Está parada la causa por la venta de drogas en el penal

La citación a indagatoria y el pedido de detención a un ex juez y de 18 miembros del Servicio Penitenciario (de los cuales hay varios que continúan prestando servicios) está cerca de cumplir dos años sin resolverse. Es una megacausa que fue investigada por el fiscal federal Pablo Camuña que incluye una pesquisa de la actividad ilícita que realizaba una organización desde 2015 hasta fines de 2019 por lo menos.

La primera causa se abrió hace más de siete años, pero después fueron iniciadas otras cinco más del mismo tenor, por lo que terminaron siendo unificadas. La hipótesis de Camuña, alimentada por los testimonios recopilados en todos los expedientes, daban cuenta de la existencia de una actividad ilícita de comercialización de drogas (marihuana y cocaína) y psicofármacos (rivotril, alprazolam y clonazepam, entre otros) en el penal de Villa Urquiza. “Sería regenteada por una misma estructura criminal conformada por distintos agentes del Servicio Penitenciario, que bajo la utilización de violencia física e incluso psicológica, lograban que las personas detenidas bajo su cuidado, accedieran a distribuir y comercializar dichas sustancias”, planteó.

El fiscal también aclaró que “los detenidos que denunciaban la situación ante el juez de Ejecución, recibían distintos tipos de represalias, torturas físicas y psicológica”. Camuña destacó que esta situación llegó a un grado extremo con el homicidio del interno Fernando Medina, registrado el 22 de noviembre de 2017. La víctima había sido uno de los denunciantes y, por orden judicial, debía ser protegido las 24 horas. La jubilada fiscala Adriana Giannoni investigó el caso y pidió que se enjuiciaran a varios funcionarios del servicio penitenciario. Su teoría del caso es que al joven lo mataron por haber denunciado y aportado pruebas de la venta de drogas en el penal.

El 25 de noviembre de 2020, el fiscal solicitó que se los dicte a declarar, se detenga y se traba embargo por $150.000 a Roberto Eugenio Guyot (ex juez de Ejecución destituido en septiembre de 2020 por incumplimiento a sus deberes). Guillermo Antonio Snaider (ex titular del Servicio Penitenciario), José Fernando Cisterna, Víctor Lisandro Casasola, Juan Carlos Argañaraz, Enrique Osvaldo Núñez, Cristian Marcelo Medina, Pablo Alejandro Brito, Gastón Torres y Martín Sebastián Lucena. En tanto que la lista de miembros que siguen en actividad son Claudio Alejandro González, Facundo Abel Albornoz, Fausto Maximiliano Ponce, Ramón Osvaldo Mareño, Roberto Carlos Chazarreta y Carlos Alberto Núñez.

Los roles

En la acusación, Camuña detalló perfectamente cuales habrían sido los roles de cada uno de los sospechosos. Parar ordenar su teoría, dividió en tres grupos: la actuación del personal jerárquico, personal subordinado y el apoyo judicial.

Al primer grupo, integrado por Snaider, Cisterna, Patto, Núñez, Argañaraz, Casasola, Peñalva, Brito y González, lo sindicó “como responsables jerárquicos de los negocios ilícitos dentro del penal. En algunos casos se habían asociado a otros internos (entre ellos han sido mencionados los miembros del clan Acevedo) para realizar esos negocios con facilidad, infundiendo miedo en aquellos internos que se negaran a hacer lo que ellos mandaran y logrando la impunidad para ellos y su grupo criminal”.

“Este eslabón del grupo criminal, cuya participación en diferentes roles a lo largo de los años fue esencial para el andamiaje creado, ya que sin la misma los otros miembros del grupo delictivo (segundo eslabón), difícilmente podrían haberse organizado y cometido estas múltiples acciones criminales”,se puede leer en el pedido que realizó.

