El ensayo de la ley contra el narcomenudeo

Ya no quedan dudas de que la Policía está actuando como si la ley de narcomenudeo estuviera en vigencia. La orden de patear las puertas de los llamados “quioscos” de venta de droga se escucha una y otra vez en cualquier dependencia policial. Ahora, la gran pregunta es: ¿la provincia está preparada para hacer este tipo de ensayo? Las autoridades responderán con un fuerte sí, pero los operadores del sistema dirán que no. Nació un nuevo debate.

Primera aclaración: esta estrategia no es ilegal. Los uniformados desbaratan estos centros de venta con una orden judicial. No solicitan allanamientos en el fuero federal que por ahora debe luchar contra esta actividad ilícita, lo hacen en la justicia ordinaria argumentando que están investigando otro delito, especialmente los robos y hurtos. En al menos siete de cada 10 medidas de estas características se encuentran drogas. Estos resultados no son casuales, sino causales porque los miembros de las fuerzas saben perfectamente lo que van a buscar.

Al confirmarse el hallazgo de sustancias prohibidas, la justicia ordinaria se declara incompetente y envía el expediente al fuero federal que no tiene los recursos humanos para atender el microtráfico. No todas las causas prosperarán (mucho menos llegarán a una condena) por los planteos de los defensores de los acusados. Como lo explicó el abogado Ernesto Baaclini, en los tribunales nacionales se desarrollan investigaciones más complejas donde exigen a las fuerzas que presenten pruebas, no sólo indicios. Está claro entonces que el Poder Judicial está alineado a la postura del gobernador interino Osvaldo Jaldo. Los representantes del Ministerio Público Fiscal piden los allanamientos, los miembros de los Colegios de Jueces lo aceptan y el Ministerio Pupilar de la Defensa, que debería advertir de esta situación y poner un límite, se mantiene en silencio.

Las dudas

El narcomenudeo creció porque el Estado no actuó a tiempo. Durante siete años se debatió sobre la implementación de una ley que busca poner fin a la actividad ilícita. Una norma que ya fue aplicada en otras provincias en las que no tuvo el éxito esperado. Desde hace bastante tiempo Jaldo sostiene que el microtráfico de drogas es el motor de la inseguridad y de la violencia en la provincia. Esa es la principal razón por la que insiste en luchar contra esa actividad ilícita. En materia de seguridad hay un concepto básico que atenta contra todas las buenas intenciones: lo que no se hizo durante mucho tiempo no puede ser resuelto con buenas intenciones y mucho menos de un día para otro. El reclamo de los vecinos por este flagelo es muy fuerte y por esa razón no hay margen para el error y menos para el fracaso.

En esta especie de ensayo surgieron dos puntos que generan preocupación entre los operadores. ¿Qué hacer con los detenidos? Los calabozos de las comisarías están colapsados y esperan que el cambio de autoridades en el Servicio Penitenciario habilite nuevos cupos para descomprimir la situación. “Será como sacarle un vaso de agua a El Cadillal”, explicó una fuente. No hay una solución cercana a este problema. Pero ya se sabe cuál es la postura del gobernador interino: prefiere que los detenidos estén incómodos y no en la calle.

El dinero que mueve el narcomenudeo es considerable. Genera millones de pesos que pueden comprar todo tipo de voluntades. Si el plan de desarticulación de centros de ventas de dosis no es ordenado, sin lugar a dudas que podría generar una serie de situaciones no deseadas. A nivel nacional hubo clanes que sobornaban a los efectivos para que allanaran a los grupos rivales o pagaban protección en los tribunales para seguir operando sin problemas. La Comisión Interpoderes que debe ultimar los detalles para la implementación de la norma sabe de esta situación. Por ese motivo, sus miembros están elaborando una especie de protocolo para que los controles sean más exhaustivos y se eviten estos actos ilegales.

En veremos

Al microtráfico de drogas no sólo se lo combate con la persecución penal en contra de los vendedores. La ministra de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aignasse tendrá a su cargo la otra lucha que es más difícil: la rehabilitación del adicto. El objetivo que se busca alcanzar es claro: cuanto menos demanda haya (compradores de sustancias), habrá menos oferta (vendedores de dosis). Pero para que se cumpla esa meta el Estado deberá realizar una inversión mucho más importante que los $1.000 millones que ya anunció que aportará hasta fin de año para que la norma entre en vigencia.

La funcionaria, una negociadora nata, tendrá que armar una red de contención. La idea es unir a las iglesias católica y evangélicas y organizaciones no gubernamentales para sumarlas al Estado en el trabajo de rehabilitación de jóvenes. El Poder Ejecutivo ya anunció que dará subsidios para que puedan colaborar en este trabajo. También tendrá que coordinar con el ministerio de Desarrollo Social con el fin de ocupar los barrios que son dominados por los tranzas. El desafío es grande y casi no queda margen para el error.