpecer la investigación. Para arribar a esta conclusión tenemos presente que Bacchiani está acusado de ser el principal responsable de los delitos que se investigan, que cuenta con una gran capacidad económica, que puede llegar a distraer fondos que se encuentren en su poder con el propósito de procurar el destino del ilícito que se investiga”, añadió.

El fiscal rechazó de lleno la excarcelación, pero reconoció que es posible que se le otorgue el arresto domiciliario. “Si hacemos una revisión exhaustiva de la causa podemos verificar que desde un primer momento el acusado estuvo a derecho, se mostró colaborador, entregó personal y voluntariamente toda la documentación que obraba en su poder aún sin orden judicial, se presentó ante el magistrado todas las veces que fue citado hasta que se dispuso su detención”, argumentó. También señaló que “entregó equipos electrónicos para que sean revisados, aportó claves, demostrando entonces una acabada colaboración para el esclarecimiento de la causa”, agregó.

“Por otra parte, siempre quedó acreditada su intención de pagar a los particulares ofendidos, de hecho que aun estando detenido en el penal articuló mecanismos para que pudieran realizarse convenios de pago con algunos afectados, los que efectivamente se perfeccionaron y respecto de los cuales los inversores indicaron haber cobrado el dinero comprometido en los referidos convenios”, finalizó.

Los querellantes no se pusieron a esta medida, por lo que no se descartaría que Bacchiani abandone en un momento a otro el calabozo donde se encuentra detenido.