09 Agosto 2022
En la oposición no cesan los cuestionamientos contra la Casa de Gobierno por la distribución discrecional de más de $8.000 millones de fondos no reintegrables entre municipios del mismo signo político, en el primer semestre de 2022. El PRO Tucumán se hizo eco del informe que publicó LA GACETA y señaló que hay discriminación del Gobierno provincial hacia los municipios administrados por JxC. Además, consideró que eso abrió la grieta dentro del mismo oficialismo. “Esta repartija también abrió la grieta entre los intendentes oficialistas, porque hay jefes municipales que recibieron más que otros. Esto demuestra que el gobierno no tiene ningún criterio para usar los fondos públicos”, manifestó el vicepresidente del partido en la provincia, Mariano Malmierca.
El dirigente, además, apuntó contra el Ministerio del Interior que encabeza Miguel Acevedo y pidió que se ponga bajo la lupa la administración de Darío Monteros en Banda del Río Salí. “El Ministerio del Interior siempre fue la caja negra de la política tucumana. ¿Por qué la Banda del Río Salí sigue inmersa en la pobreza, en el atraso a pesar de haber recibido $1.800 millones en seis meses sin siquiera rendir cuentas? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Como es la caja negra, no es difícil de imaginar”, desafió. Y agregó: “ojalá algún fiscal tenga las agallas e investigue el uso de esos recursos”.
Malmierca, a su vez, respaldó el pedido de informes solicitado por el concejal Miguel Diosquez (PRO) para que Monteros precise el destino de los dineros. “A pesar de todo el dinero que recibió ese municipio, las obras y servicios brillan por su ausencia”, lanzó.
Monteros dijo a este diario que está a la vista de todos los vecinos el destino de los fondos, ya que fueron para obras o para robustecer el parque automotor. Además, rechazó que haya favoritismos de parte de Osvaldo Jaldo y dijo que todo es producto de gestiones que realiza en Tucumán y en Buenos Aires para su gente.
En el informe que publicó LA GACETA se evidenció, incluso, que entre los distritos oficialistas era dispar al reparto de asistencias. Burruyacu (tercera categoría) y fuera del “Pacto Social”, recibió en el primer semestre $505 millones. Mientras que Alderetes o Lules (de segunda, dentro del “Pacto) recibieron $247 millones y $240 millones, respectivamente.
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