05 Octubre 2022
Ayer continuaron los alegatos en el juicio oral por la causa Vialidad. En esta oportunidad continuaron los alegatos de la defensa del empresario Lázaro Báez, a cargo de su abogado, Juan Villanueva. Báez enfrenta un pedido de condena de 12 años de prisión por parte de la fiscalía en la causa en que se investiga si fue beneficiado con la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En la misma sintonía que el lunes, Villanueva aseguró que la fiscalía y los peritos oficiales no realizaron bien su trabajo. Ante el Tribunal Oral Federal 2 dijo que el estudio que concluyó que hubo sobreprecios y falta de capacidad de Austral estuvo mal hecho. Afirmó que los fiscales no acreditaron direccionamiento y que basaron su alegato en un informe de un empleado de Javier Iguacel que había sido rechazado como prueba por los propios jueces. “Las obras se hicieron, y se hicieron bien”, dijo Villanueva. Y advirtió que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ignoraron las dos auditorías encargadas por el propio Iguacel, una a técnicos de Vialidad Nacional y otra a una consultora privada, que concluyeron que no hubo irregularidad alguna.
“Los fiscales se tomaron 90 horas y no probaron ni un solo delito; exhibieron una ignorancia absoluta de lo que es la obra pública y, sobre todo, desplegaron una visión centralista, que no percibe nada de lo que ocurre del otro lado de la General Paz”, insistió Villanueva. Para redondear la apertura, presentó hasta el testimonio de Ricardo Stoddart, mano derecha del denunciante, el ultramacrista Javier Iguacel, que admitió que las obras en Santa Cruz son más caras por la distancia: “Nosotros lo vimos ahora cuando tuvimos que trasladar las maquinarias incautadas a Austral Construcciones”.
Pero luego el abogado exhibió elementos que hasta ahora no se conocían. Que buena parte de las obras cuestionadas fueron auditadas y aprobadas, no sólo por la auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad, ordenada por Iguacel, sino también por una consultora privada, Consulbaires, la Universidad Tecnológica Nacional, sede Avellaneda, y la Universidad Nacional de La Plata. “Es falso que no hubo control”, dijo. “La fiscalía miente cuando dice que el peritaje corrobora la acusación”, afirmó.
El defensor acusó a los peritos Pablo Eloy Bona y Roberto Panizza de hacer mal los cálculos que los llevaron a concluir que ACSA no tenía capacidad de contratación y que se basaron en una planilla de Excel aportada por el denunciante, sin haberla analizado. Al recordar un pasaje de la declaración de Panizza y Bona en el que reconocieron que había habido un error al transcribir un número o un error de tipeo, el defensor advirtió: “con este tipo de pruebas los fiscales están pidiendo más de 80 años de prisión para todos los imputados. Sobre esta vergüenza no se puede sostener una resolución judicial”.
El abogado de Báez habló de “falsos sobreprecios” que “inventaron” los peritos y advirtió que Iguacel les dio todo el material, que -aseguró- los profesionales no analizaron. “Bona y Panizza reprodujeron lo que les dio el denunciante, pero no chequearon nada. Inventaron. No produjeron nada científicamente válido para sostener la condena de personas”, afirmó.
En cuanto a las licitaciones el abogado detalló que la propia ley de Santa Cruz y el art. 18 de la ley nacional de obras públicas autorizan al Estado a adjudicar una obra cuando hay un solo oferente. “¿Entonces, para qué simularían licitaciones? ¿Qué ganaban las empresas que supuestamente se prestaban a eso?”, se preguntó. “Esta maniobra que se inventaron los fiscales no beneficia a nadie”, concluyó Villanueva. También dijo que el fiscal Mola mintió cuando habló de demoras injustificadas en las obras. “No pueden mentirnos así en la cara”, se quejó. Y habló de “tergiversación” y “malicia” por parte de los funcionarios del Ministerio Público.
Por el contrario, para Villanueva “confirma rotundamente” la prueba producida en el juicio que las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo son algo “normal” y no constituyen un “plan maquiavélico para beneficiar a Lázaro”. Explicó que los cambios en los proyectos de todo el país no son beneficiosos para los contratistas, sino al revés.
Culpa a Iguacel: “Responsable de obras inconclusas”
“Del sistema surgen todas las deudas que Vialidad tiene con (Lázaro) Báez y a esto llamaron limpiar todo en base a un mensaje de José López al presidente de Austral y era falso”, dijo el abogado. Señaló que las empresas de Báez “no ejecutaron más obras y que el único responsable de los 3.000 trabajadores que quedaron en la calle, de las obras inconclusas tiene un nombre: Javier Iguacel”. Acusó al ex director de Vialidad Nacional quien “rescindió los contratos cuando no tenía facultad para rescindir las obras, ahí tienen el perjuicio al Estado nacional”.
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