13 Agosto 2022
En medio de la crisis económica que afronta la Argentina, una de las primeras medidas dadas a conocer por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, fue la confirmación de la decisión de “congelar” la planta del Estado nacional. En principio, esta disposición apunta a colaborar con la reducción del déficit fiscal, una de las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al momento de renegociar el pago de la deuda externa.
El decreto 426/2022, firmado por el presidente Alberto Fernández, establece la imposibilidad de “efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza” dentro del Gobierno nacional, comprendiendo ministerios y distintas dependencias. Si bien existen ciertas excepciones (ciencia, educación, seguridad y salud, por ejemplo), la disposición es de amplio alcance, y regirá, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2023.
A unas dos semanas de su puesta en vigencia, todavía es incierto el efecto que tendrá esta medida, así como el impacto que podría tener no sólo en la órbita federal, si no también en el ámbito de los gobiernos provinciales.
Si bien cada distrito goza de una relativa autonomía con relación a la Nación, las políticas implementadas por la Casa Rosada sirven como guía a las provincias respecto del rumbo que pueden seguir; algo que se vio, por caso, en el tratamiento de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19.
En un contexto de crisis generalizada, con una inflación que podría superar el 90% anual en 2022 -según proyecciones reconocidas oficialmente- y con las reservas del Banco Central en niveles que generan preocupación entre las máximas autoridades del gobierno, el “congelamiento” confirmado por Massa apunta a poner orden en las cuentas públicas, no “achicando” la planta del Estado, sino evitando su expansión.
Al margen de que existen proyectos de ley presentados en ese sentido por representantes de la oposición de la Legislatura provincial, es un interrogante qué repercusiones puede tener esta nueva disposición nacional en Tucumán.
En el Presupuesto General de 2022 de la Provincia, de ejecución en curso, se autorizó un total de 95.384 empleados en la planta de personal permanente de la Administración Pública (incluye los tres poderes del Estado). Sin embargo, se estima que se realizan aportes para más de 110.000 agentes estatales.
Hace una década, al sancionar el Presupuesto General de 2012, se fijó este número en 69.387 cargos confirmados. Es decir que, en 10 años, se registró un incremento cercano al 38%, sólo en la planta permanente.
Al margen de los números o de la falta de información respecto al personal designado en determinadas áreas del Estado provincial -por ejemplo, en municipios y comunas rurales-, la decisión de la Nación de “congelar” la planta del personal público abre otra arista, relacionada a la planificación y a las necesidades de trabajadores en las distintas esferas gubernamentales.
Hay oficinas en las que, periódicamente, se advierte sobre la falta de personal para el cumplimiento de sus funciones. Esto se observa en ciertos servicios públicos, como pueden ser algunos fueros tribunalicios (como el penal), salud (en especial, en el interior provincial) o en seguridad (esto, pese a la jura de más de 400 agentes de Policía, en mayo pasado). En otros ámbitos, en cambio, se suele polemizar respecto a la aparente sobreabundancia de cargos. Algo de esto se discute cada vez que surge el tema de la incierta cantidad de empleados que tiene la Legislatura de Tucumán, en especial, por designaciones denominadas “políticas”.
Más allá de los poderes estatales o de los organismos concretos, la correcta planificación en materia de personal permite un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, sin la necesidad de “ajustes”, pero con una correcta distribución de cargos. Para ello, se requiere de instituciones saneadas, que no dependan de manejos por motivaciones políticas, sino que estén orientados por la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios públicos.
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