05 Septiembre 2022
El otorgamiento y la continuidad de los beneficios para personas con discapacidades se han visto afectados sobremanera, de tal modo que hubo reclamos públicos durante la semana que pasó.
De acuerdo a un estudio realizado por la Dirección de Estadísticas de la Provincia, hay 133.615 tucumanos con alguna limitación, ya sea visual, auditiva, de movimiento o cognitiva; esto es, el 8,4% de la población. El relevamiento -que utilizó la base de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de Tucumán- se hizo en los 19 municipios de la provincia. Uno de los datos más llamativos del estudio fue que solo el 29,24% de las personas que poseen al menos una limitación tiene carnet de discapacidad. En el interior (La Cocha, Alberdi y Graneros) es donde menos personas cuentan con este certificado. Un 5 % de los habitantes tiene limitación para caminar; casi el 2 % tiene problemas para ver; limitación para entender, recordar o concentrarse la comparten el 1,35 %; no pueden oír bien el 1,08 % y tienen problemas para hablar o comunicarse el 0,7 %.
Según las autoridades, muchas personas no acceden al certificado por desconocimiento. Este carnet permite acceder a las prestaciones básicas para rehabilitación. Además, garantiza todo tipo de apoyo, estimulación temprana, integración escolar, transporte, entre otras cosas. Según una funcionaria, hay más de 70.000 tucumanos con carnet de discapacidad y se atienden 300 turnos por día. Dijo que la alta demanda se debe a que se incrementaron las discapacidades por accidentes y por enfermedades como ACV. Añadió que “la gran mayoría de los carnets son de la capital. Estamos saliendo al interior para llevar información y facilitar el trámite a las personas”. Un abogado especializado en estos temas dijo que en las zonas vulnerables, muchas personas ni siquiera saben que existe un certificado de discapacidad y remarcó que faltan campañas que promuevan y difundan la realización del certificado. No obstante, el letrado dijo que el mayor inconveniente son las prestaciones. “La burocracia se ha vuelto una técnica administrativa para recortar derechos. Hay niños que tuvieron recién en junio la designación de las docentes de apoyo a través del decreto del Ministerio de Educación. Hay familias a las que se les adeudan los geriátricos, cuidadores y transporte por parte de la provincia, con demoras en algunos casos de más de seis meses. Otro caso común: personas que tramitan sillas de ruedas en el Subsidio de Salud y, cuando obtienen la resolución, ya se actualizaron los presupuestos; por lo tanto las ortopedias no las proveen”, enumeró. Las explicaciones oficiales fueron que se habían demorado las partidas correspondientes.
Tras la protesta, los beneficiarios fueron atendidos por autoridades. Es de esperar que el sistema se normalice y que los pagos se realicen en tiempo y forma, así como se realicen las campañas para que las personas con alguna limitación conozcan sus derechos, y accedan, sin problemas, al certificado de discapacidad y a las prestaciones correspondientes.
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