Lucena, Valdez, Albornoz, Ponce, Torres, Mareño, Cazarreta, Núñez y Medina, fueron señalados por Camuña como integrantes del denominado “grupo de subordinados”. Según su teoría, “tenían asignados ciertos lugares de privilegio para moverse dentro del penal, para realizar las maniobras delictivas y facilidad de contacto con los internos. Estas personas cumplían roles fundamentales para la organización, como por ejemplo falsear el contenido de actas de requisas, fraguar procedimientos de secuestros de boleos, hacer ingresar estupefacientes a la cárcel o a través de terceros, contacto directo para entregar o distribuir los estupefacientes, cobrar el producido de su venta, amenazar y golpear a los internos”.

Por último, el fiscal federal también argumentó el porqué debía ser indagado y detenido el ex juez Guyot, en un hecho histórico en nuestra provincia, ya que nunca se había involucrado a un magistrado en una causa por droga. “Realizó un aporte posterior a estas conductas, orientado a garantizar la impunidad de los perpetradores, mediante la omisión de las funciones de su cargo, la omisión de realizar actos de persecución penal a los que estaba obligado y asimismo, de forma directa, la emisión de amenazas en contra de algunos de los internos que denunciaban los casos”, indicó en el pedido.

“Este aporte se hizo en función de una promesa anterior, la de prestar y asegurar la impunidad de los ejecutores, con el objeto de permitirles el desarrollo de su actividad ilícita principal, esto es, el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos dentro del penal, y asimismo las actividades más graves como lo son la aplicación de torturas a los internos”, añadió.

La demora

La instrucción de las causas se demoró tres años por una sola razón: la investigación en un penal es diferente a una que se hace por droga porque no se pueden utilizar los mecanismos tradicionales (seguimientos y filmaciones, por ejemplo); la reticencia de los internos de contar lo que realmente sucede por temor a sufrir y represalias y los principales sospechados eran, justamente, las autoridades del lugar donde se desarrollaba la actividad ilícita. En noviembre de 2020 solicitó que se cite a los 19 imputados a prestar declaración indagatoria y que se los detenga.

Su planteo tuvo inesperados contratiempos. Primero se extravió un expediente clave que generó el inicio de una investigación administrativa cuyo derrotero no se informó. Después hubo planteos de competencias entre los jueces federales Daniel Bejas y Fernando Poviña. Fue el último que rechazó en noviembre de 2021 el pedido al considerar que no había pruebas suficientes para procesarlos.

Agustín Chit, que reemplazó a Camuña en la fiscalía federal 2, decidió apelar la resolución. En abril pasado, el fiscal general Gustavo Gómez realizó ante la Cámara Federal de Apelaciones un duro planteo sobre el fallo del magistrado al considerar que de manera injustificada se estaba negando a realizar una medida (la declaración indagatoria de los sospechosos) clave para avanzar con la causa. Si bien es cierto que no solicitó la detención de los acusados, insistió en su citación. También pidió que el crimen del interno Medina, pase a la órbita de la justicia federal. Su postura fue ratificada en una audiencia realizada en mayo, pero hasta el momento no falló sobre la cuestión.

Estrategia

El sistema para ingresar la droga al penal

En la investigación que realizó el fiscal Pablo Camuña, se habrían detectado al menos cuatro maneras que habrían utilizado los acusados para  hacerse de la droga que, supuestamente, le vendían a los internos. No se judicializaban los hallazgos en los casos en los que se arrojaba sustancia al penal o los secuestros que concretaban en las requisas. También, siempre de acuerdo a lo que figura en el expediente, habrían sido los mismos sospechosos que entraban con la sustancia cuando se presentaban a trabajar. La otra habría sido ocultarla en la comida que ingresaba a Villa Urquiza casi a diario. Un testigo reveló que muchas veces la escondían en los cortes de carne que recibían para alimentar a los internos del penal.

Organizados

El sistema de distribución y comercialización

En las más de seis causas que se unificaron por este ilícito, hubo coincidencias sobre cuál era el mecanismo de venta de estupefacientes en el interior del penal de Villa Urquiza. Una vez ingresada al penal, los guardiacárceles o los detenidos, las habrían fraccionado en pequeños envoltorios (por ejemplo colocaban entre cuatro y cinco pastillas en un sobre) y se las entregaban a los reos para que las vendieran a sus compañeros de encierro. En la mayoría de las oportunidades, los reclusos sacaban “fiadas” las dosis a los vendedores que habrían trabajado para los hombres del Servicio Penitenciario. Los días de visita, cuando los internos recibían dinero por parte de sus familiares y cancelaban las deudas que tenían. Luego, los vendedores le entregaban la “recaudación” a los guardiacárceles que habrían estado al frente de la actividad ilícita.

El pago

Cómo lograban que los reos vendan drogas

De acuerdo a la investigación realizada por Camuña, los sospechados de integrar esta organización elegían a los internos para realizar según su situación procesal. Los favoritos habrían sido los que tenían largas condenas   por cumplir.  Los reclutaban ofreciéndoles pagar una comisión de la venta que hacían o mejorar sus informes de conducta para  poder obtener beneficios como salidas transitorias o reducción de penas. Los problemas surgían cuando dejaban de realizar ese trabajo. Según los testimonios, los habrían amenazado con complicar su situación y armarles causas con el fin de que permanezcan más tiempo detrás de las rejas. Los que denunciaron esta situación sufrieron todo tipo de represalias que incluían suspensión de las visitas de sus familiares, torturas y hasta la muerte misma como ocurrió con el reo Fernando Medina.

Homicidio

Una denuncia que nadie escuchó a tiempo

Fernando Medina, uno de los internos que denunció la venta de droga en el penal, fue enviado a la seccional 7a para que terminara de cumplir su condena por cuestiones de seguridad. Sin autorización judicial, fue llevado nuevamente el 19 de noviembre a Villa Urquiza. Al día siguiente de haber sido trasladado, comenzó a denunciar su situación y advirtiendo que su vida corría peligro. El 22 de noviembre, mientras su esposa esperaba ser atendida en el juzgado de Ejecución que conducía Roberto Guyot para que lo ayudara, personal del Servicio Penitenciario informaba que había sido asesinado en el patio de la unidad. La fiscala jubilada Adriana Giannoni investigó el caso y, además del autor, acusó a varios funcionarios del Servicio Penitenciario de la provincia por no haberlo protegido.

Testimonios

Cuando el miedo a ser asesinado fue más fuerte

La vida de un informante, en cualquier lugar del mundo, no vale ni un centavo en cualquier prisión del mundo y menos aún cuando sus autoridades son las acusadas de cometer irregularidades. Pero en nuestra provincia pasó algo diferente. El homicidio del interno Fernando Medina, animó a sus compañeros de encierro a contar lo que pasaba dentro del penal de Villa Urquiza. Lo mismo sucedió con los familiares de los detenidos y hasta el abogado Gustavo Morales. En total, fueron más de 20 las personas que dieron detalles de quiénes eran los integrantes y cómo funcionaba la organización. El fiscal federal Pablo Camuña utilizó gran parte de los testimonios para elaborar la hipótesis del caso y solicitar que sean citados a declarar.

Antecedentes

Un juicio polémico que terminó con una dura condena

En junio de 2020, el ex guardiacárcel Walter Antonio Vallejo fue condenado a 11 años de prisión por haber intentado ingresar drogas en el penal cuando se presentaba a trabajar en julio de 2017. En el debate se produjo una situación curiosa. Los defensores habían ofrecido a varios compañeros del acusado a que testificaran el debate. El fiscal federal Pablo Camuña, que estaba actuando como acusador en el juicio y teniendo en cuenta la buena fe procesal, pidió al tribunal que no los dejara declarar, ya que varios de ellos aparecían mencionados en las investigaciones que llevaba adelante y que sus palabras podrían incriminarlos. Los jueces le dieron la razón. Por otra parte, en junio de 2017, el enfermero de Villa Urquiza Miguel Ángel Herrera fue sentenciado a seis años de prisión por haber ingresado unas 6.000 pastillas de psicofármacos al penal